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Enrique Santiago ve en el Plan de Acción Democrática “un paso importante, aunque insuficiente” y confía en que se complete a pesar de que “a los socios les cuesta llamar las cosas por su nombre” El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar desmonta las mentiras de derecha y ultraderecha sobre que las medidas aprobadas atacan a la Corona o a la Iglesia Católica, y apunta que el “gran reto que queda por delante” en esta legislatura es “completar la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha valorado esta tarde el Plan de Acción Democrática aprobado horas antes por el Consejo de Ministros como “un paso importante, aunque aún insuficiente” de cara a la regeneración democrática que necesita el país, entre otros, por los ataques que parten de la derecha y la extrema derecha políticas, pero también mediática a través de los pseudomedios de comunicación y agitadores radicales propagadores de noticias falsas.

Santiago destacó en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso que este plan supone, de manera indudable, que “se dan pasos para acabar con las regresiones en materia de libertad de expresión que llevó adelante el Partido Popular en 2015”, además de que “se incluye la derogación de los delitos que afectan a la libertad de expresión”, entre ellos “los delitos de injurias a la Corona, delitos contra otras instituciones del Estado o delitos contra los sentimientos religiosos”.

El portavoz parlamentario de IU arrojó luz en respuesta a las dudas planteadas por los medios sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE para aceptar cambios legales en algunas de estas cuestiones y apuntó que “a nuestros socios a lo mejor les cuesta llamar las cosas por su nombre, pero el tema es clarísimo, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

“Se incluyen asuntos -detalló- que desde hace años insistimos que son imprescindibles para mejorar la calidad democrática: la eliminación de las sanciones a los periodistas por grabaciones en las manifestaciones, la regulación del derecho profesional de los periodistas y de los profesionales de los medios de comunicación, o acabar con una ley franquista del año 68, como es la Ley de Secretos Oficiales”.

Sobre esta última norma, reconoció su “sorpresa” de que “no pudo modificarse en la anterior legislatura”, y recalcó que a día de hoy “no tiene razón de ser en nuestro país y no sería aceptable en ningún otro lugar de Europa”.

En relación al rosario de delitos que aún contiene el Código Penal para limitar la libertad de expresión, Santiago afirmó con rotundidad que “en esto quiero ser muy claro, era imprescindible esta derogación para garantizar este derecho”. Al tiempo, apostilló que, además, “en ningún caso estas instituciones o la jefatura de Estado van a quedar sin protección”, todo lo contrario, “van a tener la misma protección que las leyes dan para cualquier español o española, para cualquier ciudadano”.

“Incluso en los casos de delitos de injurias a la Corona, el tipo general a veces hasta tiene una carga sancionadora más alta que los previstos en la normativa especial”, apostilló, respondiendo así a la campaña de desinformación orquestada desde la derecha política y mediática en su indisimulado ataque al plan, antes incluso de su presentación de hoy.

El responsable en temas de Justicia tanto de la dirección federal de IU como del Grupo Plurinacional tachó de “obligatorio” que se puedan “cumplir las sentencias condenatorias que tiene España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en especial en estas materias”, un tribunal internacional que “ya ha manifestado que la difamación a autoridades entra dentro de la crítica y que, en todo caso, para eso están los mecanismos de protección en el orden civil, que es lo que se va a preservar e incluso a reforzar”.

Ir más allá para acabar con la ‘Ley mordaza’

“Insisto -dijo-, todas las instituciones del Estado tienen suficiente protección sin esos tipos penales hiper cualificados, que lo único que han hecho es cercenar la libertad de expresión de comunicadores, artistas, imponer sanciones, llevar incluso a prisión a personas que tienen que ver con el mundo de la cultura. Eso es totalmente inaceptable en democracia”.

Tras felicitarse porque “avanzamos también en cuestiones como la lucha contra la corrupción”, algo “fundamental”, a través del refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción o con la creación de la Autoridad Independiente de Protección a los denunciantes de corrupción, Enrique Santiago dedicó una reflexión específica y especial a todo lo que tiene que ver con la denominada ‘ley mordaza’ impuesta por el Partido Popular en su etapa de gobierno, en cuyo intento de reforma fallido participó como ponente la pasada legislatura.

Calificó de “gran reto que queda por delante” que en esta legislatura “se pueda completar la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana”, lo que supone ir mucho más allá de la eliminación de su actual artículo 23 y las sanciones que establece contra los profesionales de los medios de comunicación que ejercen su trabajo en la calle.

De la misma forma, reconoció que “somos conscientes” de que “se requiere un gran pacto de todas las fuerzas democráticas para garantizar los derechos de participación ciudadana, de manifestación, todos esos derechos que fueron cercenados por la Ley de Seguridad Ciudadana”, por lo que espera que el plan de regeneración democrática aprobado hoy “sea un primer paso y que en breve consigamos esa derogación completa” del contenido de esta ‘ley mordaza’ que impuso el PP.

PP y Vox unen de nuevo sus votos para rechazar en el Congreso la propuesta de IU para exhumar del Panteón de Marinos Ilustres a los golpistas que dirigieron la masacre de la ‘Desbandá’ Engracia Rivera, diputada andaluza de Izquierda Unida en el Grupo Plurinacional Sumar, señala que “pedimos algo absolutamente lógico: el cumplimiento de la Ley de Memoria para que estos almirantes -Juan Cervera Valderrama y los hermanos Francisco y Salvador Moreno Fernández- dejen de recibir honores y de compartir espacio con los que sí fueron marinos ilustres de nuestra Armada; solo queremos verdad, justicia y reparación, no es venganza”

La derecha del Partido Popular y la ultraderecha de Vox han sumado de nuevo en el Congreso intereses y votos para tumbar la iniciativa impulsada por Izquierda Unida, a través del Grupo Plurinacional Sumar, para exhumar del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz) a los almirantes golpistas enterrados allí hace décadas. Además de su implicación directa en el golpe de Estado fascista de 1936, en febrero de 1937 participaron de forma destacada en los trágicos hechos conocidos como la ‘Desbandá’, el bombardeo indiscriminado a más de 100.000 civiles que huían del avance franquista por la carretera Málaga-Almería, donde fueron masacradas entre 4.000-5.000 personas, en gran parte mujeres y menores.

Engracia Rivera, diputada andaluza de IU, ha destacado esta mañana al defender el texto en la Comisión de Defensa que “pedimos algo absolutamente lógico: el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y que esos tres marinos franquistas -Juan Cervera Valderrama y los hermanos Francisco y Salvador Moreno Fernández-, nada ‘ilustres’ si se repasa su currículum de servicio, dejen de recibir honores y dejen de compartir espacio con los que sí fueron marinos ilustres de nuestra Armada”.

“Solo queremos verdad, justicia y reparación -incidió Rivera-; no es venganza, sino que hay que borrar cualquier vestigio de apología y homenaje al franquismo en cualquiera de nuestras instalaciones militares. Son incompatibles con la actual legislación de Memoria y el Estado debe ser el primero obligado a dar ejemplo, cumpliendo con la legislación vigente”.

La proposición no de ley ha tenido los 18 votos en contra de PP, Vox y del diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en representación del Grupo Mixto, frente a 17 votos favorables. En el resultado influyó de forma destacada la comentada ausencia de los representantes de PNV y Junts, que no acudieron en toda la mañana.

De esta manera, no se pondrá en práctica la propuesta que insta, entre otras cuestiones, a llevar a cabo la exhumación de estos militares fascistas “por su implicación directa en el golpe de Estado de julio de 1936 en la rebelión en las bases navales y arsenales de Ferrol y Cádiz (…), además de la comisión de crímenes de guerra derivados, al menos, de su participación directa o indirecta en la masacre de la Carretera Málaga-Almería y su participación en la represión llevada a cabo durante la dictadura franquista”.

Tampoco se podrá hacer efectiva “la inmediata retirada del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando de cualquier elemento contrario a la Memoria Democrática, especialmente en los que se realicen menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura (…)”.

La Ley de Memoria Democrática establece en su artículo 35 que ‘las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada’ de aquellos símbolos contrarios a la Memoria Democrática. El artículo 38 dispone que ‘los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio (…)’

Izquierda Unida entiende que “no resulta ni legal ni moralmente aceptable que tales restos, ni sus lápidas y símbolos, continúen en el panteón gaditano de San Fernando”, un recinto del Ministerio de Defensa con acceso al público en general.

Engracia Rivera argumentó que “más de 100.000 personas indefensas y desarmadas fueron despiadadamente atacadas por tierra, por tropas italianas del norte de África y franquistas; por aire, por la Luftwaffe, y por mar, por estos señores que acabo de nombrar, que causaron miles de muertes de inocentes”. Lamentó con tristeza que esta tragedia sea “desgraciadamente demasiado parecida a la que lleva, por ejemplo, sufriendo el pueblo palestino desde hace casi un año”.

La diputada de IU recordó la destacada labor de eminentes personas que han trabajado para mantener vivo el recuerdo de la ‘Desbandá’, como el doctor canadiense Norman Bethune, que documentó para la Historia estos hechos, así como “muchos movimientos sociales en Málaga, Almería y Granada, que han trabajado y luchado por la recuperación de esa memoria”. Dedicó un recuerdo especial a “una persona que ya no está entre nosotros, al compañero llamado José Manuel Luque, que hasta el día de su muerte luchó y peleó por la recuperación de la memoria de esa ‘Desbandá’ y reivindicó la injusticia de la muerte de tantos miles de inocentes”.

Las derechas se empeñan en plantear el debate sobre financiación autonómica como un choque entre territorios.

Sólo desde la justicia social y desde el principio de equidad será posible articular un consenso que garantice los mismos derechos para todas las personas.

Los ataques terroristas y de sabotaje que Israel está cometiendo contra toda la población libanesa solo se pueden leer como un intento deliberado para forzar una respuesta desde Líbano y escalar la guerra contra toda la región árabe.

Permitirle todo a Israel es una política temeraria que pone en peligro a la región árabe, y a todo el planeta.

Es urgente romper las relaciones diplomáticas con Israel, imponer un embargo militar real y llevar a sus dirigentes genocidas y racistas ante la justicia.

Comercio con Israel 

Mientras tanto, diferentes organizaciones sociales y también algunos de los aliados de Sánchez critican que continúan los intercambios comerciales con Israel. Por un lado, como ha ido informando el diario Público, el Ministerio de Defensa ha continuado firmando contratos con empresas armamentísticas israelíes en plena masacre en Gaza. 

El Ministerio que dirige Margarita Robles formalizó el 16 de agosto un acuerdo con NCT, una de las proveedoras de las Fuerzas Armadas de Israel. Cuatro días antes autorizó una compra a Elbit Systems, otra contratista del área militar.

También destaca la publicación de un informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz que denuncia que las relaciones de comercio de armas con Israel no han cambiado desde que se intensificó la masacre en Gaza. Concretamente, desde el 7 de octubre de 2023 se adjudicaron contratos públicos de compra de armamento a empresas de seguridad y defensa israelíes o sus filiales en España por valor de 1.027 millones de euros.

Respecto a la compra de armamento por parte de España, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Comercio recurre al "límite de acceso a la información" contemplado en la Ley de Transparencia de 2013 para no detallar estas operaciones. 

Aparte de estas cuestiones, la organización Who Profits denunció, según publicó este medio, que seis empresas españolas hacen negocio en los territorios ocupados de Palestina. Sumar registró entonces una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno para pedir que se sancionen a estas empresas. 

Hoy se ha presentado la propuesta de la coalición Sumar para el debate de los Presupuestos Generales del Estado del 2025.

Izquierda Unida ha trasladado sus propuestas, valientes y necesarias para continuar ampliando derechos en el marco del gobierno de coalición y como respuesta al bloqueo institucional que la derecha impone sobre materias como vivienda, sanidad o educación.

Esta es solo una selección, puedes ver el documento completo en iunida.org/pge2025