Izquierda Unida ha impulsado a través de su portavoz parlamentario en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, una proposición no de ley (pnl) para debatir en el Pleno que busca que el Congreso “condene y repudie” los “crímenes internacionales atroces, torturas y otras formas de trato cruel, inhumano y degradante que Israel está cometiendo contra las palestinas y palestinos” desde hace ya casi un año.
En esta línea, la iniciativa ya registrada en la Cámara Baja insta también al Gobierno a “exigir, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, que Israel ponga fin a todas las formas de castigo colectivo contra el pueblo palestino, reiterando el inmediato cese al fuego en la Franja de Gaza y frenando la violencia en contra de la población civil palestina en Cisjordania y Jerusalén Este”.
El texto, que firman también junto a Santiago los/as también diputados/as en el Grupo Plurinacional Txema Guijarro, Engracia Ribera, Félix Alonso, Agustín Santos y Tesh Sidi, incide en el hecho de que el Estado palestino reconocido por España lleva casi un año “asediado por una operación militar de castigo colectivo que ha generado una catástrofe humanitaria sin precedentes”. Esto ocurre “en un contexto marcado por la ocupación ilegal prolongada por 76 años y caracterizada por la imposición de un régimen de ocupación y ‘apartheid’ que representa una violación sistemática del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y de las resoluciones de Naciones Unidas”.
Desde el Grupo Plurinacional Sumar se refleja y resume en cifras la atrocidad que vive la población civil palestina debido a la ofensiva militar del régimen israelí, que ha perpetrado ya no solo más de 41.000 asesinatos, sino cerca de 100.000 personas heridas (datos recogidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios a fecha 10 de septiembre). Además, “el 90% de la población gazatí se encuentra en situación de hambre y 495.000 personas se encuentran en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, incluyendo el mayor número de niños y niñas reportadas en situación de guerra, en medio del sistemático bloqueo de los corredores humanitarios, la destrucción indiscriminada de escuelas, refugios, hospitales y de las llamadas zonas humanitarias”.
La proposición no de ley reclama de forma destacada en su parte propositiva que el Gobierno “denuncie y condene esta escalada de la violencia ejercida con total impunidad” no solo en Gaza, sino también “por parte de los colonos de los asentamientos ilegales contra la población palestina en Cisjordania y Jerusalén Este, con la participación, colaboración o connivencia del Ejército de Israel”.
En esta línea, pide “reconocer, de acuerdo con la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), emitida el pasado 19 de julio, la ilegalidad de la ocupación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, denunciar la expansión de los asentamientos ilegales y apoyar los esfuerzos para proteger los derechos de la población palestina”.
Acabar con los asentamientos ilegales
La PNL exige, a su vez, “en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, que Israel cumpla con sus obligaciones de desmantelar los asentamientos ilegales en los TPO, la reparación a las víctimas y a las personas palestinas afectadas por la ocupación ilegal, la restitución de tierras y otros bienes muebles e inmuebles expropiadas ilegalmente, la compensación a las víctimas y que cumpla con todas sus obligaciones internacionales”.
A nivel legislativo en el ámbito internacional, se solicita “apoyar y continuar colaborando con el Tribunal Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional para que se pueda continuar investigando y juzgando a Israel como Estado agresor por sus continuas violaciones de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario contra el pueblo palestino”.
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Izquierda Unida ha impulsado dentro del Grupo Plurinacional Sumar a través de su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, una iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a que adopte todas las medidas oportunas para “excluir a las empresas israelís o participadas por capital israelí que pretendieran participar en las ferias armamentísticas de defensa, seguridad o relacionadas con dichos sectores, tanto privadas como con colaboración pública, que se organicen y celebren en España”.
La iniciativa registrada con formato de proposición no de ley lleva las firmas, además de Enrique Santiago, de los parlamentarios de IU Toni Valero, Fèlix Alonso y Engracia Rivera, junto a las de los también diputados en el Grupo Plurinacional Txema Guijarro, Agustín Samtos y Tesh Sidi.
El texto plantea también con claridad que desde el Estado español se debe “impulsar ante la Unión Europea la elaboración de un marco normativo que permita evitar la participación de delegaciones gubernamentales y empresas del sector de defensa o seguridad de países que pudieran estar cometiendo genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra personas o bienes de carácter civil u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales”.
A nivel internacional ya se han producido actuaciones similares. Por ejemplo, en Francia se ha prohibido a Israel participar en la Exposición Internacional de Defensa de París, Eurosatory 2024. El Tribunal del distrito francés de Bobigny declaró que la decisión se basaba en que sus empresas y representantes podrían actuar ‘como intermediarios de empresas armamentísticas israelíes’ en una de las mayores ferias de armas del mundo, en la que 74 empresas israelíes iban a exponer material bélico.
En otros países como Chile o Colombia se ha vetado también a las empresas de la industria armamentística israelí de sus respectivas ferias de defensa, concretamente Fidae en Chile y Expodefensa en el caso de Colombia.
La iniciativa que impulsa Izquierda Unida recuerda que desde hace casi un año con el ataque del régimen de Israel a Gaza y sus acciones en los territorios ocupados de Cisjordania “se está cometiendo un genocidio sobre la población palestina, como queda reflejado en las resoluciones de fecha 26 de enero, 28 de marzo y 24 de mayo, todas de este año 2024, de la Corte Internacional de Justicia”.
“Estas resoluciones -añade la proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Defensa-, así como las vulneraciones constantes del Derecho Internacional por parte del Estado de Israel sobre la población palestina y, especialmente, de la Franja de Gaza, hacen necesario que España actúe e impida las colaboraciones y comercialización de productos relacionados con la defensa, como las ferias relacionadas con este sector”.
Los/as diputados/as que respaldan la iniciativa explican que la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef) es la única feria del sector en España apoyada institucionalmente por el Ministerio de Defensa. Está organizada por la fundación Feindef, fundada por el propio ministerio junto a las asociaciones industriales TEDAE y AESMIDE en 2020. “Su próxima edición se celebrará el 12, 13 y 14 de mayo de 2025 en Ifema (Madrid). Esta feria cuenta con 58 países representados por delegaciones y empresas internacionales, entre las que se cuenta Israel, según expone su propio dosier comercial”, añaden.
En opinión de este grupo parlamentario, la participación del régimen israelí en estos eventos “tiene consecuencias y efectos directos sobre la población civil, en tanto refuerza la brutal capacidad militar y destructiva del Ejército de Israel y, por tanto, se debe interrumpir dicha complicidad”.
Precedentes de incumplimientos internacionales
La presencia de Israel en Feindef no es algo nuevo. En la anterior edición de 2023 participaron dos de sus principales empresas armamentísticas, Rafael Advanced Defense Systems LTD y Elbit Systems LTD.
Se da la circunstancia, además, de que en el mes de abril del presente 2024, en pleno despliegue genocida de Israel en el que ha perpetrado ya cerca de 41.000 asesinatos, “Feindef también celebró un evento en Córdoba, contradiciendo declaraciones institucionales del Ayuntamiento de Córdoba en 2012, así como del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba que apoyaron el Tratado sobre el Comercio de Armas”, recuerda la iniciativa registrada en el Congreso.
Este tratado declara que un Estado en ningún caso autorizará cualquier transacción de armas ‘si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte’.
La proposición no de ley registrada ahora reclama también al Gobierno que promueva “ante las administraciones autonómicas y municipales la elaboración de códigos éticos para regular la cesión de espacios públicos para la celebración de ferias, exposiciones y demás eventos del sector armamentístico o de seguridad con el objetivo de garantizar el respeto a la normativa estatal e internacional relacionada con el comercio de armas y los derechos humanos”.
Izquierda Unida ha defendido hoy desde Asturias un nuevo modelo de financiación autonómica y una reforma fiscal “justos” y que “responda a las necesidades de servicios públicos de la ciudadanía y no de los territorios”. El coordinador federal, Antonio Maíllo, y el coordinador general en IU Asturias y consejero del Ejecutivo autonómico, Ovidio Zapico, han coincidido en que se debe “negociar un nuevo sistema que asegure la prestación de servicios públicos de calidad”.
En declaraciones a los medios de comunicación y en el acto público anual con la militancia y simpatizantes para reiniciar la actividad política tras el verano desde la localidad minera de El Entrego, Maíllo advirtió de que “el problema no es el acuerdo al que han llegado en Cataluña”, sino que está en el Partido Popular “que atiza un debate entre territorios que, usando su terminología, es lo menos patriótico que existe”.
“El PP quiere enfrentar a los territorios -denunció- porque quieren que el foco no esté en lo que es el principal agujero fiscal de España, que se llama Comunidad de Madrid. Hay un permanente vaciamiento de los tributos a los ricos en Madrid y en las comunidades donde gobierna la derecha que supone una merma de los ingresos y una competencia desleal con el resto de comunidades”.
Maíllo insistió en que a nivel de financiación autonómica y fiscal “ese es el mayor problema que tenemos en nuestro país. El problema no está en Cataluña; ellos han planteado una propuesta que se abordará de manera multilateral y que no compartimos que sea solo bilateral”.
El máximo responsable de IU apuntó que el acuerdo de financiación en Cataluña que sirvió para formar el Gobierno en este territorio tiene que ser una “oportunidad” para afrontar la “modificación de un sistema que está ya caducado desde hace 10 años”.
Aprovechó esa “deslealtad institucional” del PP con el resto de comunidades donde no gobierna y la necesaria reforma de la financiación autonómica y local para trasladar un mensaje de “certidumbre y de seguridad” a los trabajadores: “pueden estar muy tranquilos, Izquierda Unida apuesta claramente por defender a la ciudadanía que necesita los servicios públicos y por un modelo que no financia territorios, sino personas y servicios”.
En lo que tiene que ver a la reforma fiscal, explicó que tiene que “asegurar recursos suficientes para toda la ciudadanía” más allá del lugar donde se viva. Reprochó que hoy sean “las rentas del trabajo” las que soporten mayoritariamente el sistema tributario a través del IRPF y del IVA. Esto se ha agravado en los últimos 15 años después de que estos tributos “se han incrementado en 20 puntos, mientras que el Impuesto de Sociedades que recae sobre las empresas ha bajado 20 puntos”.
“Algo hay que hacer cuando hay un beneficio de 400.000 millones de euros de las empresas para que aporten al bien común”, consideró.
En el mismo tono didáctico y sereno utilizado los días anteriores en su visita de trabajado a Zamora y Palencia, Maíllo ha reivindicado mecanismos para que el incremento de financiación desde el Estado a las comunidades redunde en “mejores servicios y no una vía para seguir beneficiando a los más ricos y agrandando el agujero fiscal”, como hace el PP. Por ello, defendió el ‘principio de condicionalidad’, para que el aumento del dinero que se reciba vaya directamente a “reforzar las políticas de educación, sanidad y servicios sociales”.
No se olvidó de reclamar tampoco un “nuevo modelo de financiación local”, algo que ha lamentado que nadie quiera abordar. Por eso, ha mostrado su “hartazgo” de que la competencias de atención directa que recaen en los ayuntamientos estén “infrafinanciadas” y el resto de partidos no piensen en remediarlo entre sus prioridades.
Incertidumbre sobre el Presupuestos Generales
Respecto a la agenda inmediata, reconoció la “incertidumbre” existente en que el Gobierno pueda sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2025, al haberse conjurado la derecha y la ultraderecha de impedírselo.
Antonio Maíllo aprovechó su presencia en Asturias para advertir con un ejemplo muy claro de las consecuencias que para este territorio tendría el empecinamiento del PP por tumbar las cuentas públicas estatales: “en Asturias que no haya Presupuestos supondría 200 millones de euros menos de financiación de diferencia” para el año que viene.
“Estamos hablando -concretó- de 23.000 millones de euros menos para todas las comunidades, lo que tiene una repercusión en Asturias de un 10% de más que podría recibir y que si no se aprueba no recibiría o que habría que pasar a decretos de Hacienda más tardíos”.
El coordinador federal de IU señaló que “esto hay que decirlo para retratar a cada una de las formaciones políticas en su posición”. Apuntó que “si el PP y Vox siguen con su oposición cafetera de negar todo, pues habrá que decirles en Asturias y en el resto de España que están siendo desleales con su territorio”.
Y en Asturias, donde ha habido un importante impulso a la política de vivienda desde el Gobierno autonómico en el que participa IU, Antonio Maíllo ha elogiado la labor del consejero y coordinador general de IU asturiano, Ovidio Zapico, al tiempo que ha levantado la voz para exigir a nivel estatal “medidas que permitan dar respuesta a las necesidades habitacionales de la mayoría”.
