Santiago reclama al secretario de Seguridad que “no queden impunes y se persigan” casos como la “violencia fascista” del ultraderechista presidente del Parlamento balear de Vox El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y en temas de Interior y Justicia del Grupo Plurinacional Sumar pone durante la comparecencia de Rafael Pérez Ruiz el ejemplo de la agresión de ayer por parte del ultra Gabriel Le Senne a una diputada a la que arrebató y rompió una foto de la represaliada comunista Aurora Picornell y afirma que “no se explica que seres que se supone racionales muestren tanto odio a víctimas de violaciones de derechos humanos simplemente porque no profesan su misma ideología”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y en temas de Interior y Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha reclamado esta tarde a Interior que “agresiones” y la “violencia fascista” como la manifestada ayer por el presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne, de Vox, que no han condenado sus socios del Partido Popular,  “no queden impunes y se persigan”. Para Santiago, “es evidente que el ascenso en España y en Europa de las ideas de la ultraderecha ha traído un incremento de los delitos de odio, hay una relación directa”.

El dirigente de IU y portavoz adjunto del grupo de Sumar se expresó en estos términos durante la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, en la comisión de Interior del Congreso. “Nos parecen muy importantes -le dijo- las menciones que ha hecho al Plan para la erradicación de los delitos de odio. Nos preocupa la discriminación y el odio a las víctimas de violaciones de derechos humanos, de derechos fundamentales. Todas las víctimas tienen los mismos derechos”.

Por eso mismo, argumento que “no se explica que seres que se supone racionales muestren tanto odio a víctimas de violaciones de derechos humanos simplemente porque no profesan su misma ideología”.

“¿Se imaginan -interrogó al compareciente y los diputados/as de todos los grupos presentes- lo que hubiera ocurrido si la presidenta o el presidente en funciones del Congreso hubieran roto la foto de una víctima de un delito de terrorismo en la Mesa? Pues ayer esto ocurrió en el Parlamento de Baleares, y significa una clara exteriorización del odio contra la memoria de Aurora Picornell y las mujeres llamadas ‘Roges des Molinar’ (‘Rojas del Molinar’)”.

Enrique Santiago prosiguió su explicación sobre la figura de la entonces militantes comunista y hoy un símbolo balear y estatal de la violencia franquista e indicó que “para quienes no la conozcan, Aurora Picornell tenía 24 años cuando un 5 de enero del año 37, la noche de Reyes intencionadamente, fue secuestrada, sacada de su casa por un somatén falangista y violada, torturada y vejado su cadáver en público, y posteriormente fue enterrada en una fosa común”.

Recordó como “el trabajo de las organizaciones de derechos humanos ha permitido recuperar sus restos hace escasos meses”, en una actuación en esa misma fosa donde han permanecido sus huesos todo este tiempo.

“Lo que queríamos pedirle -incidió al secretario de Estado de Seguridad- es que agresiones como la cometida por el presidente del Parlamento balear, esta violencia fascista que ayer mostró, no quede impune, que se persiga y que se ponga en marcha ese tercer plan de acción de lucha contra los delitos de odio, porque su implementación es imprescindible”.

Y puso un único ejemplo práctico relativo a este mismo caso protagonizado ayer por el dirigente balear de Vox para ilustrar la gravedad de lo que ocurre: “Esta misma mañana una especie de sádico o sádica publicaba en redes sociales ‘Un caldito nos vamos a hacer con Aurorita’. Ese es el tratamiento que en este país se da a las distintas víctimas de violaciones de derechos humanos y eso no se puede permitir en absoluto”.

En relación a otros asuntos, Santiago indició que “igualmente hay que luchar contra la violencia machista y la violencia contra los menores”. Respecto a la primera, apuntó a su interlocutor que “tendrá todo nuestro apoyo para poner en marcha el sistema Viogén 2 (sistema policial destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia machista), que pensamos que llega tarde, porque el Viogén 1 desgraciadamente no ha conseguido limitar las estadísticas de asesinaros machistas, que son escandalosas”.

Propuestas sobre migración

Por otra parte, en materia de migración, reconoció a Pérez Ruiz que “nos interesa conocer qué criterios de revisión se están utilizando sobre el concepto de ‘terceros países seguros’. Es evidente que no se puede repetir sistemáticamente los mismos países como seguros cuando las situaciones políticas cambian”.

Santiago lo dijo por “países como Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, que están sometidos a distintas convulsiones de orden social y político, y dudamos que siempre sean seguros sin atender a esas circunstancias concretas”.

Reprochó al ‘número dos’ de Interior que “siguen sin abordarse cuestiones fundamentales para mejorar el régimen para acceder a documentación por arraigo de personas extranjeras que ya están en nuestro país”.
En este sentido, le recordó que la tramitación que se está haciendo de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre regularización extraordinaria de personas extranjeras “es fundamental para acabar con la exploración laboral, sexual o del disfrute del derecho a la vivienda de estas personas”.

“Son personas arraigadas -dijo- y con una presencia necesaria para nuestro país”, por lo que “no es viable, ni mucho menos, optar por procedimientos de expulsión, por lo que le pido que Interior haga todo lo posible para que esta ILP sea aprobada a la mayor brevedad posible”.

Además, comentó que “nos parece un error que se haya incluido en el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (UE) la compraventa de cupos de refugiados”. Enrique Santiago argumentó muy serio que “el derecho de asilo no puede ser susceptible de compraventa, ni por 20.000 euros por refugiado, ni por ningún euro. Todos los países tienen la obligación de respetar la Convención de Ginebra y hacerse cargo de las personas que alegan persecución y llegan a sus fronteras”.

IU reitera su exigencia de “ruptura de relaciones con Israel, alto el fuego ya y encausamiento de Netanyahu por criminal” tras otros 100 asesinatos en unas últimas horas “terroríficas” en Gaza La coportavoz delegada de Izquierda Unida, Amanda Meyer, lamenta que “seguimos con un genocidio televisado”, en el que las autoridades israelíes “siguen bombardeando, masacrando, asesinando a personas inocentes, en una guerra que, en palabras de Unicef, es una ‘guerra contra la infancia’”

La coportavoz delegada de Izquierda Unida, Amanda Meyer, ha tachado esta mañana de “terroríficas” las últimas 48 horas vividas por la población palestina en Gaza a causa del recrudecimiento de los bombardeos contra civiles ordenado por el “Gobierno criminal de Israel.

Por ello, y ante “las más de 100 personas asesinadas” en las últimas horas y las “37.000 personas asesinadas y más de 85.000 heridas” en los últimos nueve meses, Meyer ha reiterado durante una rueda de prensa telemática la rotunda exigencia de IU para que “España rompa relaciones con Israel, debe impulsar un bloqueo de armas absolutamente necesario, exigir el alto el fuego y contribuir a poner a disposición de la Corte Internacional de Justicia a (Benjamin) Netanyahu y a su Gobierno de criminales y de corruptos”.

La coportavoz delegada de Izquierda Unida lamentó que “seguimos con un genocidio televisado”, en el que las autoridades de Israel “siguen bombardeando, masacrando, asesinando a personas inocentes, en una guerra que, en palabras de Unicef, es una ‘guerra contra la infancia’”.

Advirtió también que “además de bombas, están aplicando la desnutrición como arma de guerra y la falta mortal de agua, lo que hace que veamos imágenes terroríficas de bebés, niños y niñas padeciendo hambruna”.

El Ministerio de Trabajo da un ultimátum a la CEOE para que eleve una propuesta sobre la reducción de la jornada laboral antes del próximo lunes o pactará con los sindicatos llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas sin merma salarial.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social dará como fecha máxima el próximo lunes para que la CEOE eleve una propuesta por escrito sobre la reducción de la jornada laboral. Así lo ha anunciado esta semana el secretario de Estado de esta cartera, Joaquín Pérez Rey, que ha alertado a la patronal de que, de lo contrario, pactarán con los sindicatos llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas sin perjuicio salarial en 2025.

 Trabajo también ha recordado que la reducción irá de la mano de cambios en el registro horario, que será digital, para que haya un control efectivo del cumplimiento de la medida. Además, la propuesta también modifica la ley de infracciones y sanciones para establecer una multa en su grado mínimo de entre 1.000 y 2.000 euros y en su grado máximo, de entre 5.001 y 10.000 euros.

Puedes ver la noticia completa en: https://www.publico.es/politica/da-ultimatum-ceoe-eleve-propuesta-reduccion-jornada-laboral.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t5;mm=mobile-big 

El próximo fin de semana será la sexta jornada de movilización estatal contra el genocidio sionista en Gaza.

¡Fin al comercio de armas con Israel!
¡Stop al pinkwashing!

Recuerda, 29 y 30 de junio salimos a las calles.

La foto de la dignidad democrática. Hay que parar a la extrema derecha. Nos va la vida en ello.

La memoria les hace daño. El recuerdo de quienes lucharon por un mundo más justo y mejor sigue escamando a los que, a día de hoy, reivindican tiempos de inquina y represión y hace poco querían fusilar a 26.000.000 de español@s.

Aurora Picornell fue el compromiso con la lucha por los derechos laborales y de las mujeres, lo que la puso en el punto de mira de los fascistas después del golpe de estado del 36, los mismos que acabaron con su vida a sangre fría un año después cuando Aurora tan sólo contaba con 26 años de edad y, ahora, de los herederos ideológicos del nazismo, el fascismo y el franquismo asesinos que pudren la democracia cada día

Antonio Maíllo defiende que reformar la financiación autonómica pasa por la “solidaridad entre territorios” y por evitar el “error” de que haya un “enfrentamiento entre comunidades”

El coordinador federal de Izquierda Unida coincide en destacar en una entrevista en televisión con lo expuesto en rueda de prensa por la coportavoz delegada de esta formación, Amanda Meyer, sobre que es el momento de “una actualización del modelo fiscal, que tiene que ser un modelo de cohesión, de solidaridad y tiene que afectar al conjunto del Estado”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, defiende abordar una futura reforma del modelo de financiación autonómica desde la “solidaridad entre territorios”, y con especial atención para no caer en el “error” de que haya un “enfrentamiento entre comunidades autónomas”.

Maíllo ha valorado durante una entrevista a primera hora de la mañana en Canal Sur que “cuando se habla de modelo de financiación ‘singular’ y se habla de ‘desagravio’, yo me tentaría la ropa y apelaría a subir el nivel del debate político”. Destacó que “el problema de esta especie de ‘financiaciones a la carta’ que surgen al calor de la coyuntura política” se debe primordialmente a que “no hay un acuerdo de financiación autonómica estable”.

En idéntico sentido se ha expresado la coportavoz delegada de Izquierda Unida, Amanda Meyer. Ha indicado que “necesitamos un modelo que garantice cohesión y solidaridad”, un modelo que necesita “una actualización” y también denunciar que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular “desnaturalizan las competencias autonómicas y vulneran también el derecho que tenemos para acceder a los servicios públicos”, a través de prácticas como “el ‘dumping fiscal’ o mediante las exenciones de los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones”.

Durante una rueda de prensa telemática, Meyer destacó que es momento también de “una actualización del modelo fiscal, que tiene que ser un modelo de cohesión, de solidaridad y tiene que afectar al conjunto del Estado. Estaremos de acuerdo con una actualización de ese modelo para el conjunto del Estado”.

Por su parte, Antonio Maíllo ha recordado que él estuvo en el grupo de trabajo del Parlamento andaluz, durante la última legislatura de Gobierno autonómico socialista, que con el respaldo de todos los grupos salvo Ciudadanos aprobó en 2018 un dictamen con unos contenidos que “puede ser la base de consenso de un modelo de financiación y un modelo estable”. Entre éstos, apuntó que aquel acuerdo priorizaba, entre otras cuestiones, el factor de población como elemento “determinante” para calcular la financiación.

El máximo responsable federal de IU ha denunciado el “disparate” que lleva a cabo el líder de la derecha andaluza y presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bobilla, “enfrentando territorios” a partir de la financiación. Destacó que “cuando se financia, se financian servicios, no territorios”.

Antonio Maíllo, al igual que Amanda Meyer, ha dirigido su mirada a la necesidad de una “responsabilidad fiscal”, porque no es de recibo que el Estado aporte financiación a una comunidad para su Educación y Sanidad y, a la vez, ese gobierno autonómico se afane en “disminuir sus ingresos bajándole los impuestos a los más ricos de tu territorio”.

De la misma forma, prefirió evitar especulaciones y recordó que “el artículo 206 del Estatuto de Cataluña plantea que los recursos de la Generalitat se ajustarán a lo que necesite el sistema estatal de financiación para garantizar una nivelación de servicios en todas las comunidades autónomas”.

Meyer avisa de que la ‘regeneración democrática’ que pregona Sánchez pasa por “terminar con el secuestro de cinco años del PP al CGPJ” y señala las medidas concretas que ya presentó IU La coportavoz delegada de Izquierda Unida aboga por una “imprescindible” y profunda reforma “del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial” y una clara limitación de competencias al órgano de gobierno de los jueces a “las cuatro que estrictamente reconoce la Constitución y no las veinte que se arroga ahora” La coportavoz delegada de Izquierda Unida, Amanda Meyer, considera que la ‘regeneración democrática’ anunciada ya varias veces sin concretar por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a “las instituciones del Estado y a la Justicia” pasa ineludiblemente por “terminar con el secuestro de estos últimos cinco años por parte del Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)” y ha recordado que “desde Izquierda Unida y desde el grupo parlamentario de Sumar hemos trabajado una serie de medidas”.

 

En rueda de prensa telemática, Meyer expuso que estas medidas específicas inciden, entre otras cuestiones, en una “imprescindible” y profunda reforma “del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial”, además de una clara limitación de competencias al órgano de gobierno de los jueces.

 

Sobre este último asunto, indició en que “nuestra opinión es que las competencias se tienen que quedar en las cuatro que estrictamente reconoce la Constitución y ahora mismo son veinte las que se arroga el CGPJ”, al margen de que “España tiene que hacer como Portugal, Italia o Francia, que sea el Ministerio de Justicia quien tenga esas competencias y no el Consejo General del Poder Judicial”.

 

Años de dedicación al examen y desde luego hay que reformar las competencias del Consejo General del Poder Judicial. Nuestra opinión es que se tienen que quedar en las cuatro que estrictamente reconoce el la Constitución y ahora mismo son 20 de las que las que se arroga el Consejo del Poder Judicial. Y nuestra opinión es que España tiene que hacer como Portugal, Italia o Francia, y que sea el Ministerio de Justicia quien tenga esas competencias y no el Consejo General del Poder Judicial.

 

Amanda Meyer, abogada de profesión, recordó también cómo Izquierda Unida ha registrado ya, a través del Grupo Plurinacional Sumar, una proposición de ley orgánica para modificar sustancialmente la forma actual de acceso a la carrera judicial, que data del siglo XIX. Explicó que no solo se necesitan “más becas” para igualar las oportunidades de quienes aspiren a ser juez o jueza, sino que “también hay que reformular el curso de acceso, el examen y garantizar que a quienes no lo sacan, por ejemplo el examen final, se les pueda convalidar como un máster de Práctica Jurídica para que puedan ejercer la abogacía, es decir, que su trabajo no termine en saco roto”.

 

Preguntada también sobre la propuesta anunciada por Sánchez para hacer frente a la ‘manipulación informativa’ y las ‘fake news’ que practican algunos medios y pseudomedios, indicó que “cuando veamos esas medidas en concreto, podremos opinar más”.

 

Alertó de que ahora hay una “dialéctica de la mentira” que aprovechan especialmente la derecha y la ultraderecha. A su juicio, la “mentira y el bulo” es una forma de corrupción “intolerable” que, además, sirve de “caldo de cultivo para los discursos de la derecha y de la extrema derecha”.

Enrique Santiago demanda en el Congreso una “reforma integral de la Ley General Penitenciaria” que aborde “todos los problemas reales” del sistema de prisiones y no solo parches parciales El portavoz parlamentario en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar señala que la iniciativa propuesta por el PSOE, centrada solo en reconocer el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios a efectos legales, “tiene contenidos muy limitados e ignora buena parte de los problemas importantes”

 

El portavoz parlamentario en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha demandado hoy en el Pleno del Congreso una “reforma integral de la Ley Orgánica General Penitenciaria” para abordar de verdad “todos los problemas reales” que tiene el sistema penitenciario.

 

Santiago lo explicó durante su intervención para responder a la proposición presentada por el Grupo Socialista para modificar esta norma de 1979, pero solo para que se reconozca, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. “Por eso -detalló- nos sorprende esta proposición, de contenidos muy limitados y que ignora buena parte de los problemas importantes reales que tiene nuestro sistema penitenciario”.

 

El también portavoz parlamentario de IU apuntó que ese mismo reconocimiento de la condición de agente de la autoridad “es una reivindicación que tiene explicación, pero que choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos”.

 

Sin embargo, lamentó que la proposición del PSOE “se limita a cuatro modificaciones que, por cierto, tienen presupuesto cero: la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios, el reconocimiento del principio de veracidad, el reconocimiento del principio de indemnidad y medidas para las situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios”. Aclaró que “a nuestro entender, la presunción de veracidad ya va implícita en el momento en que se les reconoce la condición de autoridad, porque resultaría de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que reconoce esa veracidad”.

 

Antes de entrar en valoraciones técnicas, Enrique Santiago expresó con rotundidad “nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, de los servicios médicos y psicológicos, juristas, el personal de vigilancia y de los servicios generales. Su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta de medios y de inversiones”.

 

De igual forma, manifestó “nuestro cariño con Nuria López, con su familia y sus allegados”, en alusión a la cocinera de la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona) que fue asesinada el pasado 13 de marzo por un interno que luego se suicidó.

 

Recordó que la víctima “era personal laboral y ocurrió un hecho lamentable, que no tenía que haber ocurrido nunca, absolutamente excepcional e imprevisible”, pero también que “no se habría evitado aunque en marzo los funcionarios hubieran tenido ya el reconocimiento de agentes de la autoridad”.

 

El portavoz de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar señaló que “nos tenemos que enorgullecer de que España ha avanzado de forma sobresaliente durante estos últimos 40 años de democracia en materia de prisiones”, frente a la “vergüenza” de las cárceles que había tras el fin de la dictadura.

 

Criticó que desde determinados ámbitos “se inserte este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles y fuera de ellas”.

 

“ Es un discurso -dijo- que provoca una sensación de inseguridad que no se ajusta a la realidad y que acaba beneficiando el avance del discurso de las derechas” y puso un ejemplo de la semana pasada también en el Congreso “con el debate del endurecimiento de penas en materia de multirreincidencia por los delitos de hurto. Una reforma que consideraba habitual o masiva a una situación que no lo es y que proponía sanciones penales desproporcionadas atendiendo a la escasa gravedad de las conductas”.

 

Advirtió que “estos discursos que aceptan el populismo punitivo y que exacerban el autoritarismo, acaban dando votos a la extrema derecha”. Por el contrario, insistió en que “España tiene una tasa de criminalidad muy baja respecto a los países del entorno europeo, según Eurostat y cualquier organismo internacional que se coja. Somos uno de los países más seguros del mundo pero, sin embargo, llama la atención que seamos uno de los países con más reclusos en sus cárceles, con una elevada proporción de internos por habitante. Tenemos el doble de presos por millón de habitantes que tiene Alemania o un 25% más que Italia y esto nos tiene que hacer reflexionar”.

 

Para Santiago, las demandas que contiene la propuesta socialista “en la práctica no van a suponer un cambio que mejore la protección de los funcionarios” y apuntó que “hoy, prácticamente en la totalidad de los casos en los que se juzgan agresiones cometidas por internos respecto a funcionarios los jueces vienen reconociendo el carácter de autoridad de las víctimas”.

 

Falta de medios especializados y deficiencias sanitarias El diputado de IU sugirió que si la proposición a debate era tomada finalmente en consideración “se incluyan en su tramitación propuestas que solucionen los graves problemas que tienen las cárceles: como la falta de medios especializados para abordar el tratamiento de los internos e internas con necesidades especiales, porque esto afecta tanto a la población reclusa como a los funcionarios y personal de las prisiones”.

 

“También las deficiencias de los servicios sanitarios y de salud, la falta de personal médico y de enfermería, la mala remuneración de los que se desempeñan profesionalmente, la falta de medios técnicos para atender a los internos”, enumeró.

 

Enrique Santiago citó también “la preocupante ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas”. Puso el ejemplo de que un médico/a que tiene que atender a un interno “no puede acceder a su expediente sanitario en los sistemas de atención públicos de salud, salvo en las comunidades autónomas navarra, vasca y catalana, las únicas que han abordado este problema con seriedad, incorporando los servicios sanitarios penitenciarios a los correspondientes servicios públicos de salud de esas comunidades”.

 

Recodó que “el traspaso de la sanidad de prisiones a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas está previsto en la ley hace años”, por lo que la pregunta que hay que hacerse es “¿por qué 14 de las 17 comunidades autónomas no han dado este paso?”.

 

A su juicio, “esto sí que provoca situaciones de degradación de la convivencia en las prisiones y multiplica la peligrosidad debido a los problemas de salud, de salud mental, demasiado frecuentes entre los internos. ¿Se imaginan lo que es tener una persona con problemas de salud mental y que no esté recibiendo el correspondiente tratamiento?”

 

Abogó también por la necesaria de “incorporar el principio de igualdad de trato y no discriminación”, ya que se debe “garantizar que toda la actividad penitenciaria cumple con la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y hoy no se cumple. Las mujeres internas deben tener las mismas posibilidades de intervención tratamental y de clasificación interior que tienen los hombres internos”.

En concreto, la norma establece que las empresas de más de 50 personas trabajadoras deberán contar, en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de esta norma, "con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI".

Yolanda Díaz ha anunciado que ha llegado a un acuerdo tripartito para los planes de igualdad LGTBI. Seremos el primer país de Europa que regula el trabajo de las personas LGTBI en España.

¡¡¡LA PARTE SOCIAL DEL GOBIERNO!!!