REFORMA INTEGRAL DE LA LEY PENITENCIARIA ^Destacado

Enrique Santiago demanda en el Congreso una “reforma integral de la Ley General Penitenciaria” que aborde “todos los problemas reales” del sistema de prisiones y no solo parches parciales El portavoz parlamentario en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar señala que la iniciativa propuesta por el PSOE, centrada solo en reconocer el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios a efectos legales, “tiene contenidos muy limitados e ignora buena parte de los problemas importantes”

 

El portavoz parlamentario en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha demandado hoy en el Pleno del Congreso una “reforma integral de la Ley Orgánica General Penitenciaria” para abordar de verdad “todos los problemas reales” que tiene el sistema penitenciario.

 

Santiago lo explicó durante su intervención para responder a la proposición presentada por el Grupo Socialista para modificar esta norma de 1979, pero solo para que se reconozca, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. “Por eso -detalló- nos sorprende esta proposición, de contenidos muy limitados y que ignora buena parte de los problemas importantes reales que tiene nuestro sistema penitenciario”.

 

El también portavoz parlamentario de IU apuntó que ese mismo reconocimiento de la condición de agente de la autoridad “es una reivindicación que tiene explicación, pero que choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos”.

 

Sin embargo, lamentó que la proposición del PSOE “se limita a cuatro modificaciones que, por cierto, tienen presupuesto cero: la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios, el reconocimiento del principio de veracidad, el reconocimiento del principio de indemnidad y medidas para las situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios”. Aclaró que “a nuestro entender, la presunción de veracidad ya va implícita en el momento en que se les reconoce la condición de autoridad, porque resultaría de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que reconoce esa veracidad”.

 

Antes de entrar en valoraciones técnicas, Enrique Santiago expresó con rotundidad “nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, de los servicios médicos y psicológicos, juristas, el personal de vigilancia y de los servicios generales. Su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta de medios y de inversiones”.

 

De igual forma, manifestó “nuestro cariño con Nuria López, con su familia y sus allegados”, en alusión a la cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona) que fue asesinada el pasado 13 de marzo por un interno que luego se suicidó.

 

Recordó que la víctima “era personal laboral y ocurrió un hecho lamentable, que no tenía que haber ocurrido nunca, absolutamente excepcional e imprevisible”, pero también que “no se habría evitado aunque en marzo los funcionarios hubieran tenido ya el reconocimiento de agentes de la autoridad”.

 

El portavoz de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar señaló que “nos tenemos que enorgullecer de que España ha avanzado de forma sobresaliente durante estos últimos 40 años de democracia en materia de prisiones”, frente a la “vergüenza” de las cárceles que había tras el fin de la dictadura.

 

Criticó que desde determinados ámbitos “se inserte este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles y fuera de ellas”.

 

“ Es un discurso -dijo- que provoca una sensación de inseguridad que no se ajusta a la realidad y que acaba beneficiando el avance del discurso de las derechas” y puso un ejemplo de la semana pasada también en el Congreso “con el debate del endurecimiento de penas en materia de multirreincidencia por los delitos de hurto. Una reforma que consideraba habitual o masiva a una situación que no lo es y que proponía sanciones penales desproporcionadas atendiendo a la escasa gravedad de las conductas”.

 

Advirtió que “estos discursos que aceptan el populismo punitivo y que exacerban el autoritarismo, acaban dando votos a la extrema derecha”. Por el contrario, insistió en que “España tiene una tasa de criminalidad muy baja respecto a los países del entorno europeo, según Eurostat y cualquier organismo internacional que se coja. Somos uno de los países más seguros del mundo pero, sin embargo, llama la atención que seamos uno de los países con más reclusos en sus cárceles, con una elevada proporción de internos por habitante. Tenemos el doble de presos por millón de habitantes que tiene Alemania o un 25% más que Italia y esto nos tiene que hacer reflexionar”.

 

Para Santiago, las demandas que contiene la propuesta socialista “en la práctica no van a suponer un cambio que mejore la protección de los funcionarios” y apuntó que “hoy, prácticamente en la totalidad de los casos en los que se juzgan agresiones cometidas por internos respecto a funcionarios los jueces vienen reconociendo el carácter de autoridad de las víctimas”.

 

Falta de medios especializados y deficiencias sanitarias El diputado de IU sugirió que si la proposición a debate era tomada finalmente en consideración “se incluyan en su tramitación propuestas que solucionen los graves problemas que tienen las cárceles: como la falta de medios especializados para abordar el tratamiento de los internos e internas con necesidades especiales, porque esto afecta tanto a la población reclusa como a los funcionarios y personal de las prisiones”.

 

“También las deficiencias de los servicios sanitarios y de salud, la falta de personal médico y de enfermería, la mala remuneración de los que se desempeñan profesionalmente, la falta de medios técnicos para atender a los internos”, enumeró.

 

Enrique Santiago citó también “la preocupante ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas”. Puso el ejemplo de que un médico/a que tiene que atender a un interno “no puede acceder a su expediente sanitario en los sistemas de atención públicos de salud, salvo en las comunidades autónomas navarra, vasca y catalana, las únicas que han abordado este problema con seriedad, incorporando los servicios sanitarios penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de esas comunidades”.

 

Recodó que “el traspaso de la sanidad de prisiones a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas está previsto en la ley hace años”, por lo que la pregunta que hay que hacerse es “¿por qué 14 de las 17 comunidades autónomas no han dado este paso?”.

 

A su juicio, “esto sí que provoca situaciones de degradación de la convivencia en las prisiones y multiplica la peligrosidad debido a los problemas de salud, de salud mental, demasiado frecuentes entre los internos. ¿Se imaginan lo que es tener una persona con problemas de salud mental y que no esté recibiendo el correspondiente tratamiento?”

 

Abogó también por la necesaria de “incorporar el principio de igualdad de trato y no discriminación”, ya que se debe “garantizar que toda la actividad penitenciaria cumple con la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y hoy no se cumple. Las mujeres internas deben tener las mismas posibilidades de intervención tratamental y de clasificación interior que tienen los hombres internos”.