A 85 años del fusilamiento de las ‘Trece Rosas’ seguimos recordando su ejemplo de lucha y exigiendo verdad, justicia y reparación para todas las víctimas.

 

 

La Diputación de Burgos lanzará una línea extraordinaria de subvenciones para rescatar a los proyectos culturales de más de 12.000 euros de inversión que se han quedado fuera en la convocatoria ordinaria y facilitar así su viabilidad. A ella podrán concurrir aquellos que no hayan resultado beneficiaros en la convocatoria ordinaria aun después de haber obtenido la puntuación mínima y otros nuevos o que puedan mejorar su propuesta para subir nota. 23 proyectos que habían logrado superar la puntuación mínima de 3 se quedaron sin un impulso económico, que para muchas asociaciones significa la frontera entre la viablidad y la desaparición de los eventos planificados.

23 proyectos que había logrado superar la puntuación mínima de 3 se quedaron sin un impulso económico por la insuficiencia de dotación económica y algunas de las condiciones major catalogadas relacionadas con la tortura animal, que para muchas asociaciones significa la frontera entre la viablidad y la desaparición de los eventos planificados.

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IU defiende una “amplia reforma de los modelos de financiación autonómica y local”, con un sistema “justo para todo el Estado, que garantice la solidaridad y los servicios públicos” “Existe un problema global de financiación autonómica y no solo con Cataluña”, de ahí que ante el debate abierto por el acuerdo entre el PSOE y ERC, tal y como se ha explicado públicamente, “Izquierda Unida se reafirma en la vigencia de un modelo federal y solidario que beneficie a la clase trabajadora del país en función de sus necesidades y no del territorio donde habite”

Izquierda Unida defiende desde hace años la necesidad de abordar una “reforma en profundidad del modelo de financiación autonómica, lo mismo que del modelo de financiación local”, para solucionar las “desigualdades constatadas hace mucho tiempo entre territorios”. Llevarlo a cabo requiere buscar un “modelo estable y justo para el conjunto del Estado”, que garantice la “solidaridad entre territorios” y la “defensa de los servicios públicos”.

Esta formación entiende que las “necesidades reales de las personas deben estar por encima del hecho territorial en que se produzcan”. Ponerlo en práctica requiere también estar muy atentos para “evitar que nadie se pueda arrogar la potestad de agitar el fantasma del enfrentamiento entre comunidades autónomas por intereses meramente partidistas o territoriales”, que muchos consideran especialmente rentables, mucho más cuando la defensa de lo público nunca ha estado entre sus prioridades.

De la misma forma, ante el debate por el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para avanzar en la autonomía fiscal para Cataluña, dentro del marco para la formación de un nuevo gobierno catalán, Izquierda Unida manifiesta:

1. El actual modelo que regula el sistema de financiación autonómico, que no se debe olvidar data del 2009, se reveló hace ya tiempo “desigual”, con unos territorios especialmente perjudicados frente a otros, si se parte de la comparación de lo que recaudan por habitante y lo que reciben.

“El sistema no funciona”, lo que no significa que “se puedan buscar atajos o soluciones particulares” que, con la excusa de acabar con las tensiones del sistema general, den pie a la posible generación de distorsiones aún más profundas.

2. IU considera que “existe un problema global de financiación autonómica y no solo con Cataluña”. De la misma forma, “las salidas singulares son el resultado de un modelo de financiación superado hace tiempo, y cuyas consecuencias son una financiación a cuenta y que no cumple siquiera con el mandato de los diferentes Estatutos de Autonomía”, a pesar de ser leyes orgánicas y de formar parte del bloque constitucional. Cumplir con las obligaciones estatutarias o, en todo caso, acometer su desarrollo no debe ser discutible en cualquier modelo de financiación.

Para esta formación, “no ha lugar a cuestionar lo aprobado en los estatutos de Cataluña o de otros territorios como parte de estos acuerdos”.

3. Cualquier modificación sobre financiación de las comunidades que están en el régimen común pasa por una reforma de la LOFCA y requiere trabajar una correlación de fuerzas en el Congreso que la permita. Si se abre ese debate parlamentario, IU defenderá su propuesta solidaria y federal, que debería ser de mirada amplia (más allá de la LOFCA) para abordar la inaplazable reforma del modelo de financiación local que también sustenta un número importante de derechos de ciudadanía

4. IU defiende “un modelo de Estado federal, solidario y de suficiencia financiera vinculada al mantenimiento de los servicios públicos y a la población, y no a los territorios”.

5. Desde IU se echa de menos, como pasaría en todo acuerdo de financiación de servicios a la población, referencias a la “necesaria reforma fiscal para la obtención de recursos y garantía de suficiencia financiera”, así como la “condicionalidad vinculada al cumplimiento solidario de aporte fiscal desde las comunidades para evitar ‘dumping’ o bajadas de impuestos por donde se escapa la mayor financiación de servicios.

6. El Gobierno de coalición progresista no debería dejar pasar la oportunidad de abordar una reforma del sistema de financiación autonómica, en consonancia con la demanda manifestada por la mayoría en las elecciones generales de hace poco más de un año, para temer un Estado mejor y con más capacidad de atender con servicios públicos adecuados a toda la población, especialmente a la más vulnerable.

7. En consecuencia, la “propuesta de reforma de IU debe pasar necesariamente por las siguientes fases: 1. Un plan de reducción condicionada de la deuda que la mayoría de las comunidades tienen con el Estado. 2. Una reforma fiscal para lograr una financiación autonómica justa. 3. Garantizar un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todos los territorios”.

Izquierda Unida tiene toda su propuesta perfecta y suficientemente desarrollada, pero a modo de explicación sucinta destaca que la deuda estatal “debería cancelarse en plazos anuales, hasta un total de ocho ejercicios. No tendría impacto neto en la deuda global de las administraciones públicas, ya que lo que asume el Estado, lo reducen las comunidades”.

Una imprescindible reforma fiscal

Esta cancelación estaría ligada a una denominada ‘condicionalidad positiva’, ya que la holgura financiera por el menor gasto financiero y la no amortización de la deuda con el Estado tendrá que ir destinada a incrementar el gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales (Educación, Sanidad y Servicios Sociales) y a la no realización de rebajas impositivas en los tributos cedidos, ni en los impuestos propios de las comunidades beneficiadas

La reforma fiscal para garantizar una financiación autonómica justa pasa para Izquierda Unida por una batería de propuestas que afectan a múltiples impuestos. Entre ellas, están “reformar el Impuesto sobre el Patrimonio para convertirlo en un verdadero impuesto a las grandes fortunas; actualizar la normativa básica del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que debería servir también para establecer una base liquidable homogénea y para revisar ciertos elementos de la estructura del tributo; eliminar la capacidad normativa sobre los mínimos personales y familiares en el IRPF a nivel autonómico, cuya función es la de determinar un nivel mínimo de renta no sometido a gravamen o impulsar el establecimiento de tasas turísticas que puedan revertir en los municipios con más afectación para que puedan compensarse los efectos negativos que pueda conllevar el turismo”.

En cuanto a la garantía de un suelo adecuado de servicios públicos a todas las personas en todos los territorios, la reforma del modelo de financiación autonómica “debe poner en marcha un esquema de nivelación total, que iguale la cobertura financiera de todos los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de los territorios”.

Esto pasa, por ejemplo, por fijar suelos mínimos de gasto público social en porcentaje sobre el PIB: 8% para Sanidad, 6% para Educación y 3% para servicios sociales y sistema de cuidados.

En ningún caso los fondos que se establezcan para compensar unas comunidades a otras estarán sujetos al criterio de ordinalidad (la ordenación de las Comunidades Autónomas en términos de financiación per cápita respetando el ranking de las mismas en términos de capacidad fiscal) si es contrario al principio de solidaridad y tampoco puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación, ya que está ausente de cualquier texto legislativo al respecto.

Por último, aunque el indicador de población ajustada seguiría siendo válido para el nuevo modelo, deben revisarse tanto las variables que lo integran como las ponderaciones asignadas a las mismas, con su justificación técnica y el suficiente consenso metodológico, para mejorarlo como proponen muchos expertos.

Si se supera el actual sistema de financiación autonómico, apostamos por un modelo más federal, más solidario y multilateral, con la participación de todas las comunidades autónomas.

La memoria combativa de las personas LGTBI ha existido siempre, la memoria de quien lucha por el derecho a ser. Es la memoria de las represaliadas, de las invisibles, la que dio lugar a la conciencia que se convirtió en colectiva bajo una bandera de igualdad.

Ha sido esa lucha colectiva, la organización, la lucha social, política y de clases, en la calle e instituciones, la que nos ha llevado a conquistar derechos y construir un mundo en igualdad con base en los derechos humanos.

Nuestra memoria es la de quienes hace 50 años alzaron la voz para nunca más ser silenciadas. Es la memoria de nuestra conciencia de clase que se alza contra el capitalismo para exigir más derechos sociales, más sanidad pública, educación inclusiva y empleo digno y garantizado. Nuestra memoria es la de la discriminación y exclusión social. La de tantas compañeras que han sufrido persecuciones y agresiones a lo largo de la historia; la de las castraciones forzosas; las que han sufrido descargas eléctricas, lobotomías y electroshock como forma de revertir nuestra forma de ser.

Nuestra memoria es de lucha antifascista que nos marcaba como enfermas mentales, que nos hacinaba y asesinaba en campos de concentración por nuestra orientación sexual y expresión e identidad de género. Compartimos lucha con esas generaciones, incluso con quienes no están y con quienes luego vendrán. Lo hacemos con orgullo, en una trinchera de izquierda conscientes de que queda aún un largo camino por delante. Solidarias con aquellos países en las que las personas LGTBI son ilegales y aún son condenadas a muerte por amar y ser quien son.

Hoy somos las que registran seiscientas treinta agresiones al año; las que tienen un noventa por ciento de paro como mujeres trans; las que sufren acoso y discriminación en el colegio; y a las que se invisibiliza si eres mayor o cuentas con alguna discapacidad que queda fuera e invisibilizada dentro de esta sociedad capacistista y heteronormativa.

Nuestro camino ha sido duro, pero gracias a la lucha y liberación de quienes nos ha precedido, hoy nosotros, nosotras, nosostres seguimos sus pasos para garantizarle un futuro en igualdad, solidaridad, pensamiento colectivo y libertad a quien luego tomará el testigo de esta lucha.

La Justicia europea contradice a Mañueco y sentencia que la caza del lobo ibérico en Castilla y León es ilegal El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que las autoridades deben implementar medidas de protección para las especies que se encuentren en situación desfavorable o corran el riesgo de estarlo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado que la ley de Castilla y León, que permitía la caza del lobo ibérico, viola el derecho europeo. La legislación autonómica, aprobada en 2019, declaraba este animal como especie cazable en terrenos situados al norte del río Duero entre 2019 y 2022, lo que ponía en peligro a 339 ejemplares. La sentencia contradice la postura del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que defendía unas políticas ineficaces para asegurar la conservación de este animal.

Puedes leer todo el artículo en: https://www.publico.es/sociedad/justicia-europea-contradice-manueco-y-sentencia-caza-del-lobo-iberico-castilla-y-leon-ilegal.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-big

Entrevista de nuestro coordinador, Antonio Maíllo, en Noticias de Navarra sobre la actualidad política.

"Pienso que hay que actuar en política en el matiz, en la proporcionalidad en función de lo que se hable, en la pedagogía como método de explicación y transmisión a la gente. En una frase de Julio Anguita, hacerlo “desde el poder amable de la razón”. Si uno siente que tiene razón, no por eso tienes que ser un crispado ni insultante, sino ser pedagógico y didáctico en las propuestas para seducir a la gente."

https://www.noticiasdenavarra.com/politica/2024/07/27/ofrezco-contribuir-solidez-reencuentro-reconciliacion-8524206.html

En la Ribera del Duero: "Agua que no has de beber … déjala correr"

Eso dice el refrán castellano. Y en muchos pueblos de Castilla y León el problema es que tienes que dejarla correr toda porque no es apta para el consumo humano. Esto sucedía como excepción en algunos pueblos y ahora empieza a ser la norma. Últimamente en algunos de los alrededores de la Ribera del Duero, como Valdeande, pueblo en el que tengo la suerte de pasar gran parte de los veranos desde hace muchos años, no se puede beber agua del grifo.

Ha habido veranos en los que había problemas de abastecimiento de agua. Es normal que donde viven unos pocos vecinos en invierno, cuando llegan cientos de veraneantes puedan tener ese problema porque se incrementa el consumo de agua potable por el incremento de 5, 10 ó 20 veces la población residente. Lo que es más reciente es que no podamos beberla, por recomendaciones sanitarias, porque no es potable.

¿En qué momento el agua del grifo dejó de ser potable? Porque en las fuentes ponía que el agua no cumplía los requisitos higiénico sanitarios porque decían que no se hacían pruebas al agua que manaba por el coste económico que ello suponía. Resulta que tampoco se hacían pruebas al agua que salía de los grifos de nuestras casas.

Con eso de que Burgos es la provincia que tiene más pueblos de toda España y que Castilla y León la Comunidad que más municipios tiene, parece que con esta excusa solucionamos todos los problemas que haya sin hacer nada. Y, sin embargo, se dedican gran cantidad de recursos a los pueblos para la realización de determinadas obras o actividades culturales siempre que sean del beneplácito de la Diputación, que es la que tiene recursos para todo lo que vaya más allá del gasto común del Ayuntamiento.

Me parece bien que gastemos recursos en lo accesorio siempre y cuando los gastemos previamente en lo fundamental. Tal vez el problema de la derecha que gobierna la mayoría de Diputaciones y la Junta de Castilla y León sea que le gusta demasiado que quienes más dinero tienen no lo aporten para la políticas necesarias como que de los grifos salga agua potable con todas las garantías. Los impuestos son necesarios, en este caso tan necesarios como el agua.

Y aquí tendremos que recuperar un debate político que no quieren hacer las derechas en los pueblos, que tiene que ver con la situación del campo y de la ganadería y si todos los productos e instalaciones cumplen con la normativa del sector primario en Castilla y León. Recuerdo cuando el ex-ministro Alberto Garzón cuestionó la calidad de algunas de las carnes que se producían en el sector ganadero en España. Y el PP, aprovechando que Mañueco había convocado elecciones anticipadas en Castilla y León para cambiar de socio en la Junta, criticó duramente las palabras del entonces ministro de Consumo sin querer hacer un debate político profundo de cómo se está produciendo la alimentación en nuestra Comunidad.

Y como no hubo debate tampoco se tomaron las medidas pertinentes para que las cosas no siguieran empeorando y ahora no podemos beber agua del grifo.

Recordemos también que la respuesta del Secretario general del PSOE fue que a él le gustaba el chuletón poco hecho. Luego tampoco podemos esperar cambios estructurales de quienes no quieren hacer debates en profundidad sobre la verdadera situación de los pueblos de nuestra Comunidad. El tercero en discordia, la extrema derecha, se ha salido de la Consejería de Agricultura por la acogida de 21 menores migrantes procedentes de Canarias. Como si no hubiera necesidades en el campo que requieran políticas que permitan facilitar la contratación de mano de obra migrante para realizar determinados trabajos como la vendimia o la recolección de determinados frutos.

El pasado mes de mayo, la Asamblea federal de Izquierda Unida aprobaba una resolución que partía de Baños de Valdearados, localidad gobernada por IU, proponiendo medidas para evitar la contaminación de las aguas que llegan a los grifos de la ciudadanía.

La resolución reclamaba agua limpia y potable para nuestros pueblos: la ampliación de la estaciones de control de la calidad del agua, mejorar la frecuencia de las analíticas a realizar a los distintos pueblos, la realización de pruebas en las fuentes naturales, establecer zonas vulnerables a los nitratos, establecer códigos de buenas prácticas agrarias de obligado cumplimiento, una moratoria de los nuevos proyectos de ganadería intensiva y de ampliación de los proyectos existentes y desarrollar un plan estratégico de ganadería para determinar la carga máxima para Castilla y León.

Todo a raíz de un artículo en el Diario de la Ribera publicado por Begoña Cisneros en abril de este año en el que se hacía eco de una noticia generada por el grupo de Polímeros de la Universidad de Burgos que llevó a cabo un estudio de la calidad del agua y que se preguntaba si: ¿Estamos bebiendo agua de calidad en la Ribera del Duero? La respuesta era que no ya que de los 13 análisis realizados por la UBU, recibidos de personas voluntarias, un 61,5% de los casos se observa un alto nivel de nitratos, un porcentaje mucho mayor que el obtenido en toda la provincia  y por encima de los niveles recomendados para el consumo humano.

El agua de las piscinas sí que recibe inspecciones de la Consejería de Sanidad de la Junta pero cuando hay que hacer pruebas del agua para el consumo humano tienen que ser personas voluntarias las que lleven las muestra a analizar. Curiosas cuanto menos, las prioridades de la Junta para con la población de la Ribera del Duero. Ante los resultados, quienes hicieron la investigación recomendaban evitar beber las aguas afectadas por altos niveles de nitratos y pedían a las autoridades la realización de contra análisis para verificarlos e informar a la población y tomar medidas para evitar esta amenaza de salud pública.

¿Qué medidas ha tomado respecto a esta noticia la Junta de Castilla y León? Preguntaremos en las Cortes, pero me temo que ninguna. Las mismas de siempre. Y casi cuatro meses después seguimos sin poder beber agua del grifo en los pueblos de la Ribera del Duero.

Juan Gascón, coordinador de general de Izquierda Unida de Castilla y León

Puedes ver la noticia completa en: https://www.diariodelaribera.net/blog/blog-abierto-a-los-lectores/en-la-ribera-del-duero-agua-que-no-has-de-beber-dejala-correr/1/"}">https://www.diariodelaribera.net/blog/blog-abierto-a-los-lectores/en-la-ribera-del-duero-agua-que-no-has-de-beber-dejala-correr/1/

"Se debe reducir la jornada laboral con o sin la CEOE", señala el coordinador federal de la formación

Antonio Maíllo en InfoLibre

https://www.infolibre.es/politica/antonio-maillo-no-hay-polarizacion-hiperventilacion-parte-ataca-insulta-miente_1_1848116.html

 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA

Carlos Medina Martín, como portavoz del Grupo Municipal PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, según lo establecido en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, presenta al Pleno para su debate y, si procede, la aprobación, la siguiente MOCIÓN:

ANTECEDENTES:

1.- La Organización de las Naciones Unidas, en el Principio 2 (El deber de la memoria) del documento de la Comisión de Derechos Humanos “Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, señala que “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado”. 2.- La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática establece que “Las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista fueron condenadas en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptado en París el 17 de marzo de 2006. Los hechos descritos por el Consejo de Europa señalan que durante la Guerra de España se cometieron gravísimos crímenes y que durante la posterior dictadura franquista se estableció un sistema político autoritario que reprimió masivamente todo atisbo de oposición política de manera sistemática y generalizada. Como indica el referido informe del Consejo de Europa, en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica. La ciudadanía tiene actualmente el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que llevaron a cabo quienes cayeron víctimas de su represión.” 3.- El 4 de abril de 2024, la mesa de las Cortes de Castilla y León admitió a trámite la proposición de ley de concordia presentada por los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox. La mal llamada proposición de ley de concordia, si es aprobada, sustituirá al Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, aprobado en 2018 por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera. En ese decreto se establece que: “Por ello, la Junta de Castilla y León, en el marco de su Estatuto de Autonomía, reconoce, en su ámbito territorial, la deuda que la Nación Española tiene con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista.” Además, insta a “Los poderes públicos de Castilla y León, con la imprescindible colaboración de las asociaciones y entidades constituidas para la defensa de la memoria histórica, deben honrar a todos los que, de una u otra forma, padecieron las consecuencias de la guerra civil y la dictadura franquista y sufrieron violencia por su ideología, sexo, orientación sexual, o religión, así como a sus familias, con el fin de crecer en el pluralismo, afianzar la reconciliación, y promover la concordia, la justicia, y la defensa pacífica de las ideas.” Este decreto es claramente insuficiente, pero suponía un reconocimiento a las víctimas y a sus familias, hablando de la realidad de los hechos, de una guerra civil y de la posterior dictadura, eso sí, sin entrar en lo que supuso la represión y vulneración de derechos humanos durante cuarenta años en nuestra comunidad y en nuestro país. 4. - En cambio, el texto de la proposición de ley se limita a recoger que “nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo”, y agrega que “las nuevas generaciones que no vivieron estos hechos han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad”. Claramente estos hechos suponen un evidente, malintencionado y burdo retroceso democrático en nuestra autonomía, y una vulneración de los derechos humanos inaceptable en el siglo XXI dado que, con esta propuesta de ley, se pretende encubrir crímenes contra la humanidad. 5. - El general Franco fue uno de los más activos impulsores y participantes en el alzamiento militar contra el gobierno legítimo de la República en julio de 1936 y responsable de la muerte de cientos de miles de personas como consecuencia de la guerra que siguió al golpe de estado y de la represión durante la misma y la posterior dictadura encabezada por él mismo. Con motivo de una moción de alcaldía, “Concesión de Medalla de oro de la Villa al Jefe de Estado” (expediente 0499/1959 custodiado en el Archivo Municipal, caja 2119, legajo 30), el 19 de marzo de 1960, en el Palacio del Pardo, residencia del jefe del Estado, el alcalde de Aranda de Duero, Luis Mateos Martín, impuso al dictador, Francisco Franco, la Medalla de la Villa. 6. - El capitán de la Guardia Civil Enrique García Lasierra asumió el mando de la sublevación de julio de 1936 en Aranda de Duero y fue “el responsable de los cerca de mil asesinatos y de todos los actos represivos cometidos en la zona”, según el estudio llevado a cabo por José María Rojas en su libro Semilla de Libertad (2009). En las fiestas patronales del año 1937 se le entregó un magnífico pergamino obra de Don Alejandro Higuera, nombrándole Hijo Adoptivo de Aranda. 7. - En los días posteriores al alzamiento militar de julio de 1936, fueron detenidos los miembros de la Comisión gestora municipal del Ayuntamiento de Aranda de Duero: Felipe Gutiérrez Catalá (Alcalde), André Sánchez García (Primer Teniente de alcalde), Tomás Requejo Requejo (Segundo Teniente de alcalde y diputado provincial), Ciriaco Martín López (Tercer Teniente de alcalde), Gregorio Picó Guijarro (Concejal) y Pascual Molinero Cebrecos (Concejal). Todos ellos fueron asesinados el 25 de agosto de 1936 y arrojados a la fosa de la Andaya, en Quintanilla de la Mata, cerca de Lerma. Sus restos fueron exhumados en 2007 y hoy reposan en el memorial del cementerio de Aranda de Duero. 8. - Resulta de una indignidad incompresible que el Ayuntamiento de Aranda de Duero mantenga los títulos y distinciones concedidos al golpista y dictador, Francisco Franco, y a uno de los más destacados represores, torturadores y asesinos, tanto de hombres como de mujeres adultas, jóvenes, niñas y niños, durante los primeros días del golpe de estado de julio de 1936 en nuestra localidad, como el anteriormente mencionado capitán de la Guardia Civil, Enrique García Lasierra, así como que nunca se haya reconocido institucionalmente a la Corporación municipal que fue vilmente asesinada tras el alzamiento militar.

Por todo ello, el Grupo Municipal de PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA del Ayuntamiento de Aranda de Duero presentamos la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

ACUERDOS PLENARIOS:

1. Seguir colaborando con las asociaciones y entidades constituidas para la defensa de la memoria histórica, y atendiendo sus necesidades, estableciendo una relación de estrecha cooperación que implique la puesta a disposición para ellas de recursos materiales, humanos y económicos, si así lo solicitan, por parte de este consistorio. 2. Hacer todas las gestiones necesarias con el fin de recuperar los terrenos de lo que fue el Campo de prisioneros franquista de Aranda de Duero entre 1937 y 1939, y sea protegido, rehabilitado y declarado Lugar de Memoria Democrática y forme parte de itinerarios y referencias pedagógicas de la Historia Contemporánea de la España del siglo XX. 3. Anular y retirar la concesión de la Medalla de la Villa al golpista y dictador Francisco Franco Bahamonde, que le fue impuesta, en el Palacio del Pardo, el 19 de marzo de 1960. 4. Que se anule el nombramiento de Hijo Adoptivo de Aranda, acordado en 1937, al capitán de la Guardia Civil Enrique García Lasierra, artífice de la represión llevada a cabo en Aranda en los primeros días del golpe de estado de julio de 1936. 5. Reconocer y homenajear a la Corporación municipal asesinada el 25 de agosto de 1936 a través de una placa conmemorativa en un lugar visible del Ayuntamiento de Aranda de Duero. 6. Identificar, si aún quedan, posibles vestigios de simbología franquista presentes en el término municipal que deban ser retirados en cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. 7. Fijar en el calendario anual de actos institucionales del término municipal, eventos de memoria histórica, reconocimiento a las víctimas y condena al régimen franquista responsable del golpe de estado. 8. Instar a la Junta de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León a la paralización y posterior retirada de la proposición de ley de concordia aceptada por la mesa de las Cortes el pasado 4 de abril de 2024.