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Miércoles, 18 Septiembre 2024

ISRAEL ATACA CON MÉTODOS TERRORISTAS

Los ataques terroristas y de sabotaje que Israel está cometiendo contra toda la población libanesa solo se pueden leer como un intento deliberado para forzar una respuesta desde Líbano y escalar la guerra contra toda la región árabe.

Permitirle todo a Israel es una política temeraria que pone en peligro a la región árabe, y a todo el planeta.

Es urgente romper las relaciones diplomáticas con Israel, imponer un embargo militar real y llevar a sus dirigentes genocidas y racistas ante la justicia.

Comercio con Israel 

Mientras tanto, diferentes organizaciones sociales y también algunos de los aliados de Sánchez critican que continúan los intercambios comerciales con Israel. Por un lado, como ha ido informando el diario Público, el Ministerio de Defensa ha continuado firmando contratos con empresas armamentísticas israelíes en plena masacre en Gaza. 

El Ministerio que dirige Margarita Robles formalizó el 16 de agosto un acuerdo con NCT, una de las proveedoras de las Fuerzas Armadas de Israel. Cuatro días antes autorizó una compra a Elbit Systems, otra contratista del área militar.

También destaca la publicación de un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz que denuncia que las relaciones de comercio de armas con Israel no han cambiado desde que se intensificó la masacre en Gaza. Concretamente, desde el 7 de octubre de 2023 se adjudicaron contratos públicos de compra de armamento a empresas de seguridad y defensa israelíes o sus filiales en España por valor de 1.027 millones de euros.

Respecto a la compra de armamento por parte de España, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Comercio recurre al "límite de acceso a la información" contemplado en la Ley de Transparencia de 2013 para no detallar estas operaciones. 

Aparte de estas cuestiones, la organización Who Profits denunció, según publicó este medio, que seis empresas españolas hacen negocio en los territorios ocupados de Palestina. Sumar registró entonces una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno para pedir que se sancionen a estas empresas. 

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