20 febrero 2024
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros del año 2010 se propuso el establecimiento del día 22 de febrero como “Día para la Igualdad Salarial”. El Gobierno de España se reafirma en su compromiso con la igualdad retributiva, puesto que las diferencias de remuneración entre mujeres y hombres, también por trabajos de igual valor, son todavía uno de los ejes vertebradores de la desigualdad económica y social.
Con este motivo, a propuesta de la Ministra de Igualdad, de la Ministra de Trabajo y Economía Social, y de la Ministra de Juventud e Infancia, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:
“Año tras año, las estadísticas muestran que las mujeres siguen ganando menos que los hombres, una desigualdad estructural cuyas causas han de buscarse en un conjunto de factores complejos e interrelacionados: la discriminación directa e indirecta, la infravaloración del trabajo de las mujeres, la segregación ocupacional en el mercado laboral fuertemente marcada por estereotipos y roles de género muy arraigados social y tradicionalmente, la escasa presencia de mujeres en los puestos de mayor responsabilidad, la desigual asignación de los complementos retributivos, la mayor parcialidad y reducciones de jornada en los trabajos desarrollados por mujeres, debido a que han asumido –y continúan asumiendo -casi en exclusiva los trabajos domésticos y de cuidados, esenciales para la sociedad pero que siempre han estado invisibilizados y precarizados.
En los últimos cinco años se han producido avances importantes en la situación del mercado laboral de las mujeres. Según los datos correspondientes a la última Encuesta de Población Activa (EPA), se ha alcanzado el número máximo de mujeres ocupadas en la serie histórica llegando a las 9.923.400, de las cuales el 82% cuenta con una relación laboral de carácter indefinido gracias a los efectos de la reforma laboral. Según los datos de salarios de la EPA, en 2022 la diferencia salarial mensual bruta entre hombres y mujeres fue del 15,7%, 5,25 puntos porcentuales por debajo de la brecha en 2018, lo que representa una reducción del 25%. Continúa siendo una cifra inaceptable, que refleja la desigualdad y las discriminaciones laborales que sufren las mujeres, pero es el menor valor de la serie histórica.
En ese periodo de tiempo también la brecha salarial de las mujeres de entre 20 y 24 años se ha reducido en 4,3 puntos porcentuales y la de mujeres de entre 25 a 29 años se ha estrechado en 2,2. No obstante, tampoco cabe bajar la guardia y es necesario avanzar en políticas que permitan la erradicación definitiva de la brecha salarial entre las personas más jóvenes. También las medidas de incremento de las pensiones adoptadas en estos últimos años, y muy singularmente las referidas a las pensiones que afectan de manera más directa a las mujeres, como son las de viudedad o las no contributivas, están siendo muy efectivas en la progresiva atenuación de la brecha de género y marcan un camino que el Gobierno va a continuar e intensificar.
Pese a los avances recientes, las discriminaciones que sufren las mujeres siguen siendo inadmisibles: los resultados de la última Encuesta anual de Estructura Salarial, referida al año 2021, revelan que la brecha salarial entre mujeres y hombres es del 18,36% en cómputo anual, lo que supone una reducción de 5,57 puntos en la última década. Las mujeres ganan menos que los hombres en prácticamente todas las secciones de actividad. Además, el 25% de las mujeres perciben ganancias menores o iguales al Salario Mínimo Interprofesional, mientras que este porcentaje en el caso de los hombres es solo del 11%. Siete de cada diez personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres. Las responsabilidades de cuidados constituyen el motivo para estar trabajando a tiempo parcial para el 16,5% de estas mujeres, mientras que solo para el 3,4% de los hombres que trabajan a tiempo parcial este es el motivo. Como colofón, la desigualdad económica a lo largo de la vida tiene su impacto y reflejo en las pensiones de jubilación, en las que se alcanza una intolerable brecha de género del 33,75%.
Para acabar con la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres es imprescindible actuar sobre todas las causas y, para ello, este Gobierno va a continuar desarrollando e impulsando medidas que permitan avanzar en la eliminación de estas brechas, tales como el reciente Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2024, que lo elevahasta los 1.134 euros mensuales, consolidando así un incremento del 54% desde 2018, que tiene un impacto especialmente positivo en las mujeres al estar sobrerrepresentadas en trabajos con salarios iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional y que ha permitido reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en un 25% en los últimos 5 años; o la propuesta de disminuir la jornada laboral sin merma de salario que permitirá, entre otras cuestiones, mejorar el reparto equilibrado de las tareas de cuidados y disponer de más tiempo propio.
Para este Gobierno es, además, prioritario, completar, por un lado, la trasposición de la Directiva 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su cumplimiento.
En efecto, España ha sido pionera en la regulación de esta materia con medidas tales como la aprobación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, o los Reales Decretos 901/2020 y 902/2020, de 13 de octubre, relativos a la igualdad retributiva entre mujeres y hombres y a los planes de igualdad, respectivamente, así como la puesta a disposición de las herramientas de valoración de puestos de trabajo y de registro retributivo. En todo caso, aunque estas medidas sitúan a nuestro país al nivel de los más comprometidos con la igualdad retributiva, con un marco que en algunos aspectos es incluso más avanzado que la propia Directiva, es necesario todavía realizar la trasposición de algunos ajustes, de la mano de los agentes sociales, y teniendo en cuenta las experiencias desarrolladas en el resto de países de la Unión Europea.
Por otro lado, también es prioritario culminar la transposición de la Directiva 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, mejorando los permisos existentes, asegurando que no se penalice a las mujeres por hacer uso de ellos y promoviendo una mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidado.
Por su parte, el Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres es expresión del firme compromiso del Gobierno de España con la igualdad real de oportunidades. Esta norma tiene como objetivo romper los techos de cristal y garantizar la representación efectiva de las mujeres en los ámbitos decisorios de la vida política y económica, de forma que se avance en la consecución del ejercicio real y efectivo del principio constitucional de igualdad y se eliminen las brechas de género existentes, entre ellas la brecha retributiva.
Así mismo, el refuerzo de los derechos de información y la garantía de la previsibilidad de las relaciones laborales mediante la modificación del Estatuto de los Trabajadores, para transponer la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, también contribuirá a equilibrar los usos del tiempo personal y profesional, contribuyendo a remover las desigualdades de género vinculadas a los mismos.
Por último, el Gobierno es consciente de las brechas digitales de género y de los riesgos que la Inteligencia Artificial puede suponer para la igualdad entre mujeres y hombres, de los que alertan varias voces expertas, en particular, dado su posible impacto en las causas de desigualdad en el ámbito laboral, incluida la dimensión retributiva. De ahí que su irrupción en el mercado de trabajo haga imprescindible y urgente un profundo debate sobre los retos que plantea la Inteligencia Artificial (IA), sus riesgos, pero también sobre sus potencialidades. Lograr una mayor participación y liderazgo de las mujeres en el desarrollo vinculado a la IA, el Big Data y el Machine Learning; mitigar los sesgos de género y lograr una mayor transparencia en los algoritmos y la integración de la perspectiva de género en la programación, creación de códigos y algoritmos, son desafíos a abordar, no solo para evitar que las brechas de género se perpetúen o incluso se agranden, sino para revertir las brechas existentes, creando soluciones innovadoras para combatir las causas de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
En este sentido, en el plano de la Unión Europea, gracias al empeño e impulso de la Presidencia española del Consejo se ha llegado a un acuerdo provisional entre Consejo y Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que de manera pionera a escala mundial, trata de garantizar que los sistemas de IA comercializados en el mercado europeo y utilizado en la Unión Europea sean seguros y respeten los derechos fundamentales y los valores comunitarios.
En el ámbito nacional se está implementando la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), que incluye la igualdad de género como uno de sus objetivos transversales y aborda expresamente el desafío de “Reducir la brecha de género del ámbito de la IA en empleo y liderazgo”.
Se trata de un conjunto de medidas y compromisos de este Gobierno que, sin duda, redundarán en una mayor igualdad retributiva.
En definitiva, con motivo del Día para la Igualdad Salarial de 2024, el Gobierno de España expresa su firme determinación en la lucha contra la desigualdad retributiva, comprometiéndose a seguir progresando en la aplicación efectiva de la normativa vigente y en la adopción o desarrollo de las medidas de igualdad, derechos humanos, justicia social y participación democrática que sean precisas para revertir las causas de las brechas de género y de la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres. Con todo ello, se avanza un paso más hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas en su Agenda 2030, y especialmente de los objetivos 5, lograr la igualdad entre los sexos y empoderar a todas las mujeres y niñas, y 8, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las personas, además de contribuir de manera muy tangible al cumplimiento de los objetivos 1 y 10, relativos al fin de la pobreza y a la reducción de las desigualdades.
CINCO PUNTOS DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE LAS COLONIAS FELINAS
- El ministerio de Agenda 2030 lanzó una subvención para que los ayuntamientos mejoren la gestión de sus colonias felinas.
- Aranda es uno de los dos únicos municipios de CyL que la han conseguido.
- Este dinero nos permitirá continuar con el programa CER: captura, esterilización y retorno.
- Un método científico y ético para reducir la población de gatos callejeros y garantizar su bienestar.
- Además, contribuimos a apoyar a la red de personas voluntarias que se encarga de las colonias y avanzamos en la figura del alimentador autorizado.
ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA
1) Alquiler Sede.
2) Asuntos Grupo Municipal.
3) Ruegos y preguntas.
DÍA: 26 de febrero de 2024 (lunes)HORA: 19:30h
LUGAR: Sede Izquierda Unida
Como siempre os recordamos la puntualidad en el inicio de la reunión.¡Gracias!
La idea de que la promoción de la justicia social debe ser el objetivo central que guíe todas las políticas nacionales e internacionales cobra cada vez más fuerza. Esta idea ha ganado adeptos entre los defensores que argumentan que permite que las sociedades y las economías funcionen de forma más cohesionada cuando se da prioridad a la justicia social.
Sus defensores sostienen que promover el trabajo decente y una agenda de globalización justa centrada en los derechos fundamentales, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social constructivo entre gobiernos, empleadores y trabajadores es clave para situar la justicia social en el centro.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en temas de Justicia, Enrique Santiago, ha logrado sacar adelante esta tarde en el Pleno del Congreso la toma en consideración de una ambiciosa Proposición de Ley Orgánica para la protección de los Derechos Humanos y la jurisdicción universal en España. La norma inicia así su tramitación parlamentaria en un momento especialmente grave, con crímenes de Estado avanzando en todo el mundo, muy especialmente con un genocidio en marcha desde hace más de cuatro meses del régimen de Israel contra el pueblo palestino.
El propio Santiago se encargó de recordar que, tras el recorte a la ley original llevados a cabo por el PSOE en 2009 y, sobre todo, con el tijeretazo impuesto por el Gobierno del PP en 2014, quedaron “en la más estricta impunidad” los crímenes que ya cometía entonces el Ejército israelí, entre ellos el asesinato de 14 civiles, la mayoría niños y bebés, en Gaza en 2002, que la Audiencia Nacional comenzó a investigar seis años después y cuya instrucción tuvo que archivar rápidamente.
La toma en consideración de la proposición de ley orgánica que el grupo de Sumar registró el pasado mes de octubre, tras haberla impulsado y elaborado técnicamente Izquierda Unida, ha salido adelante esta tarde por 178 votos a favor y 168 en contra.
“Quizás, si la Audiencia Nacional hubiera podido continuar su investigación, si otros países, como Bélgica, no hubieran restringido sus leyes de jurisdicción universal en los mismos años, si la comunidad internacional hubiera dispuesto de más herramientas para impedir la impunidad de estos graves crímenes internacionales, quizás entonces el genocidio del pueblo palestino que hoy contemplan en directo todos los habitantes del planeta no estaría cometiéndose”, aseguró con vehemencia.
Para Santiago, “esta es la razón de ser de la jurisdicción universal: si las autoridades del país donde ocurrieron los hechos no pueden o no quieren proteger a los pueblos bajo su soberanía o su control, si no son capaces de perseguir a los victimarios, será la comunidad internacional la que, aplicando las reglas del Derecho internacional penal, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, haga lo posible para evitar que los crímenes más graves queden en impunidad”.
La obligación política y moral de acabar con la impunidad
“Mientras que los tribunales internacionales penales sigan teniendo limitados su acceso, su mandato y sus medios -advirtió rotundo-, mientras que la Corte Internacional de Justicia pueda emitir resoluciones pero no pueda hacer que se cumplan (como ha ocurrido solo hace unos días con el ataque indiscriminado de Israel a Gaza), es obligación de cualquier país civilizado, democrático y respetuoso con el Derecho contribuir desde sus tribunales con el ejercicio de la jurisdicción universal a proteger a los seres humanos, cuyos derechos fundamentales estén siendo vulnerados de forma grave e impune”.
A su juicio, “para todos nosotros, legisladores y legisladoras, es un inmenso honor y privilegio, a la vez que una obligación, hacer efectivo este mandato humanitario imperativo de protección”.
Lamentó que esta “restrictiva reforma” que impuso la derecha “puso fin a la ejemplar aplicación del Derecho internacional que los tribunales españoles habían realizado, consiguiendo el mayor reconocimiento y admiración que hayan tenido nunca”.
Pero no solo quedaban así impunes crímenes internacionales, sino otros mucho más cercanos. El PP seguía simplemente “la tendencia iniciada por el Tribunal Supremo cuando, en 2012, sepultó toda posibilidad de investigación, sanción y reparación de los crímenes franquistas”, y lo enterró todo “en una fosa más profunda que las que aún quedan a centenares en España, llenas de víctimas ejecutadas en la última dictadura”.
“El PP y Vox nunca han apoyado el derecho a la Verdad, a la Justicia y la Reparación de las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos, que permanecen en la impunidad dentro o fuera de nuestras fronteras”, aseguró Santiago.
Y puso el siguiente ejemplo a la bancada del PP del ausente en este debate Alberto Núñez Feijóo: “A la vista de la reciente derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que han sacado adelante con la ultraderecha de Vox, tengo nulas esperanzas de que voten a favor la toma en consideración de esta proposición de ley. Sí espero que el resto de grupos parlamentarios, aunque solo sea por la dignidad de esas víctimas que han quedado desprotegidas por la derogación de la ley de Aragón, voten a favor”.
Apostilló que “para la derecha española siempre ha habido víctimas de primera y de segunda, por eso se niegan a reconocer derechos de las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos si no simpatizan políticamente con ellas”.
Alianza de la derecha del PP y la ultraderecha de Vox
Ahora, en “claro incumplimiento del mandato de protección de las víctimas acordado por Naciones Unidas”, con la citada derogación de la ley de victimas de Aragón, las formaciones de derecha y ultraderecha “han forjado una alianza para privar a las provocadas por la última dictadura de los limitados derechos que habíamos conseguido reconocerles”.
Santiago insistió en que lo acordado por la mayoría absoluta del PP en 2014 supuso ya “la completa eliminación de la jurisdicción universal en nuestras leyes” y ha denunciado que “la verdad es que ya entonces invadieron con esta reforma competencias exclusivas de los jueces, esas mismas competencias que tanto defienden cuando les interesa”.
Así, “ordenaron a los jueces cerrar todas las causas penales extraterritoriales que estaban abiertas en ese momento en la Audiencia Nacional”, lo que supuso “dejar en total desamparo a las víctimas de esas gravísimas violaciones de los Derechos Humanos, también a víctimas españolas”.
De esta manera, “aunque el Tribunal Supremo declaró que la reforma del Partido Popular era más que defectuosa técnicamente”, ha apuntado Santiago en su intervención, “el efecto mayoritario fue archivar la práctica totalidad de esos casos, entre ellos el asesinato del diplomático español Carmelo Soria por la dictadura de Pinochet, el crimen de guerra que supuso el asesinato del periodista José Couso en Iraq o el impune exterminio de más de 4.000 españoles en campos de exterminio nazis”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso apuntó que “siempre ha habido voces contra la jurisdicción universal” y eso pese a que “en un mundo globalizado de delitos transnacionales y contra la humanidad”, oponerse a esta jurisdicción simplemente significa “facilitar la impunidad a los grandes violadores de Derechos Humanos o a las organizaciones criminales transnacionales”.
Igual que les ocurre a PP y Vox, “los defensores de la impunidad siempre recurren a una supuesta defensa de la ‘soberanía nacional’, pero ninguna soberanía nacional permite dejar en impunidad crímenes de lesa humanidad, torturas, genocidios o desapariciones forzosas”.
Para Enrique Santiago, cualquier Estado “tiene la obligación de proteger a la población bajo su autoridad. La ‘soberanía nacional’ nunca puede ser una excusa para que las víctimas queden sin los derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación”.
Dado que la “amputación de la jurisdicción universal por el PP” significó un antes y un después para la tradición jurídica, el diputado del grupo de Sumar cerró su intervención pidiendo a los grupos del Congreso “que corrijamos este imperdonable error histórico y que devolvamos a la justicia española las herramientas necesarias para perseguir la impunidad de graves crímenes contra la humanidad. Ojalá que así nuestra justicia recupere un prestigio del que está muy necesitada”. Lo consiguió de todos ellos, salvo, una vez más, de la derecha del PP y la ultraderecha de Vox.