Desde la Concejalía de Juventud promovemos actividades para toda la gente joven de Aranda, este año en colaboración con @Eurofestival : concurso de bandas, conciertos, actividades en la calle, paellada gratuita y skape room al aire libre.
¡Animáos a participar!
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha registrado en el Congreso dos iniciativas que buscan arrojar luz a nivel parlamentario sobre el espionaje policial perpetrado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo órdenes del Ministerio del Interior del Gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy como presidente y con Jorge Fernández Díaz al frente de este departamento.
En primer lugar, Santiago reclama al Ministerio del Interior actual “todos los datos que obran en su poder sobre los diputados y diputadas espiados en las legislaturas XI y XII por parte de unidades policiales”, es decir, aquellos/as que fueron elegidos en las elecciones de diciembre de 2015, hasta la disolución de las cámaras en marzo de 2019, “con fechas del espionaje o seguimiento que se les realizaron”.
Lo hace por una triple vía. En primer lugar, la petición señalada va incluida en una pregunta parlamentaria escrita, que firma Santiago junto a Fèlix Alonso, también diputado de Izquierda Unida. El suyo es uno de los nombres que aparecen en las informaciones de los últimos días sobre este caso de espionaje político como miembro del grupo de parlamentarios catalanes encuadrados entonces en En Comú, dentro del primer grupo parlamentario de Unidos Podemos.
De igual manera, como portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago utiliza el formato de solicitud de informes y documentos que permite el Reglamento del Congreso para reclamar la “documentación obrante en el Ministerio del Interior sobre la operación de espionaje sobre Podemos-En Comú-En Marea y luego Unidos Podemos en las legislaturas XI y XII”.
Esta iniciativa parlamentaria se completa exigiendo la “relación de todos los diputados de Podemos-En Comú-En Marea y luego Unidos Podemos que fueron espiados, investigados o realizados seguimientos sobre sus actividades por parte de por parte de unidades policiales”, con “indicación expresa” de las “fechas en que se realizaron a cada uno las acciones de espionaje, investigación o seguimiento, así como con indicación de en qué consistió”.
En la primera de las iniciativas registradas, Enrique Santiago y Fèlix Alonso reclaman al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que dé cuenta por escrito sobre dos cuestiones que consideran fundamentales: “qué medidas disciplinarias va a tomar el Gobierno contra los funcionarios policiales implicados” y cuáles otras “para asegurarse de que no exista este tipo de espionaje a figuras electas en el futuro”.
En clave más política, interrogan también sobre “cómo valora el Gobierno las actuaciones del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy en lo relativo al espionaje de diputados del entonces grupo de Unidos Podemos” en las legislaturas mencionadas.
‘Policía pepera’ más que ‘policía patriótica’
Los dos diputados de Izquierda Unida ponen en contexto estos hechos tan graves y, al margen de otras denominaciones utilizadas en los medios, señalan que “esta operación de espionaje eminentemente delictiva no es más que otro ejemplo de otras llevadas a cabo por esa ‘policía pepera’, que hemos ido conociendo en los últimos años”. Mencionan la denominada ‘Operación Kitchen’, “operación que ha determinado la acusación por graves delitos contra la cúpula policial de entonces, incluido el ministro Fernández Díaz, causa judicial que se encuentra en espera de juicio por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”.
En cuanto al caso actual, indican que la misma Audiencia Nacional “tiene ya las pruebas del rastreo masivo que hicieron sin aval judicial los agentes de la también denominada ‘policía patriótica’ con cientos de consultas sobre líderes, diputados y diputadas como Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Félix Alonso, Íñigo Errejón, Pablo Bustinduy, Joan Mena”, entre muchos/as otros/as.
Indican que la operación “se enmarca dentro del interés de Francisco Martínez (por entonces número 2 de Interior) en buscar datos que dañaran la reputación de los diputados y diputadas electos de Podemos-En Comú-En Marea, y luego Unidos Podemos”.
Valoran que esa “operación policial, supuestamente ilegal, se desencadenó cuando el PP temía perder el Gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, por una posible alianza del PSOE y Unidos Podemos junto a otras fuerzas minoritarias con las que podrían sumar los 176 diputados necesarios. Para neutralizar esa posibilidad, desde el Ministerio del Interior se planificó una operación consistente en desacreditar a los diputados de Unidos Podemos mediante la búsqueda de algún elemento en sus vidas que pudiera ser motivo de reproche social”.
El programa Vacaciones en Paz revela lo mejor de nuestro país y el mundo: la solidaridad entre pueblos.
Hoy ha sido un orgullo dar la bienvenida por primera vez a estos niños y niñas saharauis en un edificio del Gobierno, un lugar que siempre tendrán abierto, el Ministerio de Juventud e Infancia.
Pero, ¿qué es VACACIONES EN PAZ?
Los niños y niñas saharauis viven desterrados en la frontera argelina. Lejos del mar. No pueden siquiera imaginar su brisa, sus peces, su azul, su majestuosidad… Viven en una tierra torturada, dolida, como sus frágiles cuerpecitos. En esos cuerpecitos donde abundan parásitos, por la contaminación del agua; porque no hay con qué sanearla.
Hay mucha falta de proteínas y vitaminas en su organismo porque dependen de la ayuda internacional, que llega a lento y cansino ritmo. A veces se deteriora por el clima y el transporte. Se consume en ocasiones caducada. Otras veces no llega. Y hasta se amenaza con cortarla.
Estudian con escaso material escolar. Aprenden árabe y español, porque el castellano representa un elemento más de identidad. En los campamentos de refugiados saharauis, los niños y niñas juegan mucho, aunque de juguetes sólo tienen residuos de latas made in ayuda humanitaria, para suplir su traviesa fantasía.
Ahí donde los niños y niñas saharauis sobreviven, no hay plantas, ni palomas. Pero hace años gracias a proyectos como «Vacaciones en Paz” han vuelto a ser palomas mensajeras entre distintas culturas.
El hermoso proyecto solidario VACACIONES EN PAZ surgió hace cuatro décadas. Los primeros niños que vinieron veían con los ojos enormes abiertos de admiración, cómo era posible que de un grifo en una pared saliera agua. Los había que querían llevárselos de regreso a casa convencidos de que el grifo era el que obraba el milagro. A los diez mil niños y niñas que vienen ahora cada verano a España, ya no les sorprenden cosas así, pero no han perdido la ilusión por descubrir otras nuevas. Las familias españolas de acogida temporal, dicen que cada verano es más lo que reciben de los niños saharauis que lo que ellas les dan.
Hoy se ha registrado la Proposición de Ley para la reforma del artículo 35 que garantice los derechos y la protección de la infancia. Un mecanismo de acogida para la infancia migrante de carácter vinculante y solidario para todos los territorios de nuestro país.
No podemos olvidarnos de situar en el centro de los derechos y la protección a la infancia, frente al relato deshumanizador que sufren los niños y las niñas migrantes. Los derechos de la infancia no pueden ser voluntarios.
La reforma del art. 35 es un primer paso. Necesitamos una estrategia de país para hacernos cargo de la infancia migrante.
No puede ser que el PP pida una estrategia de país y que cuando presentamos el punto para crear ese espacio de trabajo, voten en contra.
Por Carlos Medina, concejal de Izquierda Unida en Aranda de Duero
En Aranda de Duero, tras doce años de gobiernos municipales de una derecha variopinta, pero cada vez más desnortada y conservadora, los resultados de las pasadas elecciones municipales nos dieron la oportunidad a nuestra coalición electoral de posibilitar un cambio.
En el contexto actual sólo las coaliciones entre diferentes pueden posibilitar gobiernos alternativos a los acordados por la derecha y la extrema derecha. El grado de implicación que desde las fuerzas de izquierdas demostremos con estas coaliciones es una cuestión de oportunidad política, pero también de responsabilidad democrática.
Esto se tradujo en un acuerdo de gobierno, respaldado de forma mayoritaria por las personas afiliadas tanto de Podemos como de Izquierda Unida. Este acuerdo nos llevó a incorporarnos a un gobierno que definimos como de coalición en minoría, de unidad y con vocación de cambio.
De coalición, porque estamos presentes distintas organizaciones. De unidad, porque participamos individuos y organizaciones con enormes diferencias ideológicas, pero con diálogo y el objetivo común de mejorar la ciudad. De minoría, porque de manera excepcional en la historia de Aranda, ni el PP ni el PSOE han querido (o sabido o podido) formar parte del gobierno. No sólo eso, durante la mayor parte del último año hemos visto con claridad una pinza tácita que impedía lograr avances en el trabajo municipal.
Somos un gobierno con vocación de cambio, claramente recogida en el acuerdo de gobierno. Pero a día de hoy estamos muy lejos de alcanzar los objetivos propuestos. Si bien los presupuestos han supuesto un primer paso hacia una gestión propia que cumpla con lo pactado, afrontamos una situación de relativa parálisis por el bloqueo político, la abundancia de incidencias y los males internos de nuestra administración local. La situación del Ayuntamiento y de Aranda de Duero cuando llegamos era lo bastante mala como para que conseguir lo básico resulte revolucionario.
Pero eso no ha impedido el desarrollar una dinámica transversal y constructiva dentro del gobierno, tanto en términos de colaboración como de trabajo. En el día a día, la relación d trabajo es buena y fluida. Además consideramos que el mantener la crítica a la interna del equipo de gobierno, ser claros en los desacuerdos entre organizaciones y mantener una relación de lealtad hacia los socios y los acuerdos alcanzados son elementos claves para consolidar nuestro papel en la coalición e impulsar nuestro programa.
Somos muy conscientes de que gobernar implica asumir contradicciones. Es necesario valorar mucho cada avance que consigamos. Contamos con dos concejales de izquierdas en un pleno de veintiuno. Pero pese a ello la izquierda arandina somos izquierda de gobierno.
Trabajaremos con humildad pero con la cabeza bien alta y si complejos. Desmarcándonos con serenidad y criterio propio cuando lo estimemos conveniente pero sin generar ruido innecesario: la población quiere soluciones, no que llevemos razón cada minuto. Defenderemos nuestras posiciones políticas con lealtad y paciencia para acometer la tarea necesaria de cambiar Aranda de Duero a mejor.
Desde Izquierda Unida trasladamos nuestra más sincera enhorabuena a las compañeras y compañeros del Nuevo Frente Popular ante los resultados obtenidos en las elecciones legislativas de Francia. El Nuevo Frente Popular se sitúa como primera fuerza en la Asamblea Nacional después de una campaña construida desde la unidad y la articulación de un programa valiente. Queremos destacar la importancia que ha tenido para estos resultados la puesta en marcha de un proceso que consiguió, en un breve lapso de tiempo pero con urgencia, aunar a todas las fuerzas del campo progresista y construir así la alternativa a la extrema derecha y al neoliberalismo de Macron.
Desde Izquierda Unida trasladamos nuestra más sincera enhorabuena a las compañeras y compañeros del Nuevo Frente Popular ante los resultados obtenidos en las elecciones legislativas de Francia. El Nuevo Frente Popular se sitúa como primera fuerza en la Asamblea Nacional después de una campaña construida desde la unidad y la articulación de un programa valiente. Queremos destacar la importancia que ha tenido para estos resultados la puesta en marcha de un proceso que consiguió, en un breve lapso de tiempo pero con urgencia, aunar a todas las fuerzas del campo progresista y construir así la alternativa a la extrema derecha y al neoliberalismo de Macron.Francia ha vivido importantes movilizaciones populares en los últimos años que sin duda alguna han impulsado la creación del Nuevo Frente Popular y han posibilitado la capilaridad de una campaña en la que la militancia de todas las organizaciones políticas que conforman la coalición han tenido su voz y su espacio. El programa del Nuevo Frente Popular recoge luchas fundamentales que tienen su reflejo en nuestro país y que han sido capaces de movilizar a la ciudadanía progresista y demócrata, como son la subida del salario mínimo a los 1.600 euros, el bloqueo de los precios de productos básicos, la reforma del sistema fiscal para garantizar la progresividad, o la bajada gradual de la edad de jubilación hasta los 60 años.
La derrota de la extrema derecha es un hito importante que frena la tendencia europea en un país fundamental para la política del continente como es Francia. Pese a ello, es importante seguir articulando estrategias contra el auge ininterrumpido de votos del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, que pese a la derrota logra un nuevo máximo histórico con un 34% de los votos. Además, ha conseguido fagocitar a la derecha tradicional que representan Los Republicanos después de que estos articularan un discurso y una propuesta prácticamente indistinguible de la extrema derecha. La aproximación de la derecha tradicional a la extrema derecha es una dinámica que se está dando en todo el continente y cuya primera consecuencia es la entrega a las fuerzas reaccionarias de la capacidad de imponer su agenda.
La propuesta neoliberal que representa la coalición de apoyo al presidente Macron también ha salido derrotada de estas elecciones, dejándose 86 escaños. Es por ello que Francia debe tener un gobierno liderado por una primera ministra o primer ministro del Nuevo Frente Popular. La voluntad del pueblo francés se ha expresado claramente rechazando la llegada al poder de la extrema derecha, pero también la continuidad de un proyecto que ha posibilitado sus resultados históricos asumiendo una parte importante de su discurso en temas tan fundamentales como la inmigración. En cambio, un gobierno liderado por el Nuevo Frente Popular y con el conjunto de sus actores es hoy una oportunidad única para parar a la extrema derecha y demostrar que es posible poner en marcha una política en favor de las clases populares francesas. No se trata solo de contener a la reacción sino de cortar de raíz las causas que la empujan.
Estos resultados de la izquierda francesa amplían la posibilidad de que la excepción española de un gobierno progresista se extienda. Debemos trabajar de manera conjunta para propiciar un cambio en la correlación de fuerzas existente a nivel europeo. El ejemplo del Nuevo Frente Popular apunta a la necesaria articulación de un proyecto progresista, con las características de cada país, desde el que las fuerzas transformadoras podemos plantear una agenda de ampliación de derechos que sea capaz de derrotar los marcos a través de los que se está imponiendo la extrema derecha.
COMISIÓN COLEGIADA FEDERAL DE IZQUIERDA
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'Informe Político' de la Coordinadora Federal del pasado 6 de julio, que fue aprobado por 113 votos (84%) a favor, 1 voto en contra (1%), y 20 votos abstenciones (15%)
Este primer informe a la Coordinadora Federal de Izquierda Unida, surgida de la XIII ASAMBLEA, se presenta en una semana donde en seis días se han producido seis asesinatos machistas, y tres más por confirmar. Una tragedia que sigue, que no se detiene y nos interpela como sociedad para combatir las violencias contra las mujeres.
La Asamblea culminó el pasado 19 de mayo tras meses de debates democráticos entre la militancia, a la que agradecemos una vez más el esfuerzo colectivo para sacar adelante nuestro proyecto común en una coyuntura compleja en el mundo desde el punto de vista político, social, económico y cultural. Dimos un ejemplo de cómo debatir de modo fraternal y sororal, proceder a la legítima elección de los diferentes proyectos políticos de dirección y que esto, lejos de convertirse en riesgo para la organización, haya sido un estímulo para su activación, demostración social de su vigencia y de cómo participar en política. Fue un proceso ejemplar a cuyo éxito contribuyeron las diferentes candidaturas presentadas, a quienes agradezco su talante y talento en el proceso ya acabado. Nos damos, pues, la bienvenida y nos deseamos un trabajo colaborativo, dialéctico, cohesionado y leal. Es tiempo nuevo y de nueva síntesis: la surgida de la soberanía de nuestra organización, con voluntad de integración, empuje desde todos los carriles de la pluralidad y claridad en la hoja de ruta. Damos, pues marcha a un nuevo momento para Izquierda Unida, en el que tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias y de los retos que afrontamos.
Ya hemos dicho que somos una fuerza previsible, porque la gente sabe de manera intuitiva dónde estamos y de dónde venimos y eso, en estos tiempos de incertidumbre e inseguridad en la clase trabajadora, nos hace relevantes para darle seguridad y certidumbre. De nuestro trabajo colectivo dependerá ser una fuerza que ayude y sea útil a quienes representamos. Desde la búsqueda del rigor en los planteamientos y la aversión a las prisas como forma de hacer política: apelando a la calma y reflexión, y resolviendo en la acción del día a día; a un nuevo marco de sentido común en la izquierda, que dé credibilidad y reivindique una cultura y valores políticos que deben ser elevados en la primera línea del debate social. Para ello la coherencia y la ejemplaridad como motor de confianza con la sociedad debe insertarse en nuestro día a día. Lo que representamos adquiere, pues, un protagonismo del que debemos ser conscientes en el trabajo que nos queda por realizar. Cómo lo hagamos nos concederá credibilidad o nos la quitará.
La dimensión federal y el proyecto de país que representamos nos hace asumir una responsabilidad para seguir construyendo proyectos transformadores y ser parte de una visión del mundo que no solo opone resistencia a la ola reaccionaria que sacude Europa occidental y otras partes del mundo, sino que eleva una alternativa de Estado, de gobierno y de sociedad como espejo de esperanza frente al miedo a la ultraderecha. Nada es irreversible. Están en disputa las condiciones materiales de vida, pero también una visión del mundo que corre peligro: sin caer en el derrotismo, tendencia estéril e irrelevante en política, y con ganas de lucha y de disputa civilizatoria para defender la democracia en la que creemos y unos derechos conquistados seriamente amenazados en su propia existencia.
1. Europa tras las elecciones europeas El pasado 9 de junio de 2024 tuvieron lugar las elecciones al Parlamento Europeo para el periodo 2024-2029. A pesar de que las fuerzas que llevan gobernando la Unión Europea (UE) los últimos años -el tripartito formado por conservadores (PPE), socialdemócratas (S&D) y liberales (RENEW)- han conseguido mantener la mayoría en la Eurocámara, el resultado general de las elecciones arroja una consolidación y auge de los partidos de extrema derecha y neofascistas.
En estados miembros centrales de la UE, como Francia, Italia, Austria y Hungría, estas fuerzas de carácter reaccionario han conseguido imponerse como la primera fuerza política del país, mientras que en países como Alemania, Países Bajos, Polonia o Bélgica las fuerzas de extrema derecha han quedado en segunda posición, dejando clara una peligrosa tendencia al alza. En los países nórdicos, principalmente Finlandia y en menor medida en Suecia y Dinamarca, las fuerzas de extrema derecha se han estancado o retrocedido, frente al avance de la izquierda y las fuerzas socialdemócratas.
En el espacio del grupo The Left, cabe destacar el debilitamiento de las fuerzas más cercanas a Izquierda Unida, ya sean tanto con las que compartimos partido político europeo (PIE) como Die Linke, Bloco de Esquerda o Syriza, como con las que hemos mantenido trabajo, vínculos y posiciones políticas de camaradería en el seno del grupo parlamentario, como el Partido Comunista Portugués (PCP), el Partido Progresista del Pueblo Obrero de Chipre (AKEL) o los independientes de “Irlandeses por el Cambio” (I4C: Mick Wallace y Clare Daly).
El resultado en nuestro país no escapa de esta lógica. En la legislatura que está acabando, las fuerzas a la izquierda de la socialdemocracia llegaron a aportar a The Left 6 eurodiputados (5 de la coalición UP y 1 de BILDU) frente a los 4 para la legislatura 2024-2029:2 de Podemos, 1 de Sumar y 1 de BILDU.
La excepción a este escenario ha sido el buen resultado del Partido de los Trabajadores de Bélgica (PTB), de la Francia Insumisa (FI), del Sin Feinn (SF), la consolidación de Bildu y, sobre todo, el crecimiento de la Izquierda en Finlandia (VAS) y Suecia (V), así como de la Sinistra Italiana.
El crecimiento de la extrema derecha es una tendencia continuada que permitirá la conformación de mayorías con la derecha tradicional en temas clave. Y esto es lo más preocupante: la extrema derecha ha sido capaz de imponer sus marcos a nivel europeo y español con políticas migratorias inhumanas, control militarizado de las fronteras o violencia contra migrantes en terceros países de nuestro entorno, y con una agenda europea negacionista y retardista de la crisis ecosocial, y con marcos en el sector agrícola y ganadero que, lejos de atajar el problema de raíz -el injusto reparto del precio de los productos en la cadena de valor-, busca enriquecer a las grandes distribuidoras a costa de nuestros ecosistemas, nuestros recursos y nuestra salud.
En el reparto de la Gran Coalición, el Partido Popular Europeo ostentaría la presidencia de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, los socialdemócratas tendrían la presidencia del Consejo y los liberales se quedarían con la Alta Representante de Política Exterior de la UE en la figura de la antigua primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, con un discurso belicista instalado de facto en la extrema derecha. Con Kallas y con la continuidad de Von der Leyen al frente de la Comisión, no habrá ningún contrapeso a las políticas más belicistas de la UE y la complicidad con el genocidio israelí contra el pueblo palestino. Se construye un modelo sobre el belicismo y, preocupante para España, sobre el retorno de la austeridad: normas de limitación del gasto público (de las que se excluye sin embargo a la industria armamentística) que pueden volver a tener un efecto muy grave sobre nuestro país y sus servicios públicos y a los que habrá que dar una respuesta articulada desde nuestra organización en alianzas con los agentes sociales y otros sujetos políticos. Una de las primeras consecuencias de los resultados de las elecciones europeas ha sido el adelanto de las elecciones legislativas en Francia, cuya segunda vuelta el 7 de julio será determinante para conocer el alcance del avance reaccionario. La unidad de las fuerzas progresistas en el último momento, motivada por la urgencia, apunta en la dirección de estar a la altura del momento histórico y debe servir de ejemplo para la construcción de diques de contención, pero son necesarias alternativas construidas de manera planificada y metódica, con tiempo. Aunque el pacto republicano, por el cual se retira el tercero para maximizar las posibilidades de bloqueo a la extrema derecha, se ha plasmado en más de 200 circunscripciones, está por ver que los votantes de los partidos centristas o de derecha democrática cumplan como han demostrado hacerlo los del campo de la izquierda.
La importantísima victoria laborista en el Reino Unido, por otro lado, responde a una reacción a la perenne hegemonía conservadora en la isla y las desastrosas consecuencias del Brexit, aun con un corrimiento del ya por sí reaccionario votante conservador a la extrema derecha, que crece. El resultado, no obstante, es positivo sin duda alguna como signo de disputa de los tiempos que vienen y de que todo está por ver.
Valoración de los resultados en España Los resultados de la coalición Sumar, incluidos el proceso de construcción de la candidatura y la campaña electoral, han sido malos sin matices. Mientras otras fuerzas diseñaban con tiempo campaña, marcos de debate y proyección de candidatas, en la coalición se extendieron las negociaciones hasta los últimos días y lo fue sin consenso entre las fuerzas. Esta organización fue testigo -y víctima- de estos debates tardíos, con vetos y condicionamientos e imposiciones unilaterales de puestos en lista y no proporcionales a la entidad de cada organización. Izquierda Unida se sintió relegada, asumió por los tiempos la responsabilidad de no fragmentar más la oferta electoral, y los resultados arrojan que es la fuerza que paga los platos rotos que han propiciado otros: por primera vez en nuestra historia nos encontramos sin ninguna representante en el Parlamento Europeo.
A pesar de ello, es necesario agradecer la campaña electoral que se ha hecho desde buena parte de nuestra organización, a pesar de la complicada situación interna de IU (en pleno proceso asambleario) y del desgaste que supuso la malograda configuración de la lista. Pero hubo una implicación muy desigual, con zonas de mínima movilización en las tareas de campaña o directamente sin hacer. A la espera de la reflexión en este órgano y de las ya hechas en el Balance de campaña, el reforzamiento de la organicidad en términos de cultura política debe tenerse en cuenta para el cumplimiento de los acuerdos que se adoptan aun desde la comprensión por el desacuerdo con la situación que se dio en todo este proceso. El principal problema de campaña es la posición política que definía Sumar: era difícil acertar con ella desde el electorado de izquierda, que asistía a una campaña errática, que se movió del activo de participar en el gobierno a la disputa con el PSOE en la última semana. Los resultados, paupérrimos en Cataluña, deben llevarnos a reflexionar sobre el trabajo de recuperación de las clases populares con un proyecto que sienta que les representa. Izquierda Unida, finalmente, debe tener presencia en el Parlamento Europeo en las formas que se articulen y acuerden, participando en el staff del grupo, de modo se que garantice la implicación en términos políticos desde el hilo rojo de lo que representamos.
Nuestros retos en la nueva etapa. Debemos resolver este aldabonazo, precedido por los resultados de Galicia, País Vasco y Cataluña, para construir un espacio de colaboración que venga desde las alianzas sociales realmente existentes, fortalezca los lazos de trabajo de las diversas militantes y personas no adscritas, y consolide con método democrático el funcionamiento de un grupo parlamentario que ensanche legislativamente derechos a la sociedad. Parafraseando a Antonio Gramsci el monstruo ya está aquí. Se suele leer la frase de Gramsci como una advertencia (la llegada del fascismo), pero es mejor leerla como una apelación. Una apelación para vencerles, para que no ocurra y para que lo nuevo acabe de nacer. La reflexión es pertinente porque nos apela a construir un sujeto político útil con la emergencia de frenar la barbarie. En pocas palabras, la gravedad de lo que ocurre nos interpela de forma histórica a no seguir cometiendo errores y no gastar más tiempo en irrelevancias palaciegas frente a la urgencia de la situación. No estamos para tonterías. El contexto en España es complejo como en el resto de Europa, pero, como decíamos antes, no estamos en el peor de los escenarios comparativamente, sino más bien con una responsabilidad sobrevenida de ser espejo contrahegemónico a los valores reaccionarios que se han abierto paso en bastantes gobiernos de países europeos.
2. Balance y perspectivas al cierre del actual curso político Hay multitud de tareas que nos atraviesan como organización y en las que no dejamos de estar presentes e intervenir: la defensa de la memoria democrática frente a quienes la combaten derogando los avances legislativos; la reivindicación de la cultura popular como uno de los frentes principales en la disputa en la que nos encontramos, y el cuidado del patrimonio cultural como parte del proyecto de país que defendemos; o la ambición en ampliar influencia y presencia en el mundo rural, disputando la supuesta hegemonía de fuerzas de la derecha, y la lucha contra el negacionismo climático.
Somos un proyecto de paz, y la Declaración de la Asociación Patrice Lumumba para la celebración del próximo 21 de septiembre como un día mundial de movilización popular por la paz nos interpela e implica como a otras organizaciones hermanas de Europa y América latina. El próximo otoño la defensa del modelo público de sanidad y educación, la defensa de la creación frente a la censura, o nuevas movilizaciones republicanas como la exitosa del pasado 16 de junio caracterizarán nuestro trabajo en la calle, espacio de intervención permanente desde nuestra organización. Sin duda la amplia participación en la movilización por la República muestra la vigencia de su reivindicación y la transversalidad del republicanismo como pegamento articulado de múltiples organizaciones de toda naturaleza.
Teniendo en cuenta la limitación del informe destacamos algunos otros aspectos:
Empleo y vivienda. Contradicciones y desafíos Nuestro país crece económicamente con la aplicación de unas recetas que intentan, aunque sea parcialmente, no dejar gente atrás, a diferencia de lo aplicado en la crisis anterior. España está experimentando un crecimiento económico gracias a estas políticas, a diferencia de la crisis anterior. La Comisión Europea ha advertido a España sobre la necesidad de mantener el control del gasto público. En 2023, recomendó que el techo de gasto no superara un incremento del 2,6%, pero se prevé un aumento del 3,8%. Además, la deuda se estima en un 105,5% del PIB, con un objetivo de reducirla al 104,8% para 2025. A pesar de estas advertencias, las políticas sociales han demostrado ser compatibles con el crecimiento económico y la estabilidad fiscal. España ha alcanzado un récord histórico de 21,4 millones de afiliados a la Seguridad Social, con más de 850.000 empleos nuevos creados en el último año, muchos en sectores de alto valor añadido.
La reducción del desempleo y el aumento de los contratos indefinidos son logros significativos. Por otra parte, los salarios han aumentado desde que se desalojó al PP del gobierno central, reflejando mejoras laborales como el aumento del SMI y la reforma laboral. Sin embargo, estos incrementos no han sido suficientes para compensar la subida de precios y otros costes vitales ni para hacer desaparecer la pobreza salarial. El salario medio bruto anual es de 25.165 euros, pero el más frecuente es de 18.480 euros, lo que dificulta el acceso a una vivienda asequible. El gasto en vivienda no debería superar el 30% del salario, pero los españoles dedican en promedio el 40% de su renta al alquiler, uno de los porcentajes más altos de la UE. Las mejoras salariales son engullidas por los gastos en vivienda de alquiler o hipotecarios. Además, España tiene solo un 1,6% de viviendas de propiedad pública para alquiler social, muy por debajo del promedio europeo del 7,5%.
Para romper con ese desequilibrio, el Gobierno Central debe legislar y regular en su ámbito de competencias (Ley del suelo y rehabilitación, Ley de arrendamientos urbanos, etc.), así como impulsar directamente actuaciones en materia de vivienda social, junto con un ambicioso Plan de Vivienda, Alquiler y Rehabilitación. Proponemos cuadruplicar el esfuerzo presupuestario en los próximos doce años para mantener un esfuerzo sostenido del 2% del PIB, beneficiando a 2,8 millones de familias directamente y a la población en general. Si se habla de vivienda se habla de pisos turísticos, y las consecuencias prácticas en disminución de parque disponible para uso prioritario: la vivienda habitual. Desde nuestra concepción de esta como derecho humano, la expansión de los pisos turísticos están afectando gravemente al modelo convivencial y comunitario de ciudad.
Movilizaciones en Canarias, Baleares o la más reciente de Málaga o Barcelona, multitudinarias todas, abren un punto de inflexión en el debate integral de vivienda que debe seguir siendo profundizado. Algo profundo se está moviendo en las conciencias de amplios sectores que debe seguir siendo potenciado, atendido y articulado. El desistimiento del vínculo de comunidad debe recuperarse recuperando las viviendas en los centros de las ciudades.
Financiación autonómica y local En todo este contexto es crucial un nuevo modelo de financiación autonómica y local. Las transferencias de la administración central financian servicios, garantizados también con la fiscalidad autonómica, evitando prácticas de competencia fiscal. La sanidad o educación, los servicios sociales deben tener financiación pública que evite el roto consciente que llevan a cabo los gobiernos del PP en las CC.AA. Deterioro planificado en los servicios para una transferencia de recursos, públicos, a la privada, que este modelo debe evitar.
Izquierda Unida tiene una propuesta de modelo federal de financiación, desde los principios de suficiencia financiera, nivelación de servicios, solidaridad entre territorios, condicionalidad y corresponsabilidad fiscal. Este último concepto es fundamental para abordar con lealtad un acuerdo de largo recorrido. Las transferencias de la administración central deben servir para financiar servicios, y estos deben garantizarse también con la propia fiscalidad autonómica. No es admisible que los gobiernos autonómicos aprovechen las transferencias recibidas (36.000 millones de euros) para practicar el dumping fiscal o vaciar las arcas propias de los impuestos y tasas autonómicas. No hay financiación leal sin corresponsabilidad fiscal y deberá ser un eje determinante para un nuevo acuerdo. Se soslaya el abordaje de la financiación local que desde una fuerza municipalista como Izquierda Unida debe impulsarse sin más demora: no es sostenible el mantenimiento de servicios públicos desde los ayuntamientos sin un acuerdo que garantice la suficiencia financiera de los mismos. Por consiguiente, vamos a introducir este debate territorial en toda su dimensión, que dé seguridad a lo que son otras partes de este Estado compuesto en el que nos constituimos.
La renovación del poder judicial Otro de los grandes temas que están marcando este final de curso político es el del pacto bipartito entre PP y PSOE para la renovación del poder judicial. Este acuerdo es estrictamente una buena noticia si atendemos al cumplimiento de un deber constitucional y el fin de una anomalía en el funcionamiento de las instituciones: el del secuestro del gobierno de los jueces por el PP desde hace 5 años, 7 meses y dos días. Este secuestro ha dañado el servicio de la justicia, a sus trabajadores y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones de alimentos. El acuerdo blindado de ambos partidos sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no nos vincula, se queda en reforma limitada y no profundiza en las reformas estructurales de la Justicia en España. El debate que se aborda en este mes de julio debe ser también expresión de una oportunidad perdida, la de integrar en los consensos de un poder del Estado al bloque de investidura cuya mera composición es un reflejo de país que disputa la hegemonía conservadora en esas instituciones. Democratizar el país es democratizar la justicia y abordar como actuación preferente la derogación del articulado más represivo del Código Penal y de la Ley mordaza.
La atención a la infancia migrante y el debate deshumanizado desde la derecha En estos días se ha conseguido desde el Ministerio de Infancia y Juventud que se hable de la infancia migrante. Ya desde marzo se llevó una propuesta para un posible traslado de 470 niñas y niños desde las Islas Canarias, y 100 desde Ceuta con el fin de darles atención, protección y manutención durante un año. Esta propuesta fue rechazada por gran parte de las CC.AA por lo que se está trabajando en una nueva para la próxima comisión sectorial que se celebrará en Canarias. Hay, pues, que trabajar desde el ámbito institucional, con todas las alianzas posibles, y también debemos trabajar para movilizar no solo a la sociedad civil o las entidades sociales, sino al conjunto de la organización en un asunto de absoluta centralidad política como expresión de la crudeza de las posturas de la derecha y la ultraderecha. En el nuevo curso político abordaremos en colaboración con el Ministerio una jornada de debate integrada, para conocer las líneas estratégicas, acción de gobierno y difusión del trabajo desarrollado, como mejor modo de interpelación a dicha movilización. La propuesta reciente del PP, siguiendo a VOX, de usar los buques de la Armada para interceptar cayucos es una deriva más de la deshumanización del debate sobre migraciones que puede ser antesala y justificación de medidas más crueles. Una vez se deshumaniza el objeto de las políticas, se legitima todo lo demás y en ese camino trágico va andando también la derecha de nuestro país.
3. Una izquierda unida y en el movimiento político social: un necesario reencuentro Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que somos y de lo que hemos conseguido. España es hoy una excepción, junto a Eslovenia, con gobiernos de coalición progresistas. Llegar aquí no fue fácil; lo logramos tejiendo alianzas, disputando espacios, cediendo y muchas veces confrontando. Sin embargo, conseguimos un gobierno en el que la participación de Unidas Podemos primero, y Sumar después, ha logrado avances. Aunque estos sean insuficientes a los ojos de nuestra ideología, son imprescindibles en tiempos de irracionalidad fascista. Defendamos lo conseguido como base para seguir ampliando derechos, sabiendo que el camino no ha sido ni será fácil.
Nunca compartimos la visión populista centrada en los hiperliderazgos y los significantes vacíos, ni la tesis del núcleo irradiador. Sabemos que los líderes pasan, pero la organización queda. Por eso resurgimos con fuerza en momentos de crisis, porque tenemos organización, desde lo local hasta lo sindical, desde lo ideológico hasta el activismo de nuestra militancia y simpatizantes. La reconstrucción o construcción del espacio de la izquierda en nuestro país debe y puede contar con Izquierda Unida en su arquitectura. Esa es nuestra tarea pendiente. Con calma, humildad y mucha constancia, podemos trabajar hasta las próximas citas electorales en búsqueda de un necesario reencuentro y reconciliación. Aunque asumimos las dificultades, en lugar de ceder a tentaciones centrífugas, desde IU aportamos bases de colaboración y trabajo fraternal, basándonos en la horizontalidad y el respeto mutuo. Izquierda Unida propone métodos democráticos para la toma de decisiones, porque es el mejor camino para la búsqueda de acuerdos. Y desde la interlocución directa con la sociedad como base de su fortalecimiento. La pluralidad de nuestro espacio tiene un eje transversal: el republicanismo. Soberanistas, confederales, federalistas, verdes, rojos o violeta, coincidimos en una visión republicana de la sociedad y del Estado. Es tiempo de trabajo colectivo, humilde, afrontando las dificultades con solidaridad entre quienes defendemos valores seriamente amenazados, siempre recordando que estamos aquí para el pueblo trabajador que nos necesita como instrumento útil para mejorar su vida.
En este empeño, para Izquierda Unida es fundamental fortalecer las alianzas sociales como condición para conformar las político-electorales. La construcción de un espacio de izquierda reconocible y el avance de derechos dependen de la movilización y el conflicto social, no solo de la aritmética parlamentaria. Las movilizaciones de los últimos meses en defensa del pueblo palestino han sido esenciales para el reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno español, algo que no habría sucedido sin la participación de nuestra organización y nuestras alianzas. La movilización como instrumento para nuevas hegemonías Este año llegamos al Orgullo LGTBIQA+ con una certeza: si tienen oportunidad, las fuerzas reaccionarias atacarán y recortarán los derechos de las personas LGTBIQA+.
Hemos visto cómo la derecha y la extrema derecha, tanto en nuestro país como en Europa y a nivel global, han incorporado crecientemente discursos de odio y negación de la diversidad. En diciembre pasado se aprobó en la Comunidad de Madrid una reforma de la Ley LGTBI autonómica que recortó derechos por primera vez, patologizando a las personas trans, especialmente a los menores, y permitiendo las mal llamadas “terapias de conversión”, auténticas formas de tortura.
La movilización popular y nuestro trabajo en el Gobierno han paralizado la aplicación de esta norma, pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el mensaje de la derecha es claro: los derechos no se pueden dar por conquistados y las personas LGTBIQA+ serán uno de los primeros grupos atacados por una agenda reaccionaria. Se confunde quien crea que esto solo afecta a personas del colectivo y no tendrá consecuencias profundas para toda la sociedad. El movimiento LGTBIQA+, como el feminismo, ha demostrado ser una de las fuerzas sociales con mayor capacidad de organización y movilización en nuestro país. Este año las diversas manifestaciones del Orgullo por todo el país vuelven a ser un hito importante. La posición de Izquierda Unida y de toda la izquierda ante las amenazas de involución, el incremento de agresiones físicas y posibles retrocesos legales no puede ser reactiva. Todavía queda un largo camino hacia la verdadera igualdad y es fundamental desplegar una agenda de ampliación de derechos.
Nuestra estrategia para vencer a la extrema derecha debe incluir una defensa clara de la expansión de derechos. En este sentido, es positivo el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo, que convierte a España en el primer país de Europa en regular y garantizar los derechos de las personas LGTBIQA+ en el ámbito laboral. Sin embargo, debemos seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas no binarias, en la inclusión de contenido LGTBIQA+ en los currículos escolares y en políticas públicas contra los delitos de odio, entre otras. No debemos olvidar la violencia, especialmente contra personas migrantes LGBIQA+, que se ha producido con agresiones casi diarias en este último mes.
De manera complementaria, frente al discurso autoritario que propone seguridad militar y policial, la izquierda debe promover la seguridad humana, dando confianza a la clase trabajadora desde una perspectiva de progreso y de no dejar a nadie atrás. Esto implica tomar la iniciativa política y social para, entre otras cosas, garantizar políticas sociales y de cuidados, defender y fortalecer el sector público, promover un desarrollo industrial que garantice el empleo de calidad y el respeto al medio ambiente, continuar con la subida del salario mínimo y frenar la precariedad, reducir la jornada laboral sin reducción de salarios, y llevar a cabo reformas fiscales y tributarias para aumentar los impuestos a los mayores ingresos y a las empresas con mayores ganancias, reduciéndolos a quienes menos ingresan (la mayor parte de las rentas del trabajo y pequeños autónomos). Además, es fundamental luchar por la paz y movilizar a las mayorías sociales, recordando que las guerras siempre las pierden los pueblos y las ganan las oligarquías. Hablar de seguridad humana es, en clave feminista, hablar de los enclaves seguros que frente al sálvese quien pueda garantice los cuidados; y frente a los recortes, la defensa de lo público; frente al individualismo, el concepto de comunidad. Se hacen necesarios discursos feministas que pongan el acento en la seguridad humana para las mujeres y también para las migrantes, las trans, las desterradas… las periferias.
Es tiempo de militancia activa no solo en organizaciones políticas, sino en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en las conversaciones sociales, familiares y educativas. Es por ello por lo que en Izquierda Unida participamos, pero también nos ponemos a disposición, de las diferentes movilizaciones en defensa de la educación y la sanidad públicas; la paz, reforzando la solidaridad con Palestina; el fortalecimiento del movimiento feminista; el derecho a la vivienda; la reducción de la jornada de trabajo; la reforma fiscal progresiva; las luchas ecologistas y por el territorio; y otras que surjan desde el arraigo social. En la actual coyuntura, Izquierda Unida debe fortalecer sus alianzas tanto para frenar el avance del neofascismo entre la clase trabajadora como para fortalecer nuestra posición entre las organizaciones de izquierda. Debemos hacer de la defensa de la democracia como poder del pueblo un deber militante, interpelando a la sociedad a unirse contra aquellos que intentan limitarla y directamente destruirla. Proponemos, pues, una Convocatoria por la Democracia para el próximo otoño a fin de contribuir desde nuestra organización a la defensa de la democracia, una convención que sirva de encuentro con la sociedad y de espacio de análisis para abordar la involución política y democrática en nuestro país y los agentes que la empujan, el impulso de gobierno progresista, y el papel de la izquierda estatal y europea. También en otoño abordaremos el mandato asambleario sobre la política de alianzas. El acuerdo establece que “la XIII Asamblea Federal de Izquierda Unida acuerda mandatar a la Coordinadora Federal elegida para convocar y organizar un debate monográfico para desarrollar y concretar nuestra propuesta de frente amplio y nuestra política de alianzas en general. Este debate deberá hacerse con la máxima participación en todo el Estado de abajo arriba, comenzando el proceso en otoño de 2024”. A este empeño nos dedicaremos con los órganos y equipos de dirección constituidos: conscientes del momento, sabedores de las dificultades, pero con la fuerza y el ánimo que nos caracteriza en la lucha por un mundo mejor. Para eso nos juntamos: para ser útiles y para que siempre la esperanza venza al miedo.
COORDINADORA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
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Este 10 de julio se ha desarrollado la asamblea conjunta Izquierda Unida - Podemos para dar cuenta y hacer balance de los temas tratados en lo que va de legislatura. La rendición de cuentas se ha desarrollado esta tarde durante la reunión con carácter extraordinario mantenida en la sede de los sindicatos junto a un importante debate en el que han participado l@s asistentes.
Durante el turno de palabra se ha constado el convencimiento de IU ARANDA DE DUERO para mantaner esta forma de comunicación hacia la militancia y mejorar las explicaciones a la ciudadanía sobre los principales puntos de nuestro programa electoral conjunto.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha dejado claro que si los gobiernos autonómicos, especialmente en las comunidades donde está al frente la derecha del Partido Popular en solitario o junto a la ultraderecha de Vox, no aceptan un “acuerdo consensuado de distribución de menores por todo el territorio, habrá que modificar la ley, eso está clarísimo; modificarla porque si la solidaridad no se puede construir voluntariamente, esa obligación de solidaridad habrá que establecerla desde el Congreso de los Diputados”.
Santiago se ha expresado así esta mañana a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en Tenerife en relación a la posibilidad de acuerdo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se reúne mañana en la capital tinerfeña. En este encuentro se tratará y buscarán soluciones al persistente bloqueo por parte de derecha y ultraderecha a la acogida en todo el Estado de los/as menores migrantes no acompañados llegados a las costas canarias, una situación que pone a prueba no solo la solidaridad ante este reto, sino la capacidad de la Administración autonómica del archipiélago.
El también portavoz en materia de Interior y Justicia del grupo de Sumar y en la dirección de Izquierda Unida comenzó sus explicaciones mostrando “desde nuestro grupo parlamentario toda la solidaridad con la sociedad canaria y el papel que está desempeñando de acogida de tantísimas personas que llegan a sus costas huyendo de conflictos y de la miseria en sus países, igual que nos pasó a los españoles y españolas tantas veces a lo largo de la historia, huyendo del hambre, de guerras y de tantos desastres”.
Destacó que “creemos que corresponde devolver esa solidaridad, pero no lo debe hacer solo la sociedad canaria, sino toda la sociedad española”.
Santiago incidió que “nuestra posición es clara y nuestra presencia en el Gobierno de coalición ha servido para ayudar a que los traslados de personas que llegan a través de esta ruta sean permanentes a la Península”, desde hace meses.
Advirtió sobre la “situación específica” de los menores migrantes, ya que “al estar en situación de desamparo no pueden ser trasladados sin trasladar también la tutela que corresponde a las comunidades autónomas en nuestro país”.
“Esta situación -destacó- no es ningún riesgo para la sociedad, pero puede llegar a ser insostenible desde el punto de vista administrativo para Canarias si lo hace en solitario. Estamos hablando de unas cifras que con la corresponsabilidad de todas las comunidades no suponen ningún problema para la sociedad española, ni aunque se repitan otras cifras equivalentes en los próximos meses”.
Situó el problema en el tiempo e indicó que “llevamos años buscando la solidaridad de otros territorios. En algunos casos ha sido posible, como en las comunidades donde se ha acogido a más menores procedentes de Canarias, como Cataluña y el País Vasco”. Sin embargo, advirtió de que “el resto de comunidades, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, se niegan. Parece mentira que el PP gobierne también en el archipiélago canario y su poca solidaridad en el resto de España con su propio partido de aquí”.
Enrique Santiago apuntó que “la decisión le corresponde a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se reúne mañana, al Ministerio de Juventud e Infancia y al de Administraciones Públicas, pero por parte de nuestro grupo parlamentario toda la predisposición, si no se llega a un acuerdo, a modificar la legislación de extranjería, concretamente el artículo 35, y establecer un mecanismo de solidaridad permanente estructural para que toda la sociedad ayude a paliar esta situación”.
Brotes racistas “mínimos y estimulados”
El dirigente y diputado de Izquierda Unida se congratuló también de que “a pesar de los intentos de la derecha y, especialmente, de la ultraderecha de Vox por generar conflicto social y xenofobia, eso puede haber tenido más éxito en otros lugares, pero en Canarias no”, por lo que reiteró su “felicitación a la sociedad canaria por su solidaridad y le traslado el mensaje de que toda la sociedad española estamos muy orgullosos de cómo Canarias es comprensiva y solidaria ante esta realidad”.
Santiago mandó un mensaje de “confianza y de tranquilidad” a la población de Canarias, porque el “Estado va a ayudar al pueblo canario a que esta situación se aborde y se devuelva esa solidaridad de forma colectiva”.
Calificó los brotes racistas que se han podido producir como “mínimos y estimulados” por agitadores de ultraderecha. Santiago tiró también de ironía en su conversación con los medios al tachar de “buena noticia” que, al menos, “el PP haya cambiado de postura y ahora se vaya a abstener de ‘bombardear’ cayucos”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto en el Grupo Plurinacional Sumar concluyó su análisis indicando que “mientras estén en el Gobierno de España y mientras que dependa también de la contribución de Izquierda Unida, en este caso desde el Ministerio de Infancia y Juventud, la solidaridad está garantizada y no hay justificación para ningún discurso xenófobo, en absoluto”.
