Enrique Santiago explica en el Congreso que “no frustramos la renovación imprescindible del Poder Judicial, pero tampoco votamos a favor de un pacto PP-PSOE con importantes deficiencias”
El portavoz adjunto y en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar destaca que “nada es más importante que acabar con la politización y el control de la justicia por la derecha o acabará preso cualquiera que les moleste; impidamos que sectores minoritarios de la justicia, muy ideologizados y bien situados, utilicen el poder judicial como si fuera su chiringuito”
El portavoz adjunto y en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha explicado esta mañana en el Pleno del Congreso el voto de abstención de su grupo al acuerdo político alcanzado la semana pasada por el PSOE y el Partido Popular para reformar el modo en que en el futuro se deberá renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Santiago señaló que, tras más de cinco años con el órgano de gobierno de los jueces “secuestrado por el Partido Popular”, desde el grupo de Sumar “no vamos a permitir que se frustre la renovación imprescindible del Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco daremos un voto favorable a una proposición de ley con importantes deficiencias que pueden ser fácilmente corregidas”.
“Hoy -resumió- la buena noticia es que tras cinco años de bloqueo del Partido Popular, se va a liberar de su secuestro a un CGPJ deslegitimado e inoperante. La mala noticia es que en España, desde los tribunales, se practica la ‘guerra jurídica’ contra cualquiera considerado enemigo por las derechas”.
El también portavoz parlamentario de Izquierda Unida sembró de ejemplos concretos este ‘lawfare’ que denunciaba: “lo que hoy discutimos es seis sindicalista de ‘La Suiza’ condenados a tres años y medio de cárcel o seis jóvenes antifascistas de Zaragoza condenados a casi cinco años, en ambos casos por manifestarse”.
Al mismo tiempo, “el fascista Miguel Frontera ha sido absuelto tras acosar y coaccionar durante un año a una familia con tres menores en la puerta de su casa”, en clara referencia a las acciones orquestadas en el exterior de la vivienda de Irene Montero y Pablo Iglesias.
A la vez, “se reabre la causa contra Mónica Oltra porque ‘algo tendrá que haber’, a pesar de que en dos años de investigación no se ha encontrado ni un solo delito. Y hoy conocemos la solución de una clara agresión homófoba el Día del Orgullo del año 2019”.
Enrique Santiago advirtió que “en ningún país democrático es aceptable que el Tribunal Supremo se niegue a acatar una ley”, pero explicó cómo en España “el Supremo sabe que la Ley de Amnistía es clara y acorde con la legislación europea y con la Constitución, y si no que presente una cuestión de aclaración al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia Europeo, cosa que no hace”.
Indicó que estos “excesos” no son más que “el resultado de la intervención política de ese Consejo, que perdió toda credibilidad hace más de cinco años y que ha actuado al servicio político de la derecha durante más de diez años”.
El portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar incidió en que siempre que “la campaña de acoso contra el Gobierno y la democracia lo requieren”, nos encontramos con “algún movimiento de ese partido que no se presenta a las elecciones, pero que aspira a gobernar siempre: el ‘partido de las togas’”.
De la misma forma, destacó que “nada es más importante que acabar con la politización y el control de la justicia por la derecha o acabará preso cualquiera que les moleste. Impidamos que sectores minoritarios de la justicia, muy ideologizados y bien situados, utilicen el poder judicial como si fuera su chiringuito”.
A su juicio, “sobran los relatos, pero necesitamos medidas concretas eficaces”, en medio de una situación que “ha provocado una mala imagen y deficiente funcionamiento del servicio público de justicia, sufrido a diario por la ciudadanía de este país”.
Santiago ha denunciado cómo “las medidas para modernizar y democratizar la justicia tenían que haberse adoptado hace muchos años, pero el bipartidismo nunca lo hizo”. La derecha “lo ha aprovechado, secuestrando el CGPJ cada vez que no podía controlar su renovación: lo hicieron José María Aznar, entre 1995 y 1996; Mariano Rajoy, entre 2006 y 2008, y Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo desde 2018 hasta hoy”.
“Durante 22 de los últimos 27 años -ilustró- el PP ha dominado el mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales. Así ha desatado la ‘guerra jurídica’ contra sus adversarios para destrozarlos, a la vez que protege a las clases dominantes a través de una justicia de trato diferenciado”.
Enrique Santiago reprochó a toda la bancada del Partido Popular que “mientras dicen que van a acatar su obligación constitucional de renovar el Consejo, organizan una campaña contra el Tribunal Constitucional”. Así, instó al partido de Núñez Feijóo a que “abandone sus exigencias de que ‘los jueces elijan a los jueces’. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran al siguiente Congreso o que las ministras eligieran al siguiente Gobierno”.
“Nunca -sentenció- vamos a aceptar que uno de los tres poderes del Estado sea elegido por 5.400 personas, los jueces, el 0,01% de la población”. Por el contrario, la derecha “debería pedir perdón por el inmenso daño causado. Han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o el de Polonia”.
Además, “lo peor”, advirtió de que “han dañado el servicio público de justicia, han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones de alimentos. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas”.
El portavoz adjunto y en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar explicó que no van “a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país, una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque sólo aquí reside la soberanía derivada del voto popular”.
Como desde el grupo llevan días explicando, reiteró cómo conocieron el texto de la proposición de ley “cuando ha sido registrada por el PP y el PSOE. El Partido Popular está bien que vuelva a aceptar medidas que ya aceptó en 2022 a propuesta del Gobierno de coalición: la regulación del tránsito entre la actividad política y la justicia, y viceversa, o medidas para corregir la arbitrariedad con que ha operado este CGPJ”.
Calificó esto último como “positivo”, pero “reiteramos que ‘el diablo está en los detalles’. La proposición de ley del PSOE y PP tiene imprecisiones, vacíos y deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la urgente regeneración de la justicia. También incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias”.
Propuestas concretas
Enrique Santiago señaló también que “corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y PP mantienen su pacto para rechazar enmiendas” y, además, “no apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial ilegitimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la ‘guerra jurídica’ desatada contra el Estado de Derecho se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional”. Valoró que esto es “una provocación y una abierta contradicción con lo que están proponiendo en esta proposición de ley”.
Entrando de lleno en la parte propositiva, Enrique Santiago dijo que “la renovación del Consejo es inaplazable”, pero “más importante” es “abordar profundas medidas para garantizar que ‘la justicia emane del pueblo’, medidas de regeneración democrática que todo el pacto de investidura tiene que hacer suyas para que no desaparezca la democracia: actualizar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal; medidas para evitar el frecuente secuestro del CGPJ tan habitual por el PP; reformar las competencias del Consejo, ajustándolas a la plurinacionalidad del Estado y al mandato constitucional; mejorar el servicio público de Justicia y acabar con la ‘guerra jurídica y con la utilización política de la justicia”.
Lograr todo ello pasa por “trasladar la investigación penal a la Fiscalía; habilitar la vía de reclamación de responsabilidad civil a los jueces, como a cualquier profesional de este país o reparar públicamente el prestigio y el buen nombre de las personas afectadas por esas habituales investigaciones judiciales que solo generan titulares pero nunca llegan ni a juicio ni a condena”.
