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IU defiende una “amplia reforma de los modelos de financiación autonómica y local”, con un sistema “justo para todo el Estado, que garantice la solidaridad y los servicios públicos” “Existe un problema global de financiación autonómica y no solo con Cataluña”, de ahí que ante el debate abierto por el acuerdo entre el PSOE y ERC, tal y como se ha explicado públicamente, “Izquierda Unida se reafirma en la vigencia de un modelo federal y solidario que beneficie a la clase trabajadora del país en función de sus necesidades y no del territorio donde habite”

Izquierda Unida defiende desde hace años la necesidad de abordar una “reforma en profundidad del modelo de financiación autonómica, lo mismo que del modelo de financiación local”, para solucionar las “desigualdades constatadas hace mucho tiempo entre territorios”. Llevarlo a cabo requiere buscar un “modelo estable y justo para el conjunto del Estado”, que garantice la “solidaridad entre territorios” y la “defensa de los servicios públicos”.

Esta formación entiende que las “necesidades reales de las personas deben estar por encima del hecho territorial en que se produzcan”. Ponerlo en práctica requiere también estar muy atentos para “evitar que nadie se pueda arrogar la potestad de agitar el fantasma del enfrentamiento entre comunidades autónomas por intereses meramente partidistas o territoriales”, que muchos consideran especialmente rentables, mucho más cuando la defensa de lo público nunca ha estado entre sus prioridades.

De la misma forma, ante el debate por el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para avanzar en la autonomía fiscal para Cataluña, dentro del marco para la formación de un nuevo gobierno catalán, Izquierda Unida manifiesta:

1. El actual modelo que regula el sistema de financiación autonómico, que no se debe olvidar data del 2009, se reveló hace ya tiempo “desigual”, con unos territorios especialmente perjudicados frente a otros, si se parte de la comparación de lo que recaudan por habitante y lo que reciben.

“El sistema no funciona”, lo que no significa que “se puedan buscar atajos o soluciones particulares” que, con la excusa de acabar con las tensiones del sistema general, den pie a la posible generación de distorsiones aún más profundas.

2. IU considera que “existe un problema global de financiación autonómica y no solo con Cataluña”. De la misma forma, “las salidas singulares son el resultado de un modelo de financiación superado hace tiempo, y cuyas consecuencias son una financiación a cuenta y que no cumple siquiera con el mandato de los diferentes Estatutos de Autonomía”, a pesar de ser leyes orgánicas y de formar parte del bloque constitucional. Cumplir con las obligaciones estatutarias o, en todo caso, acometer su desarrollo no debe ser discutible en cualquier modelo de financiación.

Para esta formación, “no ha lugar a cuestionar lo aprobado en los estatutos de Cataluña o de otros territorios como parte de estos acuerdos”.

3. Cualquier modificación sobre financiación de las comunidades que están en el régimen común pasa por una reforma de la LOFCA y requiere trabajar una correlación de fuerzas en el Congreso que la permita. Si se abre ese debate parlamentario, IU defenderá su propuesta solidaria y federal, que debería ser de mirada amplia (más allá de la LOFCA) para abordar la inaplazable reforma del modelo de financiación local que también sustenta un número importante de derechos de ciudadanía

4. IU defiende “un modelo de Estado federal, solidario y de suficiencia financiera vinculada al mantenimiento de los servicios públicos y a la población, y no a los territorios”.

5. Desde IU se echa de menos, como pasaría en todo acuerdo de financiación de servicios a la población, referencias a la “necesaria reforma fiscal para la obtención de recursos y garantía de suficiencia financiera”, así como la “condicionalidad vinculada al cumplimiento solidario de aporte fiscal desde las comunidades para evitar ‘dumping’ o bajadas de impuestos por donde se escapa la mayor financiación de servicios.

6. El Gobierno de coalición progresista no debería dejar pasar la oportunidad de abordar una reforma del sistema de financiación autonómica, en consonancia con la demanda manifestada por la mayoría en las elecciones generales de hace poco más de un año, para temer un Estado mejor y con más capacidad de atender con servicios públicos adecuados a toda la población, especialmente a la más vulnerable.

7. En consecuencia, la “propuesta de reforma de IU debe pasar necesariamente por las siguientes fases: 1. Un plan de reducción condicionada de la deuda que la mayoría de las comunidades tienen con el Estado. 2. Una reforma fiscal para lograr una financiación autonómica justa. 3. Garantizar un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todos los territorios”.

Izquierda Unida tiene toda su propuesta perfecta y suficientemente desarrollada, pero a modo de explicación sucinta destaca que la deuda estatal “debería cancelarse en plazos anuales, hasta un total de ocho ejercicios. No tendría impacto neto en la deuda global de las administraciones públicas, ya que lo que asume el Estado, lo reducen las comunidades”.

Una imprescindible reforma fiscal

Esta cancelación estaría ligada a una denominada ‘condicionalidad positiva’, ya que la holgura financiera por el menor gasto financiero y la no amortización de la deuda con el Estado tendrá que ir destinada a incrementar el gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales (Educación, Sanidad y Servicios Sociales) y a la no realización de rebajas impositivas en los tributos cedidos, ni en los impuestos propios de las comunidades beneficiadas

La reforma fiscal para garantizar una financiación autonómica justa pasa para Izquierda Unida por una batería de propuestas que afectan a múltiples impuestos. Entre ellas, están “reformar el Impuesto sobre el Patrimonio para convertirlo en un verdadero impuesto a las grandes fortunas; actualizar la normativa básica del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que debería servir también para establecer una base liquidable homogénea y para revisar ciertos elementos de la estructura del tributo; eliminar la capacidad normativa sobre los mínimos personales y familiares en el IRPF a nivel autonómico, cuya función es la de determinar un nivel mínimo de renta no sometido a gravamen o impulsar el establecimiento de tasas turísticas que puedan revertir en los municipios con más afectación para que puedan compensarse los efectos negativos que pueda conllevar el turismo”.

En cuanto a la garantía de un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todos los territorios, la reforma del modelo de financiación autonómica “debe poner en marcha un esquema de nivelación total, que iguale la cobertura financiera de todos los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de los territorios”.

Esto pasa, por ejemplo, por fijar suelos mínimos de gasto público social en porcentaje sobre el PIB: 8% para Sanidad, 6% para Educación y 3% para servicios sociales y sistema de cuidados.

En ningún caso los fondos que se establezcan para compensar unas comunidades a otras estarán sujetos al criterio de ordinalidad (la ordenación de las Comunidades Autónomas en términos de financiación per cápita respetando el ranking de las mismas en términos de capacidad fiscal) si es contrario al principio de solidaridad y tampoco puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación, ya que está ausente de cualquier texto legislativo al respecto.

Por último, aunque el indicador de población ajustada seguiría siendo válido para el nuevo modelo, deben revisarse tanto las variables que lo integran como las ponderaciones asignadas a las mismas, con su justificación técnica y el suficiente consenso metodológico, para mejorarlo como proponen muchos expertos.

Si se supera el actual sistema de financiación autonómico, apostamos por un modelo más federal, más solidario y multilateral, con la participación de todas las comunidades autónomas.

La Justicia europea contradice a Mañueco y sentencia que la caza del lobo ibérico en Castilla y León es ilegal El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que las autoridades deben implementar medidas de protección para las especies que se encuentren en situación desfavorable o corran el riesgo de estarlo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que la ley de Castilla y León, que permitía la caza del lobo ibérico, viola el derecho europeo. La legislación autonómica, aprobada en 2019, declaraba este animal como especie cazable en terrenos situados al norte del río Duero entre 2019 y 2022, lo que ponía en peligro a 339 ejemplares. La sentencia contradice la postura del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que defendía unas políticas ineficaces para asegurar la conservación de este animal.

Puedes leer todo el artículo en: https://www.publico.es/sociedad/justicia-europea-contradice-manueco-y-sentencia-caza-del-lobo-iberico-castilla-y-leon-ilegal.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-big

Entrevista de nuestro coordinador, Antonio Maíllo, en Noticias de Navarra sobre la actualidad política.

"Pienso que hay que actuar en política en el matiz, en la proporcionalidad en función de lo que se hable, en la pedagogía como método de explicación y transmisión a la gente. En una frase de Julio Anguita, hacerlo “desde el poder amable de la razón”. Si uno siente que tiene razón, no por eso tienes que ser un crispado ni insultante, sino ser pedagógico y didáctico en las propuestas para seducir a la gente."

https://www.noticiasdenavarra.com/politica/2024/07/27/ofrezco-contribuir-solidez-reencuentro-reconciliacion-8524206.html

En la Ribera del Duero: "Agua que no has de beber … déjala correr"

Eso dice el refrán castellano. Y en muchos pueblos de Castilla y León el problema es que tienes que dejarla correr toda porque no es apta para el consumo humano. Esto sucedía como excepción en algunos pueblos y ahora empieza a ser la norma. Últimamente en algunos de los alrededores de la Ribera del Duero, como Valdeande, pueblo en el que tengo la suerte de pasar gran parte de los veranos desde hace muchos años, no se puede beber agua del grifo.

Ha habido veranos en los que había problemas de abastecimiento de agua. Es normal que donde viven unos pocos vecinos en invierno, cuando llegan cientos de veraneantes puedan tener ese problema porque se incrementa el consumo de agua potable por el incremento de 5, 10 ó 20 veces la población residente. Lo que es más reciente es que no podamos beberla, por recomendaciones sanitarias, porque no es potable.

¿En qué momento el agua del grifo dejó de ser potable? Porque en las fuentes ponía que el agua no cumplía los requisitos higiénico sanitarios porque decían que no se hacían pruebas al agua que manaba por el coste económico que ello suponía. Resulta que tampoco se hacían pruebas al agua que salía de los grifos de nuestras casas.

Con eso de que Burgos es la provincia que tiene más pueblos de toda España y que Castilla y León la Comunidad que más municipios tiene, parece que con esta excusa solucionamos todos los problemas que haya sin hacer nada. Y, sin embargo, se dedican gran cantidad de recursos a los pueblos para la realización de determinadas obras o actividades culturales siempre que sean del beneplácito de la Diputación, que es la que tiene recursos para todo lo que vaya más allá del gasto común del Ayuntamiento.

Me parece bien que gastemos recursos en lo accesorio siempre y cuando los gastemos previamente en lo fundamental. Tal vez el problema de la derecha que gobierna la mayoría de Diputaciones y la Junta de Castilla y León sea que le gusta demasiado que quienes más dinero tienen no lo aporten para la políticas necesarias como que de los grifos salga agua potable con todas las garantías. Los impuestos son necesarios, en este caso tan necesarios como el agua.

Y aquí tendremos que recuperar un debate político que no quieren hacer las derechas en los pueblos, que tiene que ver con la situación del campo y de la ganadería y si todos los productos e instalaciones cumplen con la normativa del sector primario en Castilla y León. Recuerdo cuando el ex-ministro Alberto Garzón cuestionó la calidad de algunas de las carnes que se producían en el sector ganadero en España. Y el PP, aprovechando que Mañueco había convocado elecciones anticipadas en Castilla y León para cambiar de socio en la Junta, criticó duramente las palabras del entonces ministro de Consumo sin querer hacer un debate político profundo de cómo se está produciendo la alimentación en nuestra Comunidad.

Y como no hubo debate tampoco se tomaron las medidas pertinentes para que las cosas no siguieran empeorando y ahora no podemos beber agua del grifo.

Recordemos también que la respuesta del Secretario general del PSOE fue que a él le gustaba el chuletón poco hecho. Luego tampoco podemos esperar cambios estructurales de quienes no quieren hacer debates en profundidad sobre la verdadera situación de los pueblos de nuestra Comunidad. El tercero en discordia, la extrema derecha, se ha salido de la Consejería de Agricultura por la acogida de 21 menores migrantes procedentes de Canarias. Como si no hubiera necesidades en el campo que requieran políticas que permitan facilitar la contratación de mano de obra migrante para realizar determinados trabajos como la vendimia o la recolección de determinados frutos.

El pasado mes de mayo, la Asamblea federal de Izquierda Unida aprobaba una resolución que partía de Baños de Valdearados, localidad gobernada por IU, proponiendo medidas para evitar la contaminación de las aguas que llegan a los grifos de la ciudadanía.

La resolución reclamaba agua limpia y potable para nuestros pueblos: la ampliación de la estaciones de control de la calidad del agua, mejorar la frecuencia de las analíticas a realizar a los distintos pueblos, la realización de pruebas en las fuentes naturales, establecer zonas vulnerables a los nitratos, establecer códigos de buenas prácticas agrarias de obligado cumplimiento, una moratoria de los nuevos proyectos de ganadería intensiva y de ampliación de los proyectos existentes y desarrollar un plan estratégico de ganadería para determinar la carga máxima para Castilla y León.

Todo a raíz de un artículo en el Diario de la Ribera publicado por Begoña Cisneros en abril de este año en el que se hacía eco de una noticia generada por el grupo de Polímeros de la Universidad de Burgos que llevó a cabo un estudio de la calidad del agua y que se preguntaba si: ¿Estamos bebiendo agua de calidad en la Ribera del Duero? La respuesta era que no ya que de los 13 análisis realizados por la UBU, recibidos de personas voluntarias, un 61,5% de los casos se observa un alto nivel de nitratos, un porcentaje mucho mayor que el obtenido en toda la provincia  y por encima de los niveles recomendados para el consumo humano.

El agua de las piscinas sí que recibe inspecciones de la Consejería de Sanidad de la Junta pero cuando hay que hacer pruebas del agua para el consumo humano tienen que ser personas voluntarias las que lleven las muestra a analizar. Curiosas cuanto menos, las prioridades de la Junta para con la población de la Ribera del Duero. Ante los resultados, quienes hicieron la investigación recomendaban evitar beber las aguas afectadas por altos niveles de nitratos y pedían a las autoridades la realización de contra análisis para verificarlos e informar a la población y tomar medidas para evitar esta amenaza de salud pública.

¿Qué medidas ha tomado respecto a esta noticia la Junta de Castilla y León? Preguntaremos en las Cortes, pero me temo que ninguna. Las mismas de siempre. Y casi cuatro meses después seguimos sin poder beber agua del grifo en los pueblos de la Ribera del Duero.

Juan Gascón, coordinador de general de Izquierda Unida de Castilla y León

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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA

Carlos Medina Martín, como portavoz del Grupo Municipal PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, según lo establecido en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, presenta al Pleno para su debate y, si procede, la aprobación, la siguiente MOCIÓN:

ANTECEDENTES:

1.- La Organización de las Naciones Unidas, en el Principio 2 (El deber de la memoria) del documento de la Comisión de Derechos Humanos “Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, señala que “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. 2.- La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática establece que “Las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista fueron condenadas en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado en París el 17 de marzo de 2006. Los hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la Guerra de España se cometieron gravísimos crímenes y que durante la posterior dictadura franquista se estableció un sistema político autoritario que reprimió masivamente todo atisbo de oposición política de manera sistemática y generalizada. Como indica el referido informe del Consejo de Europa, en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica. La ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión.” 3.- El 4 de abril de 2024, la mesa de las Cortes de Castilla y León admitió a trámite la proposición de ley de concordia presentada por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox. La mal llamada proposición de ley de concordia, si es aprobada, sustituirá al Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera. En ese decreto se establece que: “Por ello, la Junta de Castilla y León, en el marco de su Estatuto de Autonomía, reconoce, en su ámbito territorial, la deuda que la Nación Española tiene con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista.” Además, insta a “Los poderes públicos de Castilla y León, con la imprescindible colaboración de las asociaciones y entidades constituidas para la defensa de la memoria histórica, deben honrar a todos los que, de una u otra forma, padecieron las consecuencias de la guerra civil y la dictadura franquista y sufrieron violencia por su ideología, sexo, orientación sexual, o religión, así como a sus familias, con el fin de crecer en el pluralismo, afianzar la reconciliación, y promover la concordia, la justicia, y la defensa pacífica de las ideas.” Este decreto es claramente insuficiente, pero suponía un reconocimiento a las víctimas y a sus familias, hablando de la realidad de los hechos, de una guerra civil y de la posterior dictadura, eso sí, sin entrar en lo que supuso la represión y vulneración de derechos humanos durante cuarenta años en nuestra comunidad y en nuestro país. 4. - En cambio, el texto de la proposición de ley se limita a recoger que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo”, y agrega que “las nuevas generaciones que no vivieron estos hechos han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad”. Claramente estos hechos suponen un evidente, malintencionado y burdo retroceso democrático en nuestra autonomía, y una vulneración de los derechos humanos inaceptable en el siglo XXI dado que, con esta propuesta de ley, se pretende encubrir crímenes contra la humanidad. 5. - El general Franco fue uno de los más activos impulsores y participantes en el alzamiento militar contra el gobierno legítimo de la República en julio de 1936 y responsable de la muerte de cientos de miles de personas como consecuencia de la guerra que siguió al golpe de estado y de la represión durante la misma y la posterior dictadura encabezada por él mismo. Con motivo de una moción de alcaldía, “Concesión de Medalla de oro de la Villa al Jefe de Estado” (expediente 0499/1959 custodiado en el Archivo Municipal, caja 2119, legajo 30), el 19 de marzo de 1960, en el Palacio del Pardo, residencia del jefe del Estado, el alcalde de Aranda de Duero, Luis Mateos Martín, impuso al dictador, Francisco Franco, la Medalla de la Villa. 6. - El capitán de la Guardia Civil Enrique García Lasierra asumió el mando de la sublevación de julio de 1936 en Aranda de Duero y fue “el responsable de los cerca de mil asesinatos y de todos los actos represivos cometidos en la zona”, según el estudio llevado a cabo por José María Rojas en su libro Semilla de Libertad (2009). En las fiestas patronales del año 1937 se le entregó un magnífico pergamino obra de Don Alejandro Higuera, nombrándole Hijo Adoptivo de Aranda. 7. - En los días posteriores al alzamiento militar de julio de 1936, fueron detenidos los miembros de la Comisión gestora municipal del Ayuntamiento de Aranda de Duero: Felipe Gutiérrez Catalá (Alcalde), André Sánchez García (Primer Teniente de alcalde), Tomás Requejo Requejo (Segundo Teniente de alcalde y diputado provincial), Ciriaco Martín López (Tercer Teniente de alcalde), Gregorio Picó Guijarro (Concejal) y Pascual Molinero Cebrecos (Concejal). Todos ellos fueron asesinados el 25 de agosto de 1936 y arrojados a la fosa de la Andaya, en Quintanilla de la Mata, cerca de Lerma. Sus restos fueron exhumados en 2007 y hoy reposan en el memorial del cementerio de Aranda de Duero. 8. - Resulta de una indignidad incompresible que el Ayuntamiento de Aranda de Duero mantenga los títulos y distinciones concedidos al golpista y dictador, Francisco Franco, y a uno de los más destacados represores, torturadores y asesinos, tanto de hombres como de mujeres adultas, jóvenes, niñas y niños, durante los primeros días del golpe de estado de julio de 1936 en nuestra localidad, como el anteriormente mencionado capitán de la Guardia Civil, Enrique García Lasierra, así como que nunca se haya reconocido institucionalmente a la Corporación municipal que fue vilmente asesinada tras el alzamiento militar.

Por todo ello, el Grupo Municipal de PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA del Ayuntamiento de Aranda de Duero presentamos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ACUERDOS PLENARIOS:

1. Seguir colaborando con las asociaciones y entidades constituidas para la defensa de la memoria histórica, y atendiendo sus necesidades, estableciendo una relación de estrecha cooperación que implique la puesta a disposición para ellas de recursos materiales, humanos y económicos, si así lo solicitan, por parte de este consistorio. 2. Hacer todas las gestiones necesarias con el fin de recuperar los terrenos de lo que fue el Campo de prisioneros franquista de Aranda de Duero entre 1937 y 1939, y sea protegido, rehabilitado y declarado Lugar de Memoria Democrática y forme parte de itinerarios y referencias pedagógicas de la Historia Contemporánea de la España del siglo XX. 3. Anular y retirar la concesión de la Medalla de la Villa al golpista y dictador Francisco Franco Bahamonde, que le fue impuesta, en el Palacio del Pardo, el 19 de marzo de 1960. 4. Que se anule el nombramiento de Hijo Adoptivo de Aranda, acordado en 1937, al capitán de la Guardia Civil Enrique García Lasierra, artífice de la represión llevada a cabo en Aranda en los primeros días del golpe de estado de julio de 1936. 5. Reconocer y homenajear a la Corporación municipal asesinada el 25 de agosto de 1936 a través de una placa conmemorativa en un lugar visible del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 6. Identificar, si aún quedan, posibles vestigios de simbología franquista presentes en el término municipal que deban ser retirados en cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. 7. Fijar en el calendario anual de actos institucionales del término municipal, eventos de memoria histórica, reconocimiento a las víctimas y condena al régimen franquista responsable del golpe de estado. 8. Instar a la Junta de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León a la paralización y posterior retirada de la proposición de ley de concordia aceptada por la mesa de las Cortes el pasado 4 de abril de 2024.

Una segregación sistémica y creciente delante de nuestros ojos

Se acaba de presentar el segundo estudio sobre la segregación escolar de la Federación de Mujeres Gitanas Kamira (coordinado por pedagogo gitano Fernando Macías)1. Sus datos, no por consabidos, son menos demoledores:

En nuestro país el 60 % de las niñas y niños gitanos están escolarizados en centros guetizados, en los que solo hay alumnado gitano o en los que existe una alta concentración. La segregación escolar no solo persiste, sino que ha crecido en los últimos años. “En España hay un serio problema de segregación escolar étnica, de dimensiones colosales, sistémica e institucional” (Fernando Rey). “España se encuentra entre los países de la Unión Europea con un sistema educativo más segregado” (id.) En numerosos centros de primaria se sigue sacando a muchos alumn@s gitan@s a apoyos fuera del aula ordinaria, y en muchos casos ya desde los primeros cursos. Con el eufemismo de “adaptación curricular” a una parte considerable del alumnado gitano se le pide que realice actividades simplificadas distintas del resto de la clase y que le alejan del currículo ordinario. En muchos centros de secundaria en los últimos años se está poniendo de moda crear un grupo C de Educación Compensatoria en 1º y 2º de ESO, cuyo “alumnado destinatario” es el “perteneciente a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja” “en 1º y 2º de ESO” (… ¡En 3º ya no hace falta!). Vulneración de los derechos constitucionales y de la legislación educativa

La segregación escolar implica una discriminación estructural y una seria violación de los derechos de la infancia. El constitucionalista y exconsejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey (Segregación escolar en España, 2021) se muestra taxativo al respecto: “La segregación escolar supone una violación flagrante del derecho a la educación y del derecho fundamental a no sufrir discriminación del artículo 14 de la Constitución Española”. Además, toda forma de segregación choca frontalmente con las prescripciones de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que hace de la equidad y la inclusión los principios rectores de la educación en nuestro país (en dicha Ley Orgánica hay un total de 110 referencias entre los términos “inclusión”, “igualdad” y “equidad”).

Una situación tan escandalosa como silenciada

La segregación es una verdad sangrante e incómoda… pero invisibilizada y aceptada de un modo acrítico y tácito. “Parece que todo el mundo está contento. […] Estamos en una especie de ficción, como que aquí no pasa nada y, sin embargo, es un desastre” (Fernando Rey).

Consecuencias devastadoras

Durante siglos y hasta bien entrado el siglo XIX en medicina se utilizaron las sangrías como remedio terapéutico y hasta con fines preventivos, basándose en presupuestos erróneos y por el mero peso de la inercia, a pesar no solo de su ineficacia, sino de sus efectos perversos sobre la salud. Pues bien, la segregación escolar (con independencia del compromiso y la calidad del profesorado de apoyo y de los centros guetos, que es algo que no se cuestiona en este estudio, pues el yerro no estriba en los que aplican esta terapéutica, sino en la propia “pedagogía terapéutica” refrendada por la institución) va en contra de las evidencias científicas y tiende a generar unas consecuencias desastrosas:

1) Obstaculiza la convivencia interétnica y la inclusión social y provoca una ausencia (o menoscabo) del conocimiento mutuo. Constituye una merma de socialización democrática para el alumnado gitano y también para el resto. Proyecta una imagen negativa del alumnado separado y segregado. Una escuela o un aula segregadas echan sus raíces en una sociedad segregada y, a su vez, configuran y refuerzan una sociedad segregada, que perpetúa la discriminación racial y alimenta la discriminación y la persistencia de la estigmatización de la población gitana, así como los mutuos prejuicios y estereotipos.

2) Daña la autoestima académica. La segregación entraña una profecía negativa (se te pone aparte porque tu lugar no es el de los demás), que se cumple a sí misma (en la inmensa mayoría de los casos el alumno que es objeto de segregación ya no abandona el carril de la enseñanza segregada en toda su escolaridad). Las bajas expectativas de los distintos agentes educativos sobre los aprendices se convierten en pronóstico de fracaso, que tiende a cumplirse (algo ya sabido al menos desde R. Rosenthal y L. Jacobson (1968), si bien, a mi juicio, no se ha llamado la atención lo suficiente sobre el sesgo racialista de muchas de las profecías negativas del ámbito educativo). La segregación escolar implica un señalamiento y un mensaje implícito de menos valía, una pérdida de referentes pro-académicos y en la mayor parte de las ocasiones un currículo empobrecido. Todo ello redunda en un descenso de las expectativas académicas hacia el alumnado separado y en una merma de las aspiraciones escolares de su familia y de su implicación. Como señala Fernando Macías, “¿Estaríamos a gusto en una escuela donde no se nos trate igual? Si una persona no aprende en el aula, es normal que no se implique”.

3) Comporta pérdida de oportunidades de aprendizaje. Con la distancia física y curricular y sus efectos de merma aspiracional y de autoestima, se resiente la vinculación social y académica del alumnado separado y, en consecuencia, tiende a descender su rendimiento y a instalarse un retraso escolar creciente y acumulativo, con el consiguiente fracaso escolar… ante el que, con harta frecuencia, se remite a nuevas segregaciones, que contribuyen a ahondar aún más la distancia curricular y la desmotivación… y cuya única salida suelen ser los itinerarios escolares “básicos” y terminales y, finalmente, el abandono escolar precoz, vivido como liberación de una situación frustrante. “¿Para qué voy a seguir estudiando si lo que hago es desaprender?”, “Suspendo hasta el recreo”, “Me pusieron en un grupo de compensatoria con inmigrantes que no sabían español… que yo me decía: ‘¿Qué hago yo aquí?’” son comentarios que me han realizado adolescentes gitanos.

4) Las prácticas diferenciadoras favorecen la aparición de actitudes y conductas reactivas. Las separaciones de sus hijos e hijas del resto del alumnado tienden a alimentar en las familias la desconfianza en las instituciones sociales y educativas y el pesimismo ante la estructura de oportunidades y ante las posibilidades de la escuela como factor de promoción social. La segregación escolar dificulta el ver el centro escolar de manera cercana y útil para mejorar las opciones vitales de sus menores y lleva a percibirlo de manera ajena y en ocasiones hostil. Se va generando así en las familias un sentimiento de “indefensión aprendida” (Martin Seligman) y un círculo vicioso de desaliento, que puede dar lugar a actitudes reactivas y defensivas: la poca implicación es una manera de protestar ante la percepción de mala acogida y escasos resultados académicos de sus hijos e hijas. La falta de seguimiento de las prescripciones escolares y el absentismo se configuran así en manifestaciones de su descontento y se tornan reacciones circulares, en cuanto que remiten a un malestar ante la situación escolar, pero cuyo efecto es reducir los logros y la conexión académica de sus hijos e hijas y, en consecuencia, van a aumentar dicho malestar.

A su vez, “el estereotipo, el conflicto y la desconfianza pueden impulsar a las escuelas a adoptar posturas defensivas ante este alumnado, en forma de evitación, control, segregación, paternalismo y sanciones disciplinarias. […] Las consecuencias de todo ellos son: deficiente comunicación entre maestros y padres y entre maestros y alumnos, reproches mutuos, culpabilización del alumno…” (John Ogbu).

Por otra parte, esta desconfianza mutua y estas profecías negativas y los malos resultados consiguientes alimentan un efecto dominó negativo de adolescentes que no estudian, al carecer de referentes de éxitos académicos en su medio.
Como fruto de todo ello, se va generando una progresiva desvinculación escolar del alumnado gitano, que llega a interiorizar: “Yo no sirvo para estudiante”, “Aquí no pinto nada, el colegio/instituto no está hecho para mí, esto es un rollo, no me aceptan”, “Nosotros no podemos estudiar como los payos”. Y, finalmente, la salida no es otra que el abandono escolar precoz y un repliegue en el marco de referencia del propio grupo de un modo exclusivo (cumpliéndose así la profecía y el círculo vicioso de la exclusión).

5) Las prácticas diferenciadoras tienden a generar desigualdad educativa y lastran el futuro de las niñas y niños gitanos. “La repetición y la segregación no solo son ineficaces para ayudar al alumnado con bajo rendimiento a superar sus dificultades en la escuela, sino que contribuyen a reforzar las desigualdades socioeconómicas” (OCDE, 2014). Existe una retroalimentación entre segregación escolar y marginación: el apartarlos físicamente en la institución escolar (al considerarlos menos preparados académicamente debido a sus condiciones socioeconómicas desfavorecidas) contribuye a cronificar la brecha educativa y la desigualdad con respecto a la sociedad mayoritaria. La separación de escolares por motivos étnicos y socio-económicos hace muy improbable la consecución de titulaciones académicas y, en consecuencia, agrava las situaciones de discriminación y va a mermar las oportunidades laborales y la reducción de opciones vitales del alumnado proveniente de minorías étnicas. Los matrimonios tempranos, los trabajos etnificados y precarios y la reclusión en el propio grupo se constituyen así en las únicas salidas viables para estos chavales. Los resultados de esta dinámica circular son la perpetuación de la discriminación racial durante generaciones y la transmisión intergeneracional de la pobreza.

¿En qué se funda la segregación? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La magnitud y las consecuencias de la segregación escolar nos deben interpelar y hacernos preguntar cómo hemos llegado a esta situación, qué factores y dinámicas están incidiendo. La segregación escolar constituye una realidad compleja, un entramado que se nutre de diversos factores relacionados entre sí:

1) El principal factor incidente en la segregación es de tipo ideológico, de conceptualización. La segregación nos remite a unos presupuestos sociales y pedagógicos de subestimación, de poca valoración de las posibilidades académicas de las familias y del alumnado gitano. Consciente o inconscientemente, se parte de la premisa o pre-supuesto de considerar que las y los alumnos gitanos van a presentar mayores dificultades para el aprendizaje y son especialmente problemáticos, menos capaces y trabajadores y menos convenientes para los demás y que sus familias no valoran suficientemente la educación de sus hijos e hijas. Por escandaloso que nos pueda parecer, esa escasa consideración del alumnado gitano y de sus familias es una consecuencia del antigitanismo, echa sus raíces en una estigmatización del Pueblo Gitano (a partir de una generalización o estereotipo negativo o prejuicio ligado a un grupo que se aplica a todos los miembros del mismo por el mero hecho de ser gitanos). La estereotipia presente en la sociedad (y que conceptualiza al pueblo gitano como ignorantes, atrasados mentirosos, sucios, ladrones, machistas, parásitos y asalvajados y que educan mal a sus hijos) puede colarse también en el sistema educativo en forma de una mirada desvalorizante y de inferiorización sobre el alumnado gitano y sus familias, en unas bajas expectativas sobre ellos.

2) Una raíz histórica. Como señala el historiador David Martín (2018), “una historia de persecución deja en el presente un poso de desigualdad y de estereotipia”. En cualquier grupo humano que ha sufrido una historia de exclusión existe el riesgo de que sus miembros en el presente sufran, en alguna medida, prejuicios hacia ellos y una situación de menores oportunidades vitales. La discriminación y el antigitanismo y la segregación étnica tienen una raíz histórica. Una discriminación a nivel legal ahora se ha reconvertido en una afirmación retórica de la igualdad, pero con mecanismos muy discriminadores, aunque más sutiles e indirectos que en épocas pasadas.

3) La estratificación social y el doble discurso social y educativo. El sistema social en el que nos hallamos es bifronte, en cuanto que se apoya en dos principios antagónicos: se rige por los valores democráticos, pero existe una clara jerarquización socio-económica, con la consiguiente marginación de muchas personas. Este marco de competencia y de riesgo de exclusión comporta tensiones sociales y actitudes defensivas, que se trasladan también al sistema educativo, en el que a menudo se genera una escisión entre: a) las bellas declaraciones democráticas y de inclusión y equidad plasmadas en sus documentos y b) la exclusión persistente en la práctica del alumnado perteneciente a los grupos sociales que soportan una mayor marginación social y una estereotipia infamante.

El objetivo de la educación es el desarrollo pleno de la personalidad en igualdad de oportunidades para toda la población. Pero los recelos clasistas, de aporofobia y antigitanismo llevan a muchas familias de los grupos sociales mayoritarios a alejarse de los centros donde hay un grupo apreciable de alumnado de minorías étnicas (“la fuga de los blancos”, que se ha llamado en EE. UU.)

Joan Girona (que fue director de Educación Compensatoria del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya) comenta en su libro “Vaig començar a anar a l’escola als sis anys. Memòries d’un mestre” que cuando planteó a los responsables educativos del Gobierno de Convergencia Democrática la necesidad de poner remedio a la guetización de los colegios donde había alumnado gitano, le respondieron: “Seguramente tienes razón, Joan, pero a nuestros electores no les gustaría [acabar con la segregación]. Pienso que nunca lo haremos.” Y cuando, años después, se lo demandó a los responsables del Departamento de Enseñanza del tripartito de izquierdas, le dieron una respuesta similar.

4) La segregación urbanística condiciona la segregación escolar, si bien ésta supera a aquella. La estratificación económica, la discriminación racial y la especulación urbanística han sido los resortes para la configuración de barrios segregados en nuestras ciudades. Y los barrios segregados distancian físicamente a los distintos grupos sociales y laminan la posibilidad de convivencia interétnica y de conocimiento mutuo. Por eso, la segregación urbanística favorece la creación de colegios segregados; pero, aun así, la segregación escolar es mayor que la urbanística: existe una sobrerrepresentación del alumnado gitano en algunos colegios de cada barrio, de los cuales han ido huyendo el resto de la población.

5) La doble red de centros existente en España, que es usada como vehiculación de la división de clases sociales y no favorece la inclusión escolar y la convivencia interétnica. Prueba de ello es que el porcentaje de alumnado gitano escolarizado en centros concertados es notablemente inferior que al escolarizado en centros de titularidad pública y, en sentido contrario, el porcentaje de alumnado con familias con rentas altas es netamente superior en los centros privados o concertados en todas las etapas educativas.

6) Falta de formación del profesorado en educación intercultural y en pedagogías inclusivas y de éxito para todo el alumnado.

7) En muchos centros se ha consolidado una tradición de usar al profesorado de apoyo, de Educación Compensatoria y del Departamento de Orientación para articular la segregación intraescolar: Con una retórica de “adaptación a sus necesidades” y de medidas educativas para “el alumnado de minorías étnicas y culturales en situación de desventaja” en muchos centros educativos se están utilizando a estos profesionales con un enfoque segregador de la atención a la diversidad, para realizar apoyos fuera del aula ordinaria y para constituir aulas “C” de alumnado gitano, separadas de las clases ordinarias. Y a este profesorado se le hace muy difícil el revertir esta dinámica segregadora, que constituye una perversión del fin para el que fueron creados estos servicios, que fue precisamente para hacer posible la integración escolar de todo el alumnado y la comprensividad o el estudio de todo el alumnado en un tronco único de enseñanza.

8) Muchas familias gitanas se hallan en una situación de encrucijada. Aspiran a un futuro mejor para sus hijos e hijas y les encantaría que siguieran estudiando; pero, dadas sus condiciones socio-económicas y de falta de tradición académica en su medio social y, sobre todo, debido a la estigmatización social y a la segregación de que son objeto y al constatar la escasez de resultados académicos obtenidos por sus críos, lo ven improbable. Un padre gitano, refiriéndose a sus expectativas escolares sobre sus hijos, me comentó: “A mí me gustaría que mi hijo estudiara Derecho… y, si no, torcido.”

A su vez, estas dudas y desalientos tienden a juzgarse por parte de las familias de los grupos sociales mayoritarios y del profesorado como una prueba de la falta de compromiso de las familias gitanas ante la educación y sirven para “justificar” las medidas segregadoras en el ámbito escolar. De modo que los mecanismos segregadores echan sus raíces en una infravalorización de la capacidad académica del alumnado gitano y, a su vez, la percepción de racismo y discriminación escolares tienden a generar en las familias gitanas una merma en su nivel aspiracional académico para sus hijos e hijas; con lo cual, existe el riesgo de que se retroalimenten las mutuas suspicacias de los distintos agentes educativos y de que el alumnado gitano reciba mensajes de “doble vínculo” o cargados de ambigüedad por parte de cada uno de ellos (que vienen a decirle: “Estudia, pero con todos”, “Estudia, pero no llegarás muy lejos”), auténticas profecías negativas, que constituyen la más insana de las condiciones para el aprendizaje (al poner en cuestión la valía del estudiante)… y ante la creciente desvinculación y retraso académico que esto va a ir provocando en buena parte de este alumnado, las medidas segregadoras y separadoras del resto del alumnado acabarán “confirmando” que –a pesar de todos los intentos realizados por la institución escolar…– poco más se ha podido hacer.

Las necesarias alternativas

La segregación constituye una forma de discriminación estructural y comporta una grave injusticia para la infancia gitana. Este panorama tan desolador nos debe interpelar a todos los que tenemos alguna responsabilidad al respecto. “La inclusión es la piedra de toque del cumplimiento constitucional del derecho a la educación para todos y del derecho a la igualdad de todos sin discriminación de tipo alguno” (Fernando Rey). Por consiguiente, urge que todos los agentes políticos, sociales y educativos hagamos todo lo posible para su erradicación. Se precisan cambios a todos los niveles:

1. A nivel “macro”, estructural y de políticas educativas:

1.1. Políticas sociales que prioricen la igualdad de oportunidades.

1.1.1. Que las decisiones políticas en todos los ámbitos se rijan por el criterio de potenciar la equidad.

1.1.2. Fomentar el acceso a la vivienda, como factor de inclusión social.

1.1.3. Poner todos los medios para llevar a efecto la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación de la Población Gitana 2021-2030.

1.2. Políticas educativas que prioricen la equidad y la inclusión en educación

1.2.1. Estrategia global para hacer frente a la segregación escolar. No permitir la segregación ni inter-centros ni intra-centro. Es inadmisible la pasividad por parte de las Administraciones para afrontar este fenómeno.

1.2.2. Potenciar la educación pública, como factor de igualdad. Comprometer a la concertada.

1.2.3. Formación-investigación-acción del profesorado para revertir la desigualdad de oportunidades. Programar formación del profesorado sobre pedagogía inclusiva, historia y cultura del Pueblo Gitano, educación intercultural y crítica al antigitanismo.

1.2.4. Presupuestos suficientes. Más profesorado para hacer posibles ratios más bajas, desdobles y apoyos dentro de las clases. Descenso de la ratio.

1.2.5. Es urgente que las Administraciones educativas realicen un replanteamiento de la Educación Compensatoria, del profesorado de apoyo y de los departamentos de Orientación, para que sirvan realmente a la inclusión y equidad de todo el alumnado, fin para el que han sido creados.

1.2.6. Plazas suficientes de educación infantil 0-3 años. Hay que mimar la educación infantil y hacer todo lo posible para que reciban la mejor de las atenciones en esta etapa inicial.

1.2.7. Política amplia y eficaz de becas y ayudas al estudio.

1.2.8. Programas de estudio extraescolar asistido y de seguimiento.

1.2.9. Potenciar el asociacionismo, los educadores de calle y los promotores escolares, así como el trabajo en red y la cooperación entre centros escolares y socio-comunitarios.

1.2.10. Potenciar la educación de las personas adultas.

1.2.11. Implementar mecanismos para que el inglés y la informática no sean una barrera para los sectores sociales más desfavorecidos.

2. A nivel “meso” o intermedio:

2.1. AMPA, Sindicatos, ONG y Facultades de Educación, comprometidos con la inclusión.

2.2. Congregaciones religiosas y centros concertados, comprometidos con la inclusión. El acabar con la segregación es un imperativo ético, constitucional y de cumplimiento de la legalidad educativa y, por consiguiente, nos concierne a toda la red de centros educativos. Por si lo anterior fuera poco, pienso que además en los centros religiosos existe un deber de fidelidad a sus principios fundacionales, que fueron los de atender a la población infantil más desfavorecida. Como señala el teólogo José Arregui, una iglesia que no haga el eje de su razón de ser la lucha por la igualdad y “el caminar juntos” “es hueca”, “sin alma ni vida”.

3. A nivel “micro” o relacional:

3.1. Familias de la sociedad mayoritaria

3.1.1. Apostar por centros interculturales y convivenciales.

3.1.2. Educar a nuestr@s hij@s en la convivencia y en el rechazo a los prejuicios y estereotipos.

3.2. Profesorado y centros educativos. Compromiso con una educación inclusiva e intercultural y con generar alta autoestima en el alumnado gitano:

3.2.1. Erradicar las clases y los apoyos segregados y las medidas segregacionistas:

No separar al alumnado gitano en clases aparte o con apoyos segregados. En su lugar, utilizar al profesorado de apoyo para realizar desdobles heterogéneos y docencia compartida. Buscar alternativas a la no promoción de curso. En la actualidad al 60 % del alumnado gitano se le está haciendo repetir uno o varios cursos (Fundación Secretariado Gitano, 2023), a pesar de que ser una medida que se sabe no solo altamente ineficaz, sino contraproducente. Buscar alternativas a las expulsiones. Sanciones de tipo reparador y de servicios a la comunidad. Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos.

3.2.2. Hacer todo lo posible para que cada alumna y alumno gitano perciba cotidianamente logros académicos y se sienta vinculado social y académicamente:

Trabajo cooperativo en las aulas y aprendizaje dialógico. Refuerzo positivo abundante, que los anime a sentirse competentes y a seguir logrando avances. Potenciar la acción tutorial. Propiciar un aprendizaje significativo y un sistema de evaluación continua, formativa y valorizante, el buen clima de centro y aula y la relación afectuosa. Afecto unido a exigencia. Todo aprendizaje es una construcción personal que se realiza en un contexto interpersonal (relacional, comunicativo, socio-emocional), y de ahí la importancia de la afectividad y de la socialización en los procesos de aprendizaje. Inclusión de la historia y cultura del pueblo gitano y de la educación frente al antigitanismo y contra las discriminaciones, prejuicios y estereotipos. Extensión del tiempo de aprendizaje y de convivencia interétnica. Propiciar la vinculación con las familias y su participación y colaboración con el centro. Formación y coordinación del equipo docente y con otro profesorado y profesionales que trabajan con este objetivo. Como nos enfrentamos a una tarea compleja y muy importante, es deseable que nuestro empeño en dar la mejor respuesta educativa a nuestro alumnado en situación más vulnerable sea una labor compartida, en equipo, en red con otros compañer@s del centro y de otros centros en situación similar (incluso constituirnos en un seminario de formación permanente, de formación-investigación-acción). Combatir la brecha digital y de lengua extranjera.

3.3. Familias gitanas. La implicación de las familias no es una variable independiente, tal como venimos señalando. Y la segregación escolar nunca está justificada. Pero es indudable que la actitud pro-académica de las familias es determinante para la continuidad escolar de sus hijos e hijas y que hace más improbable la aparición de “posturas defensivas” y segregadoras por parte de la institución escolar. Por ello, aunque no sean las responsables de la segregación –sino las víctimas de la misma, junto con sus hijos– en muchas ocasiones también pueden tomar parte en la desaparición de ésta. Por tal motivo, me ha parecido oportuno incluir aquí también el papel que pueden jugar las familias gitanas en la lucha contra la segregación escolar. Y el estudio reseñado también señala la necesidad de involucrar a las familias gitanas. Algunos aspectos que considero importantes para impulsar la vinculación escolar de sus hijos e hijas y que pongo a su consideración son:

3.3.1. Valorarse, situarse en una posición de poder respecto al futuro de sus hij@s. Luchar por alcanzar los sueños y por que las dificultades y situaciones de inequidad no lleven a una indefensión aprendida.

3.3.2. Valorar a sus hijos e hijas como estudiantes, tener altas expectativas escolares sobre ellos y ellas y hacer todo lo posible para que cotidianamente obtengan logros académicos y se sientan vinculados escolarmente.

Interesarnos por lo que hace en el colegio y mirar sus tareas. Ayudarles a que vean el centro escolar de un modo gratificante. Valorar su esfuerzo y felicitarles por sus progresos y potenciar así su autoestima académica. Hacerles ver que si se esfuerzan van a superar las dificultades. Alentarles a que no se desanimen nunca.

3.3.3. Valorar y colaborar con el colegio y los profesores

Valorar los estudios y sentirnos comprometidos en la de nuestr@s hij@s, “adueñarnos” de la escuela (vivirla como nuestra). Tener una actitud colaboradora con el profesor-tutor/a. Participar activamente en la vida del colegio e IES. Llevar el material escolar desde el primer día. Valorar el apoyo extraescolar.

3.3.4. Potenciar la socialización y la convivencia interétnica de sus hij@s>

Alentar el que tenga relaciones de amistad con todos los compañeros. Desarrollar habilidades sociales, que curtan frente a posibles “puntadas” de descalificación o crítica tanto por parte de los compañeros no gitanos como del grupo de iguales gitanos que no quieren seguir estudiando. Valorar las actividades grupales del centro escolar (deportes, extraescolares, excursiones…) Enseñar al niñ@ a comprender lo que ve, piensa y siente la otra persona.

3.3.5. Que el afecto se complemente con la exigencia

No permitir que el niño o niña falte al colegio o IES. Que desde pequeñ@ se acostumbre a ser exigente consigo mismo y responsable. Tener perseverancia y no desanimarse ante los problemas.

3.3.6. Proporcionarles a sus hijos/as condiciones favorables para el estudio

Intentar que nuestro hij@ tenga un lugar tranquilo para estudiar y ayudarle a que adquiera el hábito de estudiar todos los días. Buscar el modo de que alguien le ayude a estudiar (PROA, asociación, centro social).

3.3.7. Que forme parte de un grupo de gitanos que siguen estudiando

Protegerle frente a las posibles presiones para que deje de estudiar. Propiciar el que exista un grupo de adolescentes gitan@s que continúa estudiando. Ponerle modelos de personas que estudian o han estudiado.

3.3.8. Manifestar a la institución escolar su desacuerdo con las medidas segregadoras. No resignarse a la segregación escolar de sus hijos e hijas. El mantener una actitud pro-académica y de colaboración con el centro educativo no está reñido, sino todo lo contrario, con hacer llegar a los responsables educativos del centro y de la Administración educativa su desacuerdo ante cualquier tipo de segregación.

3.4. El papel de las asociaciones gitanas y de los profesionales gitanos Apoyo emocional. Ayudar a las familias y al alumnado gitano a empoderarse, a luchar por los sueños, a que las dificultades y situaciones de inequidad no lleven a una indefensión aprendida y no desalienten su continuidad escolar. Apoyo académico extraescolar y alternativas de tiempo libre complementarias y enriquecedoras. Servir de referentes en la posibilidad de una identidad múltiple, pluricultural, aditiva. Propiciar el que exista un grupo de adolescentes gitan@s que continúa estudiando. Coordinación con los centros educativos y apoyo a éstos para la inclusión de la historia y cultura del Pueblo Gitano en el currículo. Actitud crítica ante cualquier forma de segregación escolar. Toda denuncia es un anuncio de una nueva realidad más justa.

Es un deber de las Administraciones educativas asegurar la equidad y la inclusión. Y los distintos agentes educativos también tenemos que poner todo lo que esté a nuestro alcance para hacer realidad esta aspiración.

Quiero terminar con una llamada a la esperanza, apelando a la imagen de un recuerdo: os pido que penséis en esos días en los que aprendisteis a andar en bici o a nadar y qué es lo que os ayudó a ello. Porque mantenerse sobre la bici o sobre el agua son aprendizajes con su carga de ansiedad… Pues bien, cuando realizo esa pregunta las respuestas suelen hacer referencia a dos elementos facilitadores de dichos aprendizajes: conté con el apoyo emocional de un familiar o monitor y conté con apoyo de tipo didáctico (me fueron poniendo en situaciones de aprendizaje que me ayudaron a vencer mis temores y a lograr esa competencia). Y no es extraño, porque esos son los dos pilares fundamentales, e íntimamente unidos, de cualquier acción educativa. Del mismo modo, tanto las medidas adoptadas por las administraciones como las familias, los centros educativos y profesorado y el tejido asociativo podemos ser ese aliento y apoyo emocional y didáctico para que todos nuestros menores (y especialmente, si cabe, aquellos que hasta ahora han terminado “descartados”) desarrollen sus competencias y aspiraciones, el andamiaje en la construcción de sus aprendizajes (Jerome Bruner), “luz en el túnel en el que se encuentran” (Rocío Díaz), referente que guía en su encrucijada, pasarelas y piedras para que “sepan abrirse paso entre los torrentes” (Boris Cyrulnik), “ese disparadero del talento que es la confianza” (Jorge Valdano). Autoestima que no se genera aislando, separando y segregando, sino desde la fe en el aprendiz en situaciones inclusivas y gratificantes. Porque “el que confíen en ti, te obliga” (José Heredia Maya).

Puedes ver el artículo original en: https://eldiariodelaeducacion.com/2024/07/22/ah-pero-existe-segregacion-en-nuestros-centros-educativos/"}"

Por José Eugenio Abajo

Investigador y miembro de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, de la Asociación Nacional Presencia Gitana y componente del Grupo de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano en calidad de experto. Miembro de la Asamblea de IU Aranda de Duero

Maíllo reclama “políticas audaces de vivienda” y una “aceleración legislativa” para que no se “neutralicen” las “mejoras salariales y en el empleo” logradas por el Gobierno de coalición Durante la rueda de prensa conjunta con Unai Sordo tras lo que califica como “el primer encuentro que tiene la nueva dirección federal de Izquierda Unida con un agente social tan importante como CCOO”, el coordinador federal de IU muestra “nuestro decidido apoyo a todo lo que significa ensanche de derechos”, incluída la reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, porque “está en nuestras propuestas fundacionales desde 1986, y fuimos la primera y única formación que lo llevó a debate al Congreso ya en 1995”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reclamado esta mañana “políticas audaces de vivienda” para evitar que las indudables “mejoras salariales y en el empleo” no sean “neutralizadas” por lo todo lo demás que tienen que pagar numerosas familias para hacer frente a la hipoteca o al alquiler.

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de CCOO, junto al secretario general del sindicato, Unai Sordo, tras mantener durante algo más de una hora lo que ha detallado como “el primer encuentro que tiene la nueva dirección federal de IU con un agente social tan importante como CCOO”, Maíllo incidió sobre el mismo tema y apostó porque “debe haber una aceleración legislativa, con instrumentos desde el Gobierno central para solventar algo que denunciamos y que es una evidencia: el boicot desde los gobiernos del PP al desarrollo de las políticas de vivienda transferidas a las comunidades autónomas”.

El máximo responsable de IU reconoció a los periodistas la “coincidencia prácticamente plena” entre su formación y el sindicato “en el diagnóstico de los temas tratados y sobre la situación en nuestro país y en el mundo”.

Además del tema de la vivienda, esto incluye también lo que tachó como el “gran debate de este momento”, en referencia a “la negociación que se lleva a cabo y que está atascada por el gran empresariado de la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario”.

“Hacen falta políticas audaces de vivienda, a través de la promoción de vivienda pública y de alquiler que permita que esas mejoras salariales no se vean neutralizadas por los pagos de las familias trabajadoras al alquiler o a la compra de la casa”, insistió sobre la primera cuestión.

Aseguró que desde Izquierda Unida “hemos planteado también en la reunión, de forma coincidente con CCOO, como las rentas del trabajo y las mejoras salariales se ven succionadas por el gasto en vivienda, ya sea en la hipoteca o el alquiler. Esa succión hacia sectores rentistas hace que haya un desequilibrio que tenemos que corregir”.

Sobre el segundo tema planteado de inicio, señaló el decidido apoyo de Izquierda Unida a “todo lo que significa ensanche de derechos”, lo que sin duda incluye la reducción de jornada laboral sin pérdida salarial, porque “está en nuestras propuestas fundacionales desde 1986, y fuimos la primera y única formación que lo llevó a debate al Congreso de los Diputados ya en 1995. Nosotros celebraríamos como un ensanche de derechos que lo pudiéramos culminar ahora”.

Maíllo trasladó también a Sordo, y así lo hizo público, “nuestro apoyo a las movilizaciones para, de alguna forma, condicionar la posición cerrada ahora de la CEOE”.

“Hace falta esa movilización en todos los sentidos -detalló-, en lo que toca a nuestro ámbito institucional, pero también recordando que en la década pasada los gobiernos del PP cerraban acuerdos con la CEOE con la exclusión de los sindicatos para recortar derechos”. De ahí su defensa en que si la patronal “se niega ahora a aceptar este acuerdo, pues que se aborde con los sindicatos, porque se trata de ensanchar derechos. Estando ahora en el Gobierno tenemos un instrumento más útil para poder conseguirlo”.

El máximo responsable de IU explicó a los medios que durante el encuentro puso también sobre la mesa “la primera iniciativa planteada desde mi mandato como coordinador federal, que es la celebración en otoño de un acto de Convocatoria por la Democracia, al que queremos dar mucha relevancia en términos ideológicos políticos y sociales”.

Destacó que en esa convocatoria “tienen una gran relevancia los sindicatos de clase como CCOO” y, por eso, “les hemos invitado a su participación”. Señaló que “hacemos esta convocatoria desde la disputa de que los reaccionarios que quieren destruir la democracia no pueden, además, utilizarla para sus fines”.

“Queremos -dijo- que haya un debate que nos trascienda como organización, pero que se sitúe en ese marco de defensa democrática, en su sentido genuino del poder del pueblo, frente a la ola reaccionaria que no es que quiera debilitar a la democracia, sino que quiere que pase como un paréntesis en la historia”.

Garamendi “hace una declaración de su propia impotencia”

A preguntas de los periodistas sobre las reiteradas manifestaciones de Antonio Garamendi en contra de la reducción de jornada y atacando la actuación de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las negociaciones, Maíllo valoró que “cuando el presidente de la CEOE hace ese tipo de declaraciones, en el fondo está haciendo una declaración de su propia impotencia. Es el reconocimiento de que las políticas neoliberales de recortes, de debilitamiento de los derechos y debilitamiento del Estado han fracasado”.

Valoró que es en ese “descolocamiento” que demuestra el representante de la patronal “donde se instala un mensaje alarmista que no se corresponde con la realidad”. Y lo ilustró con el siguiente ejemplo práctico: “la reforma laboral no solo no empeoró el empleo, sino que lo ha mejorado; la reducción de la jornada laboral mejorará las condiciones del empleo y generará aún más empleo”.

A las acusaciones de Garamendi sobre que el Ministerio de Trabajo ‘hace política’, Antonio Maíllo respondió que “claro que la hace, eso no es nuevo y hace política desde el primer día, y está haciendo muy buena política”.

Apostilló que “hay que celebrar que siga haciendo política, aunque al señor Garamendi no le guste esa política. Esa fue la línea para la que fue elegido este Gobierno y por la que muchos de nosotros estamos trabajando, para que las condiciones de vida de la gente sean mejores cuando acabe esta legislatura que cuando empezó”.

Enrique Santiago advierte en el Congreso de que es “urgente” conseguir que “la derecha saque sus garras de la justicia o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste” El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar lamenta justo antes de que se votara a las personas elegidas como vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el ‘secuestro’ del anterior órgano de gobierno de los jueces por el PP durante cerca de seis años “va a concluir sin coste alguno para los ‘secuestradores’, y eso debilita a la democracia”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha advertido esta noche en el Pleno del Congreso que es “urgente” conseguir que “la derecha saque sus garras de la justicia o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste”.

Durante su intervención justo antes de que se votara nominalmente a las personas elegidas para formar parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la parte que le corresponde a la Cámara Baja, Santiago lamentó que el ‘secuestro’ del anterior órgano de gobierno de los jueces por la derecha del PP durante algo menos de seis años “va a concluir sin coste alguno para los ‘secuestradores’, y eso debilita a la democracia”.

“El Partido Popular -denunció- solo acepta las reglas que satisfagan sus intereses. Para liberar al ‘secuestrado’ hemos tenido que pagar un ‘rescate’: la aprobación de una proposición de ley para lavarle la cara al PP, porque ni la Unión Europea ha exigido esta reforma, ni los jueces van a elegir al gobierno del poder judicial”.

El diputado de IU constató cómo en todo este tiempo el Partido Popular “no ha permitido ejercer la potestad constitucional de elegir al gobierno del poder judicial, lo que por fin vamos a hacer hoy”.

“La democracia solo funciona si todos los actores políticos respetan las reglas del juego” y en los “años transcurridos desde que el Partido Popular decidió impedir la elección de este órgano de gobierno judicial ha quedado claro que para los señoritos del PP la democracia no es más que su cortijo”.

Para que quedara constancia aún más clara del bloqueo antidemocrático perpetrado por la derecha recordó que fue “el 26 de noviembre del 2013 cuando el Congreso de los Diputados votó por última vez la elección de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado 11 años hasta que el Partido Popular ha permitido a la soberanía nacional elegir el gobierno de uno de los tres poderes del Estado”.

En esta misma línea, advirtió de que con la proposición de ley aprobada unos minutos antes para futuras renovaciones del CGPJ “sin enmiendas” y “exclusivamente por el PP y el PSOE”, lo que ocurrirá es que “se va a impedir que varias promociones de magistrados y magistradas, en especial los procedentes del turno de juristas de prestigio, puedan alcanzar las altas magistraturas judiciales de este país”.

Alertó de que, entre otros efectos, “esto va a ayudar al PP a seguir teniendo la justicia a su servicio”. Y llegado a este punto, avisó del “lamentable espectáculo del juez instructor que nadie sabe qué investiga, pero que genera cientos de titulares de prensa, citando como testigo al presidente marido de la investigada, sabiendo que la ley exime a cualquier testigo de declarar en contra de su cónyuge”. Se refería claramente al juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de instrucción 41 de Madrid, que ayer citó a declarar a Pedro Sánchez como testigo.

“Estos excesos judiciales son consecuencias de tanto oír en esta Cámara que cualquier gobierno de izquierdas es ilegítimo”, apostilló Santiago.

Indicó que la obligación de “quienes sí respetan las reglas de la democracia” es “tomar medidas para evitar que nunca más la justicia o las instituciones se utilicen para exclusivo beneficio de las oligarquías de este país, con la colaboración de una parte del poder judicial, que ha organizado la ‘guerra jurídica’ contra quienes consideran sus enemigos”.

Frente a aquellos partidos que van dando ‘lecciones’ a los demás, indicó que “para arrojar a la basura lo que queda de un Consejo General del Poder Judicial que se ha ganado un lugar destacado en la historia de la ignominia institucional de España, de nada nos sirven los relatos, sino medidas políticas eficaces, que es lo que ha faltado al bipartidismo en estos últimos 50 años y que lo que este Gobierno de izquierdas tiene obligación de hacer”.

Propuestas de cambios concretos

Entró de lleno en la parte propositiva y enumeró entre estas medidas “en primer lugar, aprobar un nuevo CGPJ, que nunca podrá ser peor que el todavía vigente. Un CGPJ que se comprometa a garantizar los derechos de los justiciables y de todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos”.

“A continuación -prosiguió-, estamos obligados a acometer esas medidas de regeneración democrática, a derogar la ‘reforma mordaza’ de la Ley de Seguridad Ciudadana que hizo el Gobierno del PP y los delitos que sancionan la libertad de expresión”.

Para Enrique Santiago, “también hay que acabar con la ‘guerra jurídica’ de la derecha” y esto se consigue “trasladando la instrucción penal a la Fiscalía; permitiendo que se pueda reclamar responsabilidad civil a los jueces que cometen barbaridades, como a cualquier profesional, y aprobando medidas para reparar el buen nombre y el prestigio de las personas afectadas por las interminables investigaciones judiciales”.

Concluyó con este claro aviso: “pero esto no lo puede hacer solo este grupo parlamentario, lo tenemos que hacer los grupos del Gobierno de coalición y todas las fuerzas políticas parlamentarias de este país. Esa es hoy la urgencia democrática y esta votación no es más que un paso para conseguir ese objetivo fundamental”.

Maíllo tacha de “absolutamente espurio” el caso contra la esposa de Sánchez y pregunta “qué más señales quiere el PSOE” para impulsar reformas e impedir que siga la “política desde los tribunales” El coordinador federal de Izquierda Unida afirma durante una rueda de prensa con Unai Sordo que frente a la “regresión democrática” que protagonizan la derecha del PP y la ultraderecha, el “procedimiento judicial con fines políticos” contra Begoña Gómez “debería servir de señal, y eso esperamos, para que el Partido Socialista tenga ya la convicción de que solamente se puede combatir con mayor profundización democrática y no ser timoratos en las reformas estructurales que necesita nuestro país en el ámbito del Poder Judicial y de los derechos”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha tachado esta mañana de “caso absolutamente espurio” y de “procedimiento judicial con fines políticos” la instrucción que lleva a cabo un juez de Madrid sobre supuestas ilegalidades en la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este contexto, Maíllo lanzó lo que él mismo califico de “pregunta retórica” e interrogó sobre “qué señales más necesita el PSOE para advertir que solo desde una profundización en las reformas del Poder Judicial puede abordarse realmente una estructura democrática y que esta no sea utilizada con intereses espurios para hacer política desde los tribunales de justicia”.

Antonio Maíllo hizo esta valoración en rueda de prensa tras conocer con detalle durante la reunión que mantenía una delegación de la dirección federal de IU que él encabezaba, con otra de CCOO, liderada por su secretario general, Unai Sordo, en la sede del sindicato, que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, citaba a declarar a Sánchez la próxima semana como testigo. El juez cumple así al pie de la letra las peticiones hechas por las acusaciones, encabezadas por el partido de extrema derecha Vox, junto a un conjunto de conocidas asociaciones y grupos ultras promotoras de la causa, iniciada a partir de recortes de prensa con la inclusión de bulos cuya falsedad ya quedó demostrada.

“La regresión democrática es un hecho”, comenzó Maíllo su análisis. “El mantenimiento de la ‘ley mordaza’ es una pesadilla y determinados artículos del Código Penal tienen que ser derogados. Tenemos que conseguirlo en esta legislatura”, prosiguió.

El máximo responsable de Izquierda Unida destacó que “damos todo el impulso para conseguir volver a un marco democrático y de desarrollo pleno de nuestros derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución, como pueden ser el derecho de huelga o el derecho a la información, y que se desarrollen con todas las garantías democráticas”.

En esta línea, incidió en que “hay tantas señales que nos dan diariamente, que es necesario reflexionar. Hoy se ha conocido que el juez Peinado ha convocado al presidente del Gobierno como testigo de la instrucción que lleva con el asunto de su esposa”.

A juicio de Antonio Maíllo, “este caso absolutamente espurio, de un procedimiento judicial con fines políticos, debería servir de señal, y eso esperamos, para que el Partido Socialista tenga ya la convicción de que solamente se puede combatir con mayor profundización democrática y no ser timoratos en las reformas estructurales que necesita nuestro país en el ámbito del Poder Judicial y en el ámbito de los derechos”.

Recuperar la responsabilidad civil de los jueces

Advirtió que si no se actúa de esta manera “lo único que se constata es que la lectura que sale de los sectores profundamente reaccionarios de nuestra sociedad, los mismos que están encastrados en posiciones fundamentales del Estado de Derecho, es que lo interpretan como una posición de que sus estrategias son eficaces en términos de freno a cualquier reforma profunda del Poder Judicial y de la profundización democrática del Estado”.

Recordó a los medios cómo el Gobierno de Mariano Rajoy “modificó la ley y eliminó la responsabilidad civil de los jueces cuando estos tienen acciones evidentemente injustas o contrarias a la administración de justicia a la que están obligados. Eso significa que los jueces no tienen que responder ante sus hechos”.

“Recuperar esa responsabilidad civil -destacó- es volver a un espacio de normalidad que hemos tenido durante muchos años en nuestro país. Lo que es anómalo es esa eliminación”.

Y fue ahí donde incidió al afirmar que “mi pregunta retórica es qué señales más necesita el PSOE para advertir que solo desde una profundización en las reformas del Poder Judicial puede abordarse realmente una estructura democrática” y que esta no sea utilizada con intereses espurios para hacer política desde los tribunales de justicia”.

 

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Antonio Maillo, Coordinador federal de Izquierda Unida, ha manifestado que PP, Vox y Junts eligen la insolidaridad y el racismo. Podrán disfrazarlo con eufemismos, pero las derechas no están a la altura de nuestro país. Rechazar la reforma de la Ley de Extranjería es, por encima de todo, un acto de inhumanidad. No nos rendimos. Somos tierra de acogida.

Por su parte, Sira Rego ministra de Juventud en el gobierno de coalición, también ha manifestado que el PP ha decidido ignorar a 6.000 niñas, niños y adolescentes que están solos en Canarias.
Han dicho “no” a sentarse a hablar para reformar el Art.35 de la Ley de Extranjería. 
Han elegido mirar a otro lado, ante una situación urgente e insostenible.

Tras semanas de perfil, el PP se ha quitado la careta: No necesita gobernar con Vox para actuar como Vox. Lo de la extrema derecha es insuficiente para un partido de derecha extrema que sólo hace política electoralista, cuando hay que garantizar la acogida digna de la infancia.

Los mecanismos voluntarios no funcionan: En 2023 las CCAA sólo han acogido al 15% de los menores que se comprometieron a acoger, pese a contar con el apoyo financiero del Gobierno. Ni se cumple con lo acordado, ni con los derechos de la infancia.

La migración es un fenómeno estructural y dinámico. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia seguiremos trabajando para no dejar a nadie atrás: ningún niño, niña. Ningún territorio.

Ahora el PP tendrá que explicar por qué no se ha sumado a la defensa de los derechos de la infancia y hace la mismas políticas que los partidos nazis y fascistas de Europa, incluída España.