MOCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO SOBRE MEMORIA DEMOCRÁTICA ^Destacado

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA

Carlos Medina Martín, como portavoz del Grupo Municipal PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, según lo establecido en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, presenta al Pleno para su debate y, si procede, la aprobación, la siguiente MOCIÓN:

ANTECEDENTES:

1.- La Organización de las Naciones Unidas, en el Principio 2 (El deber de la memoria) del documento de la Comisión de Derechos Humanos “Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, señala que “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. 2.- La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática establece que “Las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista fueron condenadas en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado en París el 17 de marzo de 2006. Los hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la Guerra de España se cometieron gravísimos crímenes y que durante la posterior dictadura franquista se estableció un sistema político autoritario que reprimió masivamente todo atisbo de oposición política de manera sistemática y generalizada. Como indica el referido informe del Consejo de Europa, en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica. La ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión.” 3.- El 4 de abril de 2024, la mesa de las Cortes de Castilla y León admitió a trámite la proposición de ley de concordia presentada por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox. La mal llamada proposición de ley de concordia, si es aprobada, sustituirá al Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera. En ese decreto se establece que: “Por ello, la Junta de Castilla y León, en el marco de su Estatuto de Autonomía, reconoce, en su ámbito territorial, la deuda que la Nación Española tiene con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista.” Además, insta a “Los poderes públicos de Castilla y León, con la imprescindible colaboración de las asociaciones y entidades constituidas para la defensa de la memoria histórica, deben honrar a todos los que, de una u otra forma, padecieron las consecuencias de la guerra civil y la dictadura franquista y sufrieron violencia por su ideología, sexo, orientación sexual, o religión, así como a sus familias, con el fin de crecer en el pluralismo, afianzar la reconciliación, y promover la concordia, la justicia, y la defensa pacífica de las ideas.” Este decreto es claramente insuficiente, pero suponía un reconocimiento a las víctimas y a sus familias, hablando de la realidad de los hechos, de una guerra civil y de la posterior dictadura, eso sí, sin entrar en lo que supuso la represión y vulneración de derechos humanos durante cuarenta años en nuestra comunidad y en nuestro país. 4. - En cambio, el texto de la proposición de ley se limita a recoger que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo”, y agrega que “las nuevas generaciones que no vivieron estos hechos han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad”. Claramente estos hechos suponen un evidente, malintencionado y burdo retroceso democrático en nuestra autonomía, y una vulneración de los derechos humanos inaceptable en el siglo XXI dado que, con esta propuesta de ley, se pretende encubrir crímenes contra la humanidad. 5. - El general Franco fue uno de los más activos impulsores y participantes en el alzamiento militar contra el gobierno legítimo de la República en julio de 1936 y responsable de la muerte de cientos de miles de personas como consecuencia de la guerra que siguió al golpe de estado y de la represión durante la misma y la posterior dictadura encabezada por él mismo. Con motivo de una moción de alcaldía, “Concesión de Medalla de oro de la Villa al Jefe de Estado” (expediente 0499/1959 custodiado en el Archivo Municipal, caja 2119, legajo 30), el 19 de marzo de 1960, en el Palacio del Pardo, residencia del jefe del Estado, el alcalde de Aranda de Duero, Luis Mateos Martín, impuso al dictador, Francisco Franco, la Medalla de la Villa. 6. - El capitán de la Guardia Civil Enrique García Lasierra asumió el mando de la sublevación de julio de 1936 en Aranda de Duero y fue “el responsable de los cerca de mil asesinatos y de todos los actos represivos cometidos en la zona”, según el estudio llevado a cabo por José María Rojas en su libro Semilla de Libertad (2009). En las fiestas patronales del año 1937 se le entregó un magnífico pergamino obra de Don Alejandro Higuera, nombrándole Hijo Adoptivo de Aranda. 7. - En los días posteriores al alzamiento militar de julio de 1936, fueron detenidos los miembros de la Comisión gestora municipal del Ayuntamiento de Aranda de Duero: Felipe Gutiérrez Catalá (Alcalde), André Sánchez García (Primer Teniente de alcalde), Tomás Requejo Requejo (Segundo Teniente de alcalde y diputado provincial), Ciriaco Martín López (Tercer Teniente de alcalde), Gregorio Picó Guijarro (Concejal) y Pascual Molinero Cebrecos (Concejal). Todos ellos fueron asesinados el 25 de agosto de 1936 y arrojados a la fosa de la Andaya, en Quintanilla de la Mata, cerca de Lerma. Sus restos fueron exhumados en 2007 y hoy reposan en el memorial del cementerio de Aranda de Duero. 8. - Resulta de una indignidad incompresible que el Ayuntamiento de Aranda de Duero mantenga los títulos y distinciones concedidos al golpista y dictador, Francisco Franco, y a uno de los más destacados represores, torturadores y asesinos, tanto de hombres como de mujeres adultas, jóvenes, niñas y niños, durante los primeros días del golpe de estado de julio de 1936 en nuestra localidad, como el anteriormente mencionado capitán de la Guardia Civil, Enrique García Lasierra, así como que nunca se haya reconocido institucionalmente a la Corporación municipal que fue vilmente asesinada tras el alzamiento militar.

Por todo ello, el Grupo Municipal de PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA del Ayuntamiento de Aranda de Duero presentamos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ACUERDOS PLENARIOS:

1. Seguir colaborando con las asociaciones y entidades constituidas para la defensa de la memoria histórica, y atendiendo sus necesidades, estableciendo una relación de estrecha cooperación que implique la puesta a disposición para ellas de recursos materiales, humanos y económicos, si así lo solicitan, por parte de este consistorio. 2. Hacer todas las gestiones necesarias con el fin de recuperar los terrenos de lo que fue el Campo de prisioneros franquista de Aranda de Duero entre 1937 y 1939, y sea protegido, rehabilitado y declarado Lugar de Memoria Democrática y forme parte de itinerarios y referencias pedagógicas de la Historia Contemporánea de la España del siglo XX. 3. Anular y retirar la concesión de la Medalla de la Villa al golpista y dictador Francisco Franco Bahamonde, que le fue impuesta, en el Palacio del Pardo, el 19 de marzo de 1960. 4. Que se anule el nombramiento de Hijo Adoptivo de Aranda, acordado en 1937, al capitán de la Guardia Civil Enrique García Lasierra, artífice de la represión llevada a cabo en Aranda en los primeros días del golpe de estado de julio de 1936. 5. Reconocer y homenajear a la Corporación municipal asesinada el 25 de agosto de 1936 a través de una placa conmemorativa en un lugar visible del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 6. Identificar, si aún quedan, posibles vestigios de simbología franquista presentes en el término municipal que deban ser retirados en cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. 7. Fijar en el calendario anual de actos institucionales del término municipal, eventos de memoria histórica, reconocimiento a las víctimas y condena al régimen franquista responsable del golpe de estado. 8. Instar a la Junta de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León a la paralización y posterior retirada de la proposición de ley de concordia aceptada por la mesa de las Cortes el pasado 4 de abril de 2024.