Las mujeres y las niñas afganas se encuentran bajo un régimen de represión que vulnera sus derechos humanos más básicos, donde sufren opresión, violencia, represión, acoso y vejaciones constantes. Las mujeres y las niñas afganas no necesitan protección ni que las salven, lo que necesitan son derechos. Necesitan que se garanticen sus derechos y que no se permita el atropello constante de los mismos.
Solicitamos a las autoridades públicas de todos los países y a las organizaciones internacionales que actúen, que tomen partido y no permitan más esta vulneración de derechos fundamentales de las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres. Estas prácticas contra las mujeres afganas constituyen sin duda un delito de lesa humanidad tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma y, como ha solicitado el Relator de Naciones Unidas, deben considerarse apartheid de género.
Instamos al Tribunal Penal Internacional a declarar crimen contra la humanidad el trato a las mujeres y niñas afganas. Los responsables de las más de 100 normas y edictos que oprimen a las mujeres y niñas afganas deben ser juzgados y rendir cuentas por sus acciones.
Nosotras, mujeres españolas con voz y derechos, instamos también al gobierno de España a iniciar el proceso ante el Tribunal Penal Internacional, liderar ante la comunidad internacional la condena de la violencia institucionalizada contra las mujeres afganas y la puesta en marcha de medidas concretas para erradicar dicha violencia y garantizar los derechos de todas las mujeres y las niñas.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKdlyP2LUu2G0TAzB2B45agtDnNrJWJ1nnCF-EmjG-MV46bw/viewform?fbzx=3190785157189932226
Se trata de una formación que se escindió de La Izquierda (Die Linke) y cuyos postulados han abierto un gran debate en el país germano y en toda Europa al presentar compatibilidades con la extrema derecha, por ejemplo, en materia migratoria.
Desde un punto de vista general, nuestro Coordinador Federal Antonio Maíllo, en declaraciones para el diario Público, enfatiza la importancia de que la izquierda "no rehúya ningún debate" y de que atienda "las condiciones materiales de la clase trabajadora con recuperación de un sentido común en nuestras posiciones políticas, combatiendo todas las desigualdades, también las de origen o género".
Maillo e Izquierda Unida dan una gran relevancia, por otra parte, a la "unidad" de las izquierdas y apuntan que fue precisamente "la fragmentación y la desunión de las izquierdas" en el siglo XX una de las causas, entre otras tantas, del ascenso del nazismo.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en materia de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, muestra su “satisfacción” y traslada la “enhorabuena” a María Isabel Perelló tras conocer el nombramiento a media mañana por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de esta magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo como presidenta del alto tribunal y del órgano de gobierno de los jueces.
Santiago ha deseado un “buen trabajo” a la nueva presidenta porque de ello “va a depender la mejora de la justicia para que realmente funcione como un servicio público” en nuestro país. También, y no menos importante, para “poner fin a la guerra jurídica y a la utilización de la justicia por parte de la derecha contra los que considera sus enemigos y adversarios políticos”.
“Ahora -incide con rotundidad- hay que ponerse a trabajar para democratizar la justicia, para que sea un poder capaz de garantizar todos los Derechos Humanos, de todas las personas y que alcance a toda la ciudadanía”.
El diputado y también responsable en temas de Justicia e Interior en la dirección federal de Izquierda Unida destaca especialmente que “por primera vez una mujer jueza, defensora de los Derechos Humanos y progresista sea la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial”.
Santiago hace extensiva su felicitación a Perelló “al resto de juezas progresistas que presentaron su candidatura para mejorar la situación de la justicia”. Esto tiene mucha más importancia y valor “tras el desgaste y el bloqueo al que ha sido sometido nuestro sistema judicial en estos últimos cinco años de ‘secuestro’ por parte del Partido Popular”.
“Tras más de un mes de bloqueo por el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces -recuerda-, por fin se ha conseguido una candidatura que cuenta con un amplio apoyo, prácticamente consenso, para que una mujer progresista se ponga al frente del Poder Judicial en España”. La candidatura de Perelló ha logrado 16 apoyos, frente a los 4 recibidos por la también magistrada progresista del Tribunal Supremo Ana María Ferrer García.
De ahí que Enrique Santiago incida también en que “no ha sido justo el desgaste al que se ha sometido a las anteriores candidatas progresistas”, si bien advierte de que detrás de todo ello ha estado de nuevo “la forma de actuar de la derecha, crispando y siendo incapaces de aceptar la mayoría social de nuestro país”.
Mientras se fija la fecha definitiva para el debate de investidura en el Parlament y una vez que cada uno de los actores implicados han analizado y tomado las decisiones internas que les competen, Izquierda Unida “saluda y considera una buena noticia el acuerdo alcanzado en Cataluña entre las fuerzas de Comunes, ERC y PSC-PSOE para conformar un gobierno progresista”.
IU considera positiva la “vuelta a la política en Cataluña en el marco de la legalidad en un acuerdo transversal de las izquierdas, independentistas y no independentistas, que antepondrán en su acción de gobierno las prioridades sociales que necesitan las clases populares catalanas”.
Ello supone, además, un “paso importante en el proceso de diálogo” y “abre posibilidades para continuar avanzando en la normalización entre Cataluña y el resto del Estado” y, lo que es aún más importante, “cierra las puertas a un posible gobierno de la derecha nacionalista”.
De la misma manera, IU saluda los “contenidos más sociales del acuerdo” y, en especial, “nos congratulamos de los del acuerdo entre Comunes y PSC en materia de sanidad, transportes, urbanismo y vivienda”. Entre otras cuestiones, “van a permitir construir 55.000 viviendas públicas nuevas, rehabilitar otras 150.000 o poner en marcha más medidas eficaces para acabar con los desahucios sin solución habitacional”.
Izquierda Unida “continuará trabajando para que las políticas de izquierdas, también en materia tributaria con la reforma fiscal necesaria y de financiación territorial, alcancen tanto a Cataluña como al resto de territorios del Estado”.
Por ello, apunta también que no es posible hablar seriamente de una reforma del modelo de financiación territorial “si simultáneamente no se habla de una profunda reforma fiscal que enfrente la deserción fiscal de los más ricos y de las grandes empresas, y acabe con el ‘dumping’ tributario que practican las comunidades autónomas en manos de la derecha”.
Para IU, “sin un sistema fiscal más progresivo y justo en el reparto de las cargas no es posible establecer un mecanismo de corrección de las deficiencias del sistema de financiación territorial”.
“La mayoría de nuestra sociedad y de la clase trabajadora -incide- no defiende el reconocimiento de privilegios según el territorio donde se viva, sino que reclama un sistema de solidaridad basado en la seguridad humana, esto es, la plena garantía de servicios sociales, educación, sanidad y jubilación dignos para todos los habitantes de nuestro país, al margen de la comunidad autónoma donde residan”.
Destaca que “solo poniendo en marcha eficazmente estos servicios y su adecuada financiación podremos garantizar una vida digna a los trabajadores y trabajadoras de todo el Estado y, a la vez, frenar el avance de la ultraderecha y la intolerancia”.
Como ya hizo la semana pasada nada más conocerse, esta formación expone sus discrepancias con el “acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para reformar el sistema de financiación autonómico en lo que afecta a Cataluña”.
“Compartimos -detalla IU- que desde hace 12 años el modelo de financiación autonómica en España está pendiente de una profunda revisión que afecte a todas las comunidades”, una revisión que “debe ser simultánea en todos los territorios del Estado atendiendo a las problemáticas que tienen cada uno de ellos”.
Se necesita un sistema de solidaridad entre territorios “donde no solo se cubran los gastos comunes generados por la Administración General del Estado (política exterior, seguridad, defensa, Seguridad Social y pensiones, etc.) sino que incluya un sistema de redistribución de riqueza y recursos para compensar desigualdades entre los territorios más ricos y aquellos más pobres y faltos de desarrollo”.
Modelo de financiación y compensación justo
Izquierda Unida, una fuerza política “de izquierdas, republicana y federal”, entiende que el “desarrollo del modelo territorial en la perspectiva de construcción de un Estado federal y plurinacional es inseparable de un sistema de solidaridad que no deje a nadie atrás y atienda las necesidades de las clases trabajadoras en todo el Estado, al margen de cuáles sean sus nacionalidades o en qué lengua se expresen”.
“Solo desde esta premisa redistributiva se puede alcanzar un modelo de financiación y compensación justo entre todos los territorios”, expone IU, que defiende que “cualquier sistema de financiación, sea el que sea, debe garantizar la contribución a mecanismos interterritoriales de compensación y redistribución de riqueza para impulsar un desarrollo lo más homogéneo posible en todo el territorio del Estado, así como para corregir los innumerables déficits de financiación que arrastran distintas comunidades”.
Izquierda Unida está en contra de la aplicación del criterio de ‘ordinalidad’ incluido en el acuerdo entre ERC y el PSC “por tratarse de un criterio contrario al principio de equidad, al sostener que la comunidad que más recaude per cápita tendrá que ser la que más reciba per cápita”. Añade que “haría imposible cualquier mecanismo de compensación con los territorios que menos ingresan”, es decir, “nos llevaría a un sistema territorial confederal carente de mecanismos de solidaridad interterritorial”.
Ese nuevo sistema de financiación para todas las comunidades que defiende IU “debe atender las necesidades generales de toda la ciudadanía y también aquellas específicas de los territorios infrafinanciados en los últimos años”.
“No tenemos duda -señala IU- de que Cataluña también ha padecido este problema, con un déficit de financiación en importantes infraestructuras, como el sistema eléctrico o el sistema ferroviario”, pero generalizar el modelo del acuerdo PSC-ERC al resto del Estado “imposibilitaría la puesta en marcha de cualquier mecanismo de solidaridad o compensación intraterritorial más allá de los límites de una comunidad”.
El tradicional homenaje a Blas Infante en el aniversario de su asesinato por los fascistas se celebra este año con la música de fondo de la financiación autonómica. El acuerdo entre PSC y ERC para formalizar la investidura de Illa en Cataluña ha (re)abierto el debate sobre el modelo de financiación autonómica que es también un debate sobre el modelo de país. Se hace con una aritmética parlamentaria compleja tanto en Parlament de Catalunya como en el Congreso de los Diputados. La investidura de Illa y la estabilidad del gobierno de coalición están detrás del debate abierto, pero dada la enjundia del asunto, las propuestas de modelo de financiación (y de modelo de país al que apunten) deben tratar de abstraerse de dichas derivadas porque las consecuencias son a largo plazo.
Durante la Primera República española no se consiguió aprobar el Proyecto de Constitución Federal de 1873 pero se apuntó a la senda federalista que debía transitar la organización territorial del país. Bien queda reflejada en la Constitución Federal de Antequera de 1883, en plena restauración borbónica, y con más contundencia en el Manifiesto andalucista de Córdoba de 1919, en la crisis de dicha restauración, que recogía las reivindicaciones llevadas meses antes a la Sociedad de Naciones.
También se plasmó en el Proyecto de Estatuto de Gobierno Autónomo de Andalucía durante la Segunda República pero, al igual que la Constitución de 1873, tampoco sería aprobado. Andalucía no tuvo Estatuto hasta 1981, después arrancarlo, por la “vía rápida” a golpe de movilización popular. Manuel José García Caparrós es Hijo Predilecto de Andalucía y un recordatorio de que a Andalucía nunca se le ha regalado nada.
En definitiva, la descentralización y el federalismo, el acuerdo entre partes y, por tanto, el reconocimiento de las mismas ha sido la histórica aspiración de Andalucía en la manera de integrarse en la organización territorial de España. Pero desde una concepción de nuestra singularidad anclada en razones culturales y asumiendo la necesidad de poner en el centro del debate federal las cuestiones económicas y sociales de Andalucía, y la remoción de los obstáculos que no facilitaron, ni facilitan al día de hoy, una plena convergencia con el conjunto del país.
Las capas populares no se identificaron con un nacionalismo esencialista sino, como decía Blas Infante: “un nacionalismo internacionalista, universalista, lo contrario de todos aquellos nacionalismos inspirados por el Principio Europeo”.
Hoy hemos de aprovechar el debate abierto sobre la financiación autonómica para abordar ese debate amplio sobre modelo de país y organización territorial que no se circunscribe solo a Cataluña. Es más, el foco debe ponerse más en las periferias económicas maltratadas secularmente. Y las respuestas deben responder a la clase trabajadora ofreciéndole más igualdad social y equilibrio territorial mediante políticas redistributivas entre clases y mecanismos de compensación y de reequilibrio territorial, necesarios para garantizar estabilidad real al modelo territorial federal.
Porque el periodo histórico presente es el de la gran divergencia por desigualdad social. Hay una enorme ofensiva global desigualitarista desde los años setenta cuyo principal objetivo es acabar con los mecanismos de redistribución y, en nuestro país, el desequilibrio territorial es un factor que acrecienta la desigualdad social.
Andalucía lidera las tasas de desigualdad de la UE. No es una condena divina, es fruto de un modelo económico y productivo español que en su reparto de roles asignó a Andalucía el de periferia. Pudo no haber sido así, pero en la conformación del estado liberal en España se desplegaron políticas económicas que favorecieron antes a unos territorios que a otros. Y la oligarquía terrateniente andaluza no tuvo empacho en tener como compensación mano de obra barata hasta decir basta. Invito a observar el Mapa de los ferrocarriles de España de 1917 en la Biblioteca Nacional. La red ferroviaria nos dice mucho de qué modelo de país se inició en el siglo XIX y se extendió al siglo XX: centralista (todo pasa por Madrid) y asimétrico (gran desarrollo en las periferias industrializadas como Euskadi y Cataluña).
El mapa de hoy del PIB per cápita por comunidades autónomas coloca a Madrid, Euskadi y Cataluña por encima de la media del país, debajo de la cual está Andalucía, Extremadura y otras comunidades autónomas. Ese Estado y ese modelo económico y productivo que se estaba conformando en el XIX fue provocando desequilibrios territoriales y sociales de los cuales somos herederos y que toca poner en cuestión.
No faltaron las polémicas en los inicios del estado liberal español entre los propios republicanos federalistas andaluces, que demandaban más librecambismo para favorecer la industria exportadora andaluza, frente a las políticas proteccionistas que se impusieron para favorecer a la industria catalana y a la siderurgia vasca que defendía el federalismo septentrional. Como por todos es sabido, el flujo de mano de obra desde las periferias a las regiones industrializadas ha sido una constante histórica y presente. Mano de obra que genera riqueza con su trabajo.
Digo todo esto, no por hacer un listado de agravios históricos sino para constatar tres consideraciones que se deben tener en cuenta en el debate sobre la financiación autonómica.
La primera es que cualquier modelo de financiación debe tender a superar las desigualdades sociales y los desequilibrios territoriales en el conjunto del país. Esto es solo posible si se acompaña a la reforma del sistema de financiación en clave federal con una profunda reforma fiscal en clave progresiva, capaz de revertir las políticas de las últimas décadas.
Y, en este sentido, remar a contracorriente de las políticas desgualitaristas que van laminando las políticas redistributivas. Ejemplo de ello es el dumping fiscal promovido por Ayuso y Moreno Bonilla.
La segunda es que la depredación del litoral andaluz por el negocio inmobiliario, el vaciamiento demográfico de amplias zonas en favor de Madrid, el desierto ferroviario en Extremadura o que Navarra y País Vasco lideren el ranking de bienestar son fenómenos producto del modelo económico y productivo español que genera desigualdades sociales y territoriales y roles de centro/periferia.
La tercera es que Andalucía siempre ha defendido la descentralización y la federalidad. Queremos pactos y reconocimiento de todas las partes en un Estado plurinacional. Y defenderemos aquellos pactos que repercutan en reducir las brechas territoriales y sociales. El modelo de financiación ha de ser una herramienta al servicio del bienestar del conjunto de la clase trabajadora, viva donde viva.
Por ello nos remitimos al acuerdo del Parlamento Andaluz de 2018 que hoy pisotea el Partido Popular a golpe de exoneraciones de impuestos a los grandes patrimonios. Un acuerdo que podría aportar a la concepción de la reforma del sistema de financiación para el conjunto de comunidades autónomas y que se inspira profundamente en los pilares de justicia social e igualdad que están en la base de nuestro Estatuto de Autonomía.
El objetivo del sistema de financiación autonómico es garantizar a todas las comunidades los recursos suficientes para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales y para que su acceso universal permita avanzar en justicia social e igualdad real entre toda la ciudadanía, venga uno de la familia que venga o del barrio que venga. Esto es posible solo asumiendo las necesidades específicas de los territorios en virtud de múltiples factores geográficos, sociales y económicos.
Son las necesidades territoriales que tienen que determinar los recursos necesarios para esto, no su aportación tributaria. Esto es evidente que vale en términos de clases pero también en términos de territorios. Y es justo el espíritu de solidaridad interterritorial que sustenta y facilita cualquier acuerdo sobre el modelo territorial coherente con nuestra Constitución y nuestro Estatuto.
Lo que sabemos del acuerdo entre PSC y ERC pone en duda que dichas pretensiones sean posibles. Queda mucho detalle por conocer, pero no se antoja buena idea un modelo en el que una comunidad enriquecida (y con el domicilio fiscal de buena parte de las grandes empresas que hacen negocio en todo el país) recaudase todos los impuestos, aunque se diga que se ajustarían cuentas.
Ya durante la transición se dio la tentación de regionalizar el sur y confederalizar el norte, el tufo viene de antiguo. Sí corresponde hacer una reforma del sistema de financiación que garantice la suficiencia de recursos a todas las comunidades autónomas, para que atiendan a las necesidades sociales de la población y que no queden infrafinanciados en ninguna comunidad, recauden lo que recauden, introducir variables que garanticen la equidad, así como impedir las políticas fiscales que promueven el dumping fiscal.
Ciertamente, el meollo del asunto está en la política fiscal, todavía lejos de las finalidades del artículo 31 de la Constitución. Solo resolviendo bien el problema de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado y el aumento de la recaudación por la vía de una fiscalidad justa y progresiva se puede acometer una reforma de la financiación autonómica que satisfaga las necesidades de los territorios, que no son otros que los de la ciudadanía que los habita.
Pareciera que el PSOE, lejos de atreverse a afrontar ese desafío de hacer pagar más a quienes más tienen (y más se enriquecen a costa del resto) prefiere coger el camino “fácil”. Sabe que para una reforma fiscal progresiva se va a encontrar con toda la derecha, independentista y españolista, y con las grandes empresas en frente, y prefiere hacer un mal apaño de consecuencias imprevisibles. La descentralización no puede poner en riesgo la redistribución de rentas entre clases y territorios sino hacerla efectiva.Toni Valero es coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso
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